La Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) comenzó su ciclo de almuerzos 2025 con la presentación “Expectativas de las cámaras empresariales ante el nuevo gobierno” donde el sector privado hizo referencia a la falta de competitividad, productividady la necesidad de mantener el empleo y la inflación. Además, las cámaras empresariales hicieron referencia a una serie de políticas públicas que creen necesarias para enfrentar las problemáticas más urgentes que atraviesa el país.

Con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, comenzó la disertación el presidente de la Asociación Rural (ARU), Patricio Cortabarría, quien destacó algunos puntos principales del desempeño del sector en la economía del país.

Uruguay se caracteriza por ser uno de los principales proveedores de alimentos y materias primas en el escenario internacional. Por este motivo, Cortabarría hizo hincapié en fomentar las relaciones internacionales y apertura a mercados. Además destacó dos aspectos fundamentales para el desarrollo de la industria agropecuaria: el precio del tipo de cambio y los altos costos de producción.

En ese sentido, el presidente de la ARU hizo referencia a la cantidad de aranceles con los que Uruguay se inserta en el mercado mundial y recordó que durante el 2023 el país superó los US$ 250 millones pagados en aranceles.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Leonardo García, resaltó la importancia de reducir costos portuarios que repercutan en el nivel de exportaciones.

Uno de los temas que más preocupa a la industria uruguaya es la falta de competitividad que se observa a partir del cierre de empresas. García sostuvo que su aumento no se basa únicamente en el valor del dólar, sino también en la atracción de inversiones. Para explicar esto, hizo referencia a la falta de crecimiento que se registró en el país durante los últimos 10 años, donde se observó una tasa de 1,4% promedio anual de expansión.

García hizo especial énfasis en las inversiones en el sector público y privado y señaló que la estabilidad política y económica ya “no son suficientes para atraer negocios”. En ese sentido, destacó la necesidad de mantener los beneficios fiscales que se dan por la ley de Inversiones a través de su Comisión de Aplicación (Comap) con algunos cambios que impliquen la simplificación de procesos y mejora de incentivos.

El País

Cortabarría hizo referencia al precio de algunos insumos como los combustibles en Uruguay; uno de los más caros de la región. Además, señaló que este factor repercute en la dificultad del país para competir y en la baja rentabilidad del sector agroindustrial que alcanzó pérdidas de US$ 1.800 millones con motivo de la sequía registrada en 2023.

Por otra parte, el presidente de ARU también hizo referencia al uso de la tecnología en el agro y destacó la necesidad de acercar estos instrumentos al interior del país ya que no solo consideró que sería positivo a nivel económico, sino también en materia ambiental.

En tanto, el presidente de la Cámara de la Construcción (CCU), Alejandro Ruibal, hizo hincapié en que para hacer crecer la economía es necesario que alrededor del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) sean inversiones; alrededor de un 80% de ellas del sector privado. Respecto a las inversiones públicas, se refirió a algunos proyectos vinculados a infraestructura, fibra óptica y saneamiento que logró desarrollar el país durante los últimos años.

Ruibal señaló que para aumentar la competitividad es necesario desarrollar aún más aquellas industrias que posicionan al país a nivel internacional. Como parte de las líneas de trabajo, planteó la creación de una Agencia de Infraestructura para aquellas obras que excedan los periodos de gobierno. A propósito, Ruibal resaltó el trabajo realizado a partir de la ley de Vivienda Promovida.

Uno de los asuntos que más preocupa al sector comercio y servicios es el contrabando que ingresa al país con motivo de la diferencia cambiaria con Brasil. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy), Julio César Lestido, hizo referencia al programa Pacto por la Patria de la gremial que incluía una serie de políticas públicas que el sector privado creía pertinentes de abordar durante la próxima administración.

Para explicar la influencia de este fenómeno, Lestido también hizo referencia al “Efecto Temu”, que solo durante febrero de este año la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) registró 160.000 nuevos ingresos de paquetes, lo que se tradujo en unos US$ 15 millones que no fueron comercializados dentro del país. Para paliar esta situación, Lestido señaló la necesidad de realizar mayores controles en el ingreso de mercadería.

Por otra parte, Lestido hizo referencia al problema de la seguridad en el país, que según consideró, no solo afecta al empleo y la calidad de vida de los uruguayos, sino también a la atracción de inversiones.

Uno de los puntos en común entre los empresarios fue la necesidad de mantener los puestos de trabajo que se recuperaron luego de la pandemia. Algunos empresarios coincidieron en la necesidad de diferenciar a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a través de distintos incentivos para aumentar su rendimiento y reducir sus costos de producción.

García hizo hincapié en la necesidad de mantener la asignación presupuestal para la formación profesional y agregó que con motivo de la falta de competitividad y productividad que atraviesa el país, desde la CIU se ve “imprudente reducir la carga horaria laboral” como propone el Pit-Cnt. Otro de los elementos resaltados por García fue abatir el ausentismo; un aspecto en el que Uruguay presenta tasas superiores a las registradas en la región.

El presidente de la CIU observó con preocupación el nivel de empleo en la industria uruguaya ya que las empresas con mano de obra intensiva son las que atraviesan mayores dificultades.

Por otra parte, el sector comercio y servicios es el encargado de emplear al 56,7% del total de trabajadores en Uruguay y entre 2023 y 2024 tuvo un crecimiento de unos 36.000 puestos laborales entre todas las actividades. El presidente de la gremial insistió en trabajar en reducir el informalismo.

Lestido también señaló la necesidad de reinsertar a las personas privadas de libertad al mercado laboral e hizo referencia a la dificultad que atraviesan algunas empresas a la hora de contratar personal ya que consideró que no existe formación suficiente.

El desempleo juvenil fue uno de los desafíos resaltados por Lestido en materia laboral y para abordarlo, llamó al diálogo entre las empresas y los institutos de formación.

Por su parte, el presidente de la CCU observó de forma positiva el nivel de trabajadores del sector registrados en el Banco de Previsión Social (BPS) y señaló que solo la industria de la construcción representa al 16% del total de trabajadores.