Buscan evitar una controversia internacional por la fibra óptica

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El gobierno busca una solución al diferendo con dos empresas por la prestación de fibra óptica en "la última milla" que le evite llegar a una controversia internacional. Las firmas invocan que se incumplen tratados de protección de inversiones.

El gobierno de México planteó a su par uruguayo una consulta respecto a la resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) que intimó a la firma de ese país Claro a dejar de utilizar fibra óptica para prestar servicios de transmisión de datos (Internet) por vía alámbrica (fija).

Esto se dio luego que las embajadas de México y España "expresaron su preocupación" sobre la "situación de cada empresa" -Claro y la española Movistar (que no presta el servicio pero reivindica el derecho a hacerlo)-, dijeron a El País fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El 9 de mayo se reunirá en Montevideo la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio con México y no se descarta que este tema pueda aparecer en la negociación, dijo el embajador uruguayo en ese país, Rodolfo Camarosano. De todas maneras, él no recibió hasta ahora ningún planteo del gobierno mexicano.

A su vez, la delegación de la Unión Europea (UE) en Uruguay planteó al gobierno el interés en ahondar en el asunto en la reunión de repaso de temas bilaterales entre ambos que se llevó a cabo a mediados de marzo. Esas reuniones sirven para repasar temas de integración, políticos, económicos y de dificultades comerciales si las hubiera.

"Como vimos que no íbamos a tener tiempo de tratarlo, mencionamos el tema. Dijimos que había una empresa europea (por Movistar) que expresaba tener dificultades en ingresar al mercado de transmisión de datos", afirmó a El País el encargado de la sección Política, Económica y Comercial de la delegación de la UE en Uruguay, Francois Roudie.

Allí se identificó que "es un tema que tenemos que mirar un poco más en detalle" y es "interés" de la UE hacerlo "a la brevedad", agregó.

Roudie trabaja en este tema en conjunto con el consejero Económico y Comercial de la embajada de España en Montevideo, Emilio de la Fuente.

Tras el planteo de los gobiernos de España y México y el interés de la UE en discutir el tema, el gobierno busca una solución para evitar una controversia internacional. Ambos países tienen con Uruguay un acuerdo de protección de inversiones que podría ser invocado por los gobiernos. Eso es lo que busca evitar el Poder Ejecutivo.

El acuerdo con España, que rige desde 1994, señala que "cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones efectuadas, conforme a su legislación, por inversores de la otra Parte Contratante y no obstaculizará, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestación, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la ampliación, la venta y, en su caso, la liquidación de tales inversiones".

El convenio con México, vigente desde 2002, establece que "cada una de las Partes Contratantes otorgará un tratamiento justo y equitativo, así como plena protección y seguridad a los inversores de la otra Parte Contratante en relación a la administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de las inversiones en su territorio, y no menos favorable que el que otorga a sus propios inversores o a inversores de un tercer Estado".

¿MONOPOLIO, SÍ O NO? El lunes, en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el legislador colorado José Amorín Batlle planteó al ministro de Industria, Roberto Kreimerman que la decisión de Ursec de no permitir a Claro la transmisión de datos por vía alámbrica no se basa en una norma.

"Para limitar la competencia el señor ministro debe tener una ley que fije el monopolio y no cuenta con ella; inclusive, va a tener problemas por este tema, aunque no conmigo", señaló Amorín. "Sin norma, esto es complicado y es, groseramente, violatorio del Estado de Derecho", agregó, según la versión taquigráfica de la reunión a la que accedió El País.

Por su parte, el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño respondió que "la Ley es la Nº 18.719 y el artículo de referencia es el 147" que "expresa que es competencia exclusiva del Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, la fijación de la política nacional de telecomunicaciones y de los servicios de comunicación y audiovisuales". En tanto, Kreimerman afirmó que en 2011 "autorizamos, después de varios años de discusión, el tendido de fibra óptica para empresas de telefonía que tenían que unir sus redes de telefonía. Aclaro que este mismo tendido de fibra óptica en algún caso después fue utilizado -la habilitación que tenía era para la telefonía móvil, por la que había pagado- en parte para conectar fibra óptica que no tenía autorización hacia otros tendidos fijos".

El director Nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, dijo a El País que en la nueva ley de telecomunicaciones se buscará crear "un marco jurídico armónico y actualizado de toda la legislación que hay en la materia". "No hay ningún decreto que vaya a establecer ningún tipo de monopolio o exclusividad" a favor de Antel, resaltó de Cola. No obstante, en el nuevo marco jurídico se buscará dar mayor claridad a las dudas que llevaron a la empresa Claro a entender que podía prestar servicios alámbricos de acuerdo a la normativa vigente.