BPS defiende la cobranza de los aportes y su gestión

El principal representante del Poder Ejecutivo en el Banco de Previsión Social (BPS) su presidente, Carlos Gasparri, tampoco apoya la idea del ministro de Economía, Isaac Alfie, de que el organismo deje de percibir los tributos que hoy recauda y que esa función pase a la DGI. Además, Gasparri sostiene que no se pueden establecer comparaciones entre los ingresos de ambas dependencias y destacó que los del BPS vinculados al sector privado han crecido un 5,9% en el primer semestre (ver cuadro aparte).

Alfie dijo al semanario "Búsqueda" que hay "gran preocupación" por el nivel de la recaudación del BPS que atribuyó a fallas en el control del organismo. "Estamos convencidos de que aumentó la evasión (...) Acá hay un problema de subdeclaración enorme", había dicho Alfie.

Gasparri dijo a El País que se enteró de la idea del gobierno "por la prensa", sostuvo que "el BPS evolucionó mucho del punto de vista administrativo y tecnológico en estos años" y contrapuso su situación con la de la DGI. "Con todo respeto, la DGI no tuvo la misma suerte y digo la misma suerte porque quizás no se le dieron los fondos para que hiciera las transformaciones que eran tan necesarias. Si uno mira las situaciones administrativas capaz que hay que decir que la DGI venga al BPS", retrucó Gaparri.

El jerarca no está de acuerdo con la "caja única". "Tengo reparos pero no por ser presidente del BPS y querer defenderlo. Tengo reparos porque la seguridad social está muy atada en sus ingresos al salario y a la aportación del trabajador. Si la fuente de recursos y conocimientos que es el efectivo cobro, se separa de la administración de la historia laboral puede ser que entre en un alto riesgo el seguimiento genuino que está unido esa historia laboral", sostuvo.

Para Gasparri, el planteo de Alfie "poca vida puede tener en este momento" y no quiso aventurar los motivos por los que el ministro no tiene conocimiento de la mejoría en la recaudación del BPS y el aumento de las tareas inspectivas. "Esa pregunta es para el ministro de Economía", se limitó a decir.

EXONERACIONES. Gasparri pidió que se reconozca que algunas decisiones gubernamentales han conspirado contra una suba mayor de la recaudación como las sucesivas exoneraciones de aportes patronales que han provocado que exista una diferencia de U$S 15 millones entre lo que BPS preveía tener como ingresos en este año y lo efectivamente ingresado. "Existen las exoneraciones y vaya si las hay. Hace muy poco se le quitaron los aportes patronales a los medios de comunicación radiales y eso no estaba en los cálculos de nadie. También se bajó a la mitad el aporte unificado de la construcción. Además, las empresas han sido ingeniosas. Teníamos el ticket alimentación y ahora tenemos el de ómnibus. Eso significa reducir el 20% la aportación por trabajador al BPS", ejemplificó.

El nivel de los salarios actuales también tiene su influencia. "El BPS está unido al salario. Hay una chatura a nivel salarial en el país. Hay un gran aumento de las unipersonales, en las cuales el trabajador no es considerado dependiente y aporta menos. Hay un importante reingreso de dependientes pero ha cambiado la base salarial porque los reingresos no suponen grandes sueldos.

¿Cuánta gente negoció ajustes salariales a la baja?", se preguntó.

Gasparri dijo que ahora el objetivo es volver a los niveles históricos de evasión que han rondado el 20% porque, según el sector, se llegó durante la recesión al 30% en algunos sectores. El agro fue el que primero comenzó a abatirla y hoy presenta un porcentaje de alrededor del 10%, bastante por debajo de la media, mencionó.

Gasparri también defendió con fuerza la gestión inspectiva: "acá no hay desidia ni desinterés". Ejemplificó que en lo que va del año se han realizado 4.163 inspecciones contra 3.854 del todo el año pasado. Como consecuencia de estas acciones se estimaron deudas por $ 131,8 millones en el primer semestre cuando en todo 2003 no se pasó de $ 240,7 millones.

Gasparri admitió retrasos en el procesamiento de las quejas de los trabajadores y falta de abogados pero destacó, al mismo tiempo, que se abatió de 2 años y medio a 4 meses la duración del trámite de una jubilación y que encuestas marcan que el 78% de la población apoya la gestión del organismo.