DGI comenzó nueva modalidad de megaoperativos por zonas

La Dirección General Impositiva (DGI) inició una nueva estrategia de trabajo, que consiste en inspecciones "masivas", con decenas de fiscalizadores que ingresan "en simultáneo" en todas las empresas de un mismo sector de actividad, informó a El País el titular del organismo, Eduardo Zaidensztat.

El objetivo del nuevo criterio de trabajo es evitar que empresarios de un mismo rubro se enteren de antemano sobre los operativos y que, por lo tanto, muchos estén avisados. Asimismo, con las inspecciones simultáneas en todas las empresas de un sector se apunta a combatir la competencia desleal, sostuvo el jerarca.

El jueves 11, la Impositiva inauguró su nueva modalidad de control con el mayor operativo de su historia: 134 inspectores ingresaron al mismo tiempo en 43 empresas del barrio Villa Muñoz, la mayoría de las cuales se encuentran en la calle Arenal Grande.

Las inspecciones implicaron arqueos de caja y controles oculares, entre otras medidas. En cada comercio ingresaron como mínimo dos inspectores; en los más grandes actuaron grupos de seis.

Los locales, muchos de ellos importadores, se dedican a la comercialización de ropa, artículos de bazar, comestibles, ferreterías, fuegos artificiales, cosmética y perfumerías.

La DGI decidió inspeccionar las empresas de la zona luego de un "cruzamiento de datos" con el Banco de Previsión Social (BPS) y con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), del cual surgió que el nivel de aportes era bajo en relación a la actividad comercial registrada.

Aparte del control de la facturación en las empresas formalmente establecidas, los inspectores detectaron 21 puestos de venta ambulante informales.

"Dentro de las garantías del debido proceso, fue que realizamos estos controles para ver si se está pagando lo justo. La información se está procesando en estos momentos, y estamos cruzando los datos nuevamente, por lo cual hasta el momento no disponemos de resultados concretos", explicó Zaidensztat.

Los inspectores llegaron en masa nuevamente esta semana; en ese caso fueron 26, e ingresaron en nueve "domicilios", cada uno de ellos dedicado al menos a una de las fases comerciales del sector bebidas. Previo al operativo, la DGI realizó un trabajo de inteligencia previo, por el cual analizó información sobre varios aspectos de los domicilios que iban a ser inspeccionados, como sus indicadores de consumo de energía eléctrica y de agua.

Los datos que recabaron los fiscalizadores se encuentran a estudio de técnicos de la DGI.

CONTROL. Las inspecciones en el sector de bebidas coincidieron con la aprobación en el Parlamento de una ley que impone controles y sanciones en ese giro.

Precisamente, el Senado aprobó el miércoles una ley que determina la obligatoriedad para los productores de bebidas sin alcohol, de pagar los tributos correspondientes, y que habilita a la DGI a incautar las bebidas cuyos impuestos no hayan sido abonados. También asigna a las intendencias y al Ministerio de Salud Pública (MSP) el control bromatológico de las bebidas.

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) publicará en breve una nómina de las empresas inscriptas formalmente para producir bebidas. Con base en esa lista, la DGI desarrollará inspecciones y sancionará no sólo a los productores de bebidas, sino también a sus tenedores en cualquiera de las fases de la cadena de comercialización. Las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta una multa equivalente al Impuesto Específico Interno (Imesi) que se debería tributar por cada litro de bebida en poder de la persona sancionada.

La ley también prevé la suspensión de establecimientos de producción de bebidas, o el retiro de la autorización a sus responsables.

Desde marzo, la Dirección General Impositiva (DGI) funcionará en su totalidad en el edificio en el cual funcionaba Antel, en Daniel Fernández Crespo y Colonia. Ambos organismos estatales ya acordaron el arrendamiento del edificio durante todo el 2004 por $ 4,5 millones, y su contrato fue aprobado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

Si bien la mudanza se completará en marzo, desde la semana próxima algunos trámites ya se realizarán en el ex edificio de Antel, por ejemplo los que deben realizar quienes fueron inspeccionados por fiscalizadores de la DGI, dijo a El País el titular del organismo, Eduardo Zaidensztat.

El contrato entre Antel y la DGI determina que el primero cede al segundo no sólo el edificio, sino también los muebles y el tendido de redes informáticas. El cronograma de la mudanza establece este orden: Administración, División Interior, Fiscalización, y Jurídica y Recaudación, con lo cual en marzo se completaría el traslado.

De forma paralela, ya comenzaron a funcionar las "ventanillas únicas" para realizar inscripciones de empresas, modificaciones de datos o clausuras. El mecanismo ya fue establecido en Paysandú, en Artigas, en Durazno, en Fray Bentos y en Mercedes, y el viernes próximo será inaugurado en Rocha. Luego se ampliará a otros departamentos, incluido Montevideo.

En esas oficinas, el empresario tramitará, con una sola hoja y en un solo escritorio, las gestiones ante DGI y el Banco de Previsión Social (BPS).