MARÍTIMAS

El sector de la pesca nacional se encuentra paralizado por su sindicato. Cientos de trabajadores se ven impedidos de trabajar y el flujo habitual de exportaciones de pescado es casi nulo en este momento, amenazando seriamente el futuro del sector, según informó la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU).

En esta oportunidad, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) “impide” a las empresas trabajar por oponerse a una decisión comercial de una firma del sector respecto a un cambio de proveedor de servicios de estiba. “Esto determina un atentado a la libertad de contratación de las empresas y al derecho al trabajo de cientos de trabajadores que, queriendo trabajar no, lo hacen por sentirse amenazados por un sindicato que se autodefine como ‘combativo’”, expresa la Cámara de Industrias Pesqueras.

Las medidas tomadas contra una empresa se han ido ampliando y generando consecuencias más graves, ya que la falta de materia prima repercute en toda la cadena productiva, logística y comercial del sector y se siguen sumando trabajadores que quedan sin empleo como consecuencia de las decisiones del gremio.

A modo de ejemplo, dice la Cámara, la paralización en la empresa Tolimar S.A. repercutió en la falta de materia prima para la planta de Novabarca S.A. (ubicada en la localidad canaria de Barros Blancos), por lo que esta se vio forzada a cerrar sus puertas y enviar a 80 trabajadores al seguro de paro, fundamentalmente mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. Esta situación amenaza con extenderse indefinidamente, ante la “reanudación de hostilidades” del sindicato, dice la gremial empresarial.

La Cámara de Industrias Pesqueras advierte que el sindicato pretende imponer a las empresas que contraten a trabajadores elegidos por el gremio en las diferentes áreas de actividad, “tomando para ello de rehén a toda la flota nacional” y “poniendo en riesgo” el trabajo de cientos de trabajadores, marineros, estibadores, camioneros, operadores de planta y administrativos.

Las empresas integrantes de la Cámara reivindican su libertad de contratación y reclaman a las autoridades su intervención ante una situación que de hecho constituye una ocupación de los lugares de trabajo de estas empresas en el puerto.