Cautela de empresarios argentinos ante intercambio de datos fiscales

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El acuerdo de intercambio de información fiscal alcanzado con Argentina tuvo una repercusión casi inmediata: la preocupación de inversores de la vecina orilla. Con cautela y expectativa, analizan posibles impactos, sobre todo en el mercado inmobiliario.

La noticia pegó fuerte en Punta del Este, donde se conocen versiones diferentes sobre cómo pueda impactar en las inversiones en el balneario. De hecho, motivó una oleada de consultas de propietarios argentinos, preocupados por los alcances del acuerdo, a los administradores de propiedades.

"Estamos bastante preocupados por el impacto que pueda tener en la economía más allá que el gobierno lo crea beneficioso por la transparencia. Puede crear una imagen muy buena, pero la gente quiere tener trabajo y que los inversores lleguen. Nos preocupa que esto incomode a nuestros clientes, pero no sabemos hasta qué punto puede perjudicarnos. Tampoco queremos provocar alarma antes que ocurran las cosas", dijo a El País Francisco Bistiancic, titular de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado.

También desde el ámbito inmobiliario hay voces de apoyo a la medida del gobierno de acordar con su par argentino porque genera un ámbito de transparencia para concretar cualquier tipo de negocios. "Se apuesta a la calidad de Uruguay por encima de las consecuencias coyunturales que esto pueda tener. Si uno lee el acuerdo no encuentra un riesgo para las inversiones. Existe la percepción pero como todo se diluye en el tiempo. El acuerdo hay que digerirlo", dijo Juan Carlos Sorhobigarat, director de Terramar. El ejecutivo reconoció que a partir del acuerdo recibió muchas consultas de sus clientes argentinos. "La gente se preocupa, se mueve, consulta, trata de ver hacia dónde van las cosas. Uno lo que hace es informar lo que puede. A cada cliente que consulta sobre los alcances del acuerdo le enviamos un informe realizado por la consultora CPA/Ferrere. Hay que actuar de forma madura, no superficialmente y no dejarse llevar por los comentarios", dijo.

La mayoría de los argentinos residentes en la zona prefieren no comentar de forma pública lo que piensan sobre el acuerdo porque temen represalias del otro lado del Río de la Plata. "¿Qué te voy a decir? De mi país podés esperar cualquier cosa. Y esto no es bueno para Uruguay. Creo que el gobierno uruguayo pecó de ingenuo con todo esto. Acá se respetan los derechos de las personas. En mi país esto no sucede", dijo un inmobiliario de esa nacionalidad que desde hace años trabaja en la zona.

El gobierno uruguayo conquistó algunas garantías para los inversores en el acuerdo, entre ellas la no retroactividad del intercambio de datos y que los pedidos sean "relevantes" y de un grado de detalle suficiente para evitar que el fisco argentino pueda pedir datos al barrer ("expediciones de pesca").

No obstante, tributaristas argentinos informaron a El País la semana pasada que, cuando el acuerdo esté operativo, si la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubre a un contribuyente que ocultó activos en Uruguay, podrá recalcularle el impuesto a los bienes personales (porque su patrimonio es mayor al declarado) por los últimos cinco años e incluso el impuesto a las ganancias (renta).

A su vez, el experto en derecho penal tributario Gabriel Adriasola, dijo a El País que el acuerdo innova en esa materia (ver entrevista en página A19).

Un importante empresario argentino que posee sociedades uruguayas y realiza distribución desde Uruguay -que prefirió mantener el anonimato- señaló a El País que "era lógico esperar que hubiera un acuerdo como éste". Dijo que reina la sensación de "cautela" en espera de más información y que el secreto bancario y la retroactividad son lo que más preocupa.

"Si está bien implementado no tendría que haber mayor inconveniente porque creo que todas las compañías que tienen filiales en algún punto se verían beneficiadas si se evita la doble tributación, pero lo que estoy viendo es que la sensación de dudas tienen que ver con el tema del secreto bancario", dijo.

Con respecto a cómo influirá eso en las inversiones de argentinos en Uruguay, el empresario agregó: "Creo que tiene que haber un poco de cautela, hay que esperar a que sea aprobada por los parlamentos y ver cómo sale la norma. Creo que Uruguay, que es una plaza que siempre ha apostado al tema inversión y no hará cosas para que las empresas se vayan. Hay que esperar". El director de relaciones institucionales de la Cámara de Importaciones de la República Argentina, Miguel Ponce, dijo a El País que hasta el momento ninguno de los socios llamó manifestando su preocupación y que "por lo general no es un tema que haga al comercio exterior". Agregó que si bien el Estado argentino tiene convenios de cooperación fiscal con muchos otros países "obviamente el gran interés que tenia la AFIP es Uruguay", pero se manifestó tranquilo y confiado de que "solamente esto se va a poder operar con intervención judicial, como protocolo".

Una vez que el acuerdo cuente con la ratificación del Parlamento uruguayo y el Congreso argentino, restará que se apruebe el proyecto de ley para identificar acciones al portador, que podrá ofrecer una "válvula de escape" para que los argentinos puedan mantener sus activos sin ser identificados.

Mientras algunos empresarios e inversores apuestan a la cautela y estudian qué hacer con sus activos en Uruguay, otros ya tomaron la decisión de desprenderse de ellos, al menos en lo que respecta a inmuebles en Punta del Este.

"Algunos propietarios argentinos, antes de que se firmara el acuerdo, habían resuelto vender sus casas porque no la habían declarado y no tenían intención de hacerlo", afirmó a El País el presidente de la Cámara inmobiliaria en Maldonado, Francisco Bistiancic.

Los tributaristas argentinos consultados por El País esta semana señalaron que el acuerdo en su artículo 5 habilita a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicite documentos al fisco uruguayo, por ejemplo, escrituras de inmuebles cuyo fin sería determinar el valor de la propiedad al momento de reliquidar los impuestos correspondientes. Así, el fisco argentino podría conocer desde cuándo el contribuyente investigado tiene esos activos en Uruguay.

Se estima que en Maldonado más del 50% de las transacciones inmobiliarias son realizadas por argentinos. Según los datos más recientes de la Intendencia de ese departamento en los 12 meses cerrados en marzo del año pasado se habían transado padrones por US$ 1.408 millones, por lo que al menos US$ 700 millones corresponden a agentes económicos de la vecina orilla.

La empresaria Nana Lavagna, dueña de una de las principales empresas inmobiliarias de Punta del Este, expresó su disconformidad con el acuerdo a través de las redes sociales, reflejando los posibles efectos del acuerdo en la llegada de inversiones.

"¡Muy mal lo de (el presidente) Mujica! Estoy en Buenos Aires y cayó como una bomba!!! (sic)", expresó. "La inversión se verá muy afectada más todo lo que está pasando con los inversores cordobeses que no hacen sus desarrollos. Los que compraron están indignados!!", escribió Lavagna en su cuenta de Facebook.

A raíz de la crisis internacional, los países desarrollados comenzaron a poner mayor énfasis en la recaudación de impuestos, para lo que era necesario combatir la evasión fiscal a través de la firma de acuerdos de intercambio de información que permitieran identificar a contribuyentes que tuvieran activos no declarados en otros países (inmuebles, cuentas bancarias o sociedades).

En 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió a Uruguay por no cumplir con los estándares globales de transparencia fiscal y le pidió que firmara 12 acuerdos. El país cumplió, pero el año pasado Argentina (que hace años reclama firmar uno con Uruguay) manifestó su disconformidad ante OCDE, que sugirió a Uruguay acordar también con "socios relevantes" (incluyó a Brasil). Eso fue recomendado en un proceso de evaluación llamado "revisión de pares", donde también se criticó el régimen de acciones al portador.

El gobierno uruguayo entendió que debía acatar las sugerencias de OCDE, pero se mantuvo firme en brindar ciertas garantías para los inversores que confiaron en el país, ya que el acuerdo y la creación de un registro de los titulares de acciones al portador suponía un cambio en las reglas de juego. Logró la no retroactividad del intercambio de datos (es decir, que no informará sobre períodos fiscales anteriores a la vigencia del acuerdo), evitar que Argentina solicite datos al barrer ("expediciones de pesca") y que crucen inspectores a investigar.

Evitar el doble pago de impuestos fue otra de las conquistas de Uruguay en la negociación, que fue incluida en una cláusula especial del acuerdo. Esto permite que el argentino que paga impuestos en Uruguay por sus activos pueda deducirlo de sus impuestos en Argentina y solo pagar la diferencia. Se entiende que esto es significativo dada la relación económica entre ambos países.

El gobierno negó rotundamente que la firma del acuerdo de intercambio de información haya sido a cambio del levantamiento de las trabas al comercio que impone el modelo de sustitución de importaciones argentino. El presidente de la República, José Mujica, había dicho el 22 de marzo a la prensa que tenía el acuerdo "trancado en un cajón". "No tengo apuro ninguno, tengo que arreglar otras cosas; después firmamos", dijo en esa ocasión el mandatario.