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Caja Profesional y gobierno empiezan a ver cómo “tapar” el “agujero negro” de US$ 550 millones

Edificio sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios
Edificio sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios
Foto: Estefanía Leal.

SITUACIÓN CRÍTICA

El directorio se reunió con el gobierno y no descartan un préstamo estatal para poder resolver la situación crítica de la institución.

El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), se reunió ayer con el gobierno para avanzar en una solución a la crisis económica que enfrenta el organismo y acordaron la creación de un grupo de trabajo conjunto que tendrá un plazo de entre tres a cuatro semanas para encontrar una salida final.

Si bien la reunión con el gobierno fue calificada como “muy buena” por parte del vicepresidente de la caja, Daniel Alza, aún hay un tema que preocupa a las autoridades del organismo paraestatal: la institución precisa aproximadamente US$ 550 millones para seguir funcionando hasta que comiencen a dar rédito las medidas de rescate.

Según pudo saber El País en base a fuentes que participaron de la reunión, “la gran pregunta” que se hacen en la Cjppu es de dónde saldrá el dinero para tapar ese “enorme agujero negro”.

En relación a la posibilidad de que sea el Estado el que aporte el préstamo, las fuentes señalaron que desde el gobierno “no lo descartaron”.

La inquietud no es nueva para la Caja Profesional. El año pasado, el directorio de ese entonces había solicitado a las autoridades un préstamo estatal “puente” de entre US$ 104 millones y US$ 184 millones y si bien el gobierno no tomó una resolución en ese entonces, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres había puesto el foco en la autonomía de la caja para resolver su crítica situación.

En una línea similar a la del gobierno, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) había afirmado el año pasado -en el documento de recomendaciones de reforma jubilatoria elaborado por el oficialismo- que “la asistencia financiera estatal o la imposición de alguna otra carga sobre el resto de la sociedad no serían medidas de recibo”.

Sin embargo, participantes de la reunión de ayer señalaron que, a diferencia de lo dialogado en otras instancias, ahora desde el gobierno “no dijeron que no”.

Medidas

De la reunión participaron por la caja el vicepresidente, Daniel Alza -quien asistió como presidente interino dado que Virginia Romero faltó por enfermedad- junto a los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti y Blauco Rodríguez, y los delegados del Poder Ejecutivo, Luis González y Gerardo López Secchi. En tanto, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) estuvieron Mieres; el subsecretario, Mario Arizti; y el director de Seguridad Social, Daniel García Zeballos.

Por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), estuvo el director Isaac Alfie y el asesor (e integrante de la CESS), Gustavo Michelin. Asimismo, participaron autoridades del Ministerio de Economía (MEF) y el presidente de la CESS, Rodolfo Saldain.

“Tuvimos una muy buena aceptación”, afirmó Alza y remarcó que desde el gobierno “están muy sensibilizados con el tema y quieren un rápido tratamiento para llegar en el corto plazo a encontrar una solución”.

Como informó El País este lunes, el directorio de la Cjppu presentó dos propuestas: una relacionada con los ajustes paramétricos para todos los afiliados (suba de la edad de retiro, baja de la tasa de reemplazo, suba de los años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio y subir de 10 a 15 escalas de fictos); y otro plan que contempla a los afiliados de 50 años, quienes -en caso de aprobarse- mantendrán los derechos adquiridos, en función de la categoría en la que se encuentren y sus años de aportes.

Además, para el corto plazo la Cjppu anunció ayer que evalúa aumentar los ingresos del organismo mediante la suba de la tasa de aporte de los activos y una participación mayor por parte de los jubilados.

En paralelo, el director Fernando Rodríguez Sanguinetti presentó un proyecto para que a partir de 2023 los nuevos egresados profesionales, en relación de dependencia, pasen a aportar a la caja en lugar de al Banco de Previsión Social (BPS).

Según dijo a El País Rodríguez Sanguinetti, la propuesta fue analizada “por arriba”, recibió “algunas preguntas” sobre el posible funcionamiento, pero no generó “reacciones adversas”.

La propuesta implicaría que el BPS resigne 2.000 trabajadores aportantes por año (unos 60.000 profesionales nuevos para la Cjppu a 30 años), según cálculos de Rodríguez Sanguinetti, lo que para la caja implicaría una recaudación de aproximadamente US$ 3.000 millones en 30 años.

“Si conseguimos un préstamo del Estado ahora, podríamos devolvérselo en 10 o 15 años con ese dinero que ingresa de los nuevos cotizantes”, planteó el director.

Grupo de trabajo y 15 escalas de aportes

En la reunión de ayer se acordó la creación de un grupo de trabajo que estará conformado por tres integrantes de la Caja Profesional y por tres representantes del gobierno. Aún no está definido quiénes serán los miembros de ese grupo aunque desde la Cjppu prevén votar los integrantes entre hoy y mañana.

El objetivo de ese grupo de trabajo es la evaluación técnica de las propuestas presentadas por la caja, así como el intercambio con los representantes del gobierno. Para poder llegar a una solución final, el grupo de trabajo contará con un plazo de entre tres a cuatro semanas.

“Las medidas que puedan surgir de esto que hemos presentado hoy, van a ser soluciones que las pensamos (para que tengan un efecto) a corto y mediano plazo. Después vendrán otras medidas y otros estudios (de la situación) porque las condiciones de los profesionales cambian”, señaló en rueda de prensa el vicepresidente, Daniel Alza.

Entre las medidas planteadas por el directorio del organismo paraestatal, está la posibilidad de subir de 10 a 15 categorías el sistema de fictos por el cual se rige la caja actualmente.

Según explicó Alza, el objetivo de esa medida es lograr que “los saltos” entre cada categoría “no sean tan importantes”. Eso permitiría “proteger a las categorías más bajas” que son las que representan principalmente a los profesionales que recién comienzan su vida laboral.

De acuerdo con el director Blauco Rodríguez, ese cambio permitirá que el salto entre cada categoría sea de entre $ 1.000 a $ 2.000. “Queremos que sea una caja amigable con el afiliado”, indicó Rodríguez.

“La reunión fue muy positiva” y “ninguna de las propuestas fue rechazada” por el Ministerio de Trabajo, dijo Rodríguez. Además, afirmó que desde el directorio “tenemos fe” de que “vamos a poder sacar adelante a la caja”, concluyó.

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