Barboni achaca al BHU deudas con DGI

El empresario Fernando Barboni, que está fuertemente enfrentado con el Banco Hipotecario por reclamos cruzados de deudas con esa institución, dijo que es "transparente" y "solvente", justificó que esté pidiendo al banco el pago de U$S 100 millones y reconoció que tiene obligaciones impagas con la Dirección General Impositiva (DGI) cuyo monto preciso no ha sido determinado, las cuales están siendo negociadas.

La DGI valúa en U$S 10 millones las deudas y ya trabó embargo contra varios inmuebles del empresario, confiaron a El País fuentes que conocen de cerca las actuaciones del organismo recaudador.

Barboni está impulsando, junto a otros inversores, un puerto de yates y cruceros en la zona de Punta del Chileno, cerca de Punta del Este. Según Barboni, "no existe ninguna denuncia penal, ni juicio civil que el Banco Hipotecario del Uruguay haya iniciado contra las empresas constructoras que represento, ni contra mi persona".

"En el caso nuestro, se estaban construyendo 700 viviendas aproximadamente y se nos deben obras ejecutadas, más todos los daños y perjuicios, los que justifican la reclamación de más de U$S 100 millones", sostiene Barboni.

El empresario atribuye sus obligaciones con la DGI que, asegura, pagará antes de fin de año, a las dificultades que el Hipotecario enfrentó para cumplir con los compromisos asumidos con su empresa. Barboni dice ser solvente y tener todos sus bienes a su nombre o al de sociedades anónimas de las que es presidente.

"Está claro que cualquier empresa a la que usted le pide que le construya 700 apartamentos y le deje de pagar, va a enfrentar —si sigue cumpliendo con sus obligaciones, pagando a sus empleados y pagando a los proveedores— severos perjuicios financieros", dice Barboni.

Los cálculos de la DGI indican que la deuda del empresario con el organismo ronda los U$S 10 millones por lo que le fueron embargados el chalet "Pinduca" que había comprado al millonario brasileño Gilberto Scarpa y el penthouse de una lujosa torre de apartamentos. Ambos inmuebles están en el departamento de Maldonado.

La DGI tomó medidas cautelares contra el empresario y no descarta emprender una acción penal.