Impacto

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tiene en sus manos desde el 7 de mayo una propuesta de la Cámara de la Construcción (CCU) y el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic) para lanzar un Fondo de Infraestructura Coronavirus (FIC), “un instrumento para acelerar la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura social y productiva de modo de contribuir a la reactivación económica en 2020 y 2021”, señala.

El primer vicepresidente de la Cámara de la Construcción y director de la empresa Saceem, Alejandro Ruibal dijo al semanario Búsqueda que la idea surgió cuando se instaló el coronavirus en Uruguay y se veía caer la actividad y el empleo y crecía la incertidumbre sobre lo que podía pasar. Explicó que la propuesta fue elaborada por CPA Ferrere, CSI Ingenieros y el estudio Dentons Jiménez de Aréchaga.

El País accedió al documento completo que recibió Lacalle Pou y a una presentación del mismo.

La propuesta afirma que "gracias a su contribución directa e indirecta al Producto Interno Bruto (PIB), el impulso de obras de infraestructura es un de mecanismo eficaz para compensar los efectos de la contracción de la actividad económica asociada al COVID-19. La experiencia comparada y la evidencia para Uruguay así lo muestran".

En ese sentido, plantea que “para combatir los efectos del COVID-19, países como Polonia, Israel, Serbia y Emiratos Árabes Unidos están promoviendo programas de inversión en infraestructura. Estos programas comprenden estímulos que varían entre 0,5 y 1,5 puntos porcentuales del PIB”.

"En Uruguay la industria de la construcción explica de forma directa el 10% del PIB y el 8% del empleo. A su vez, por su vasta red de encadenamientos, el sector es uno de los principales impulsores de la actividad económica", afirma el documento.

"Estimaciones del Ceeic (2017) indican que el multiplicador del Valor Bruto de Producción (VBP) de la construcción es de 4,41, uno de los más altos de la economía y bastante más elevado del promedio sectorial que se sitúa en 1,561", agrega. Esto "implica que un aumento de 1 dólar en la demanda final de la Construcción genera encadenamientos que inducen un incremento de producción (VBP) de 4,41 dólares", explica el documento.

Entre otros aspectos, el Fondo de Infraestructura Coronavirus "permite comenzar a ejecutar obras de infraestructura social y productiva en un plazo menor a 12 meses una vez creado, por lo que es clave como herramienta contracíclica", al tiempo que "moviliza un volumen significativo de inversión a corto plazo con una afectación diferida de las cuentas públicas a medida que se amortizan las obras y concesiones" y "no requiere innovaciones en los marcos legales y contractuales vigentes", señala la propuesta.

Por ello, “el FIC es una respuesta para proveer recursos de forma ágil y oportuna para financiar y gestionar obras de infraestructura en Uruguay”, agrega.

“Sin perjuicio de que la administración tendrá la iniciativa y será la responsable de definir los proyectos que integren los distintos ejes, a continuación se identifican montos de inversión en base a proyectos a ser potencialmente canalizados por el FIC”, indica la propuesta.

“Los proyectos seleccionados que podrían ser potencialmente financiados por el Fondo de Infraestructura Coronavirus totalizan US$ 1.950 millones y generarían en promedio 11.200 puestos de trabajo anuales directos en un lapso de tres años de ejecución de obras, con un pico de 15.000 en el año 2”, explica el documento.

Si bien “la definición, la selección de los proyectos y su priorización corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo”, la presentación detalla incluso qué obras podrían ser elegidas.

Obras de infraestructura en transporte y en salud

Por US$ 370 millones y US$ 30 millones respectivamente

Entre las obras de transporte que se incluyen en la propuesta que tiene el presidente de la República, Luis Lacalle Pou están el ”mejoramiento de la ruta 6” con una inversión de US$ 175 millones, la “vía rápida Interbalnearia entre los peajes Pando y Solís” con inversión de US$ 122 millones, un “by-pass a la ciudad de Durazno en ruta 5” por US$ 24 millones, un “by-pass a la ciudad de Minas en ruta 8” por US$ 22 millones y un “puente sobre el río Tacuarí” por US$ 20 millones. 

Por otro lado, el documento de la Cámara de la Construcción propone la obra del hospital del Cerro a un costo de US$ 30 millones.

Inversión en vivienda por US$ 700 millones

Regularización de asentamientos

La propuesta del Fondo de Infraestructura Coronavirus señala que “buena parte del impacto en empleo (de la iniciativa) se explica por la alta intensidad de la mano de obra en los proyectos del sector vivienda: las obras de vivienda totalizan US$ 700 millones (35% del total) y generan 7.000 puestos directos por año (62,5% del empleo total)”. Según el documento la propuesta en este caso es de “regularización de asentamientos” lo que incluye “vivienda y servicios”. El documento indica que la inversión en “vivienda genera un puesto de trabajo cada US$ 100.000 de inversión” mientras que el resto de las actividades genera “un puesto de trabajo cada US$ 300.000 de inversión”.

Obras de agua, saneamiento y en infraestructura de educación

Por US$ 850 millones en total

La propuesta que tiene el presidente Luis Lacalle Pou divide en dos las obras de agua y saneamiento, una para Montevideo y otra para el Interior. En el caso de Montevideo, la propuesta de la Cámara de la Construcción es de una inversión de US$ 200 millones en la represa de Casupá. En tanto la propuesta para el Interior es de realizar el saneamiento en una primera fase (dejando fuera a Maldonado) con una inversión de US$ 200 millones.

En tanto, en infraestructura educativa el documento de la Cámara de la Construcción propone la construcción de liceos públicos modelo en barrios de contexto vulnerable con una inversión de unos US$ 450 millones.

El diseño del FIC “parte de tres premisas”, dice el documento. Una de ellas es que sea “fast track” es decir que se “debe poder desplegar inversiones en infraestructura durante los primeros 12 meses de su implementación”. La otra es “minimizar el impacto fiscal” y la tercera premisa es la “gestión de riesgos adecuada para las diferentes fases”.

A partir de esas premisas definidas, “el diseño del FIC debe contemplar tres requerimientos esenciales", añade.

Según la propuesta, el primero de esos requerimientos es: "facilitar y agilizar las actividades de las etapas pre-constructiva y constructiva. Contar con una Unidad de Gestión ágil y potente que permita estructurar, convocar y dilucidar rápidamente los procesos competitivos, manteniendo las garantías del debido proceso".

El segundo, "contar con financiamiento de corto plazo para la rápida implementación de los proyectos. Para ello es necesario diseñar préstamos puente que permitan ejecutar proyectos al tiempo que se cumplen los pasos necesarios para estructurar financiamientos de largo plazo".

El último de los requerimientos es "facilitar el acceso a financiamiento de largo plazo con la menor prima de riesgo posible. Para ello es importante aislar el riesgo construcción en la fase inicial y estructurar concesiones de largo plazo con menor nivel de riesgo de performance" ya que "una menor prima de riesgo permitirá reducir el esfuerzo presupuestal de las entidades ejecutoras para asegurar el repago de largo plazo".

El fondo se estructurará en dos fases. La primera es el despliegue de la inversión. 

Por un lado “la Administración Pública Contratante (APC), en tanto entidad interesada en contratar obras de infraestructura (por ejemplo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial o la Administración Nacional de Enseñanza Pública), celebrará contratos de concesión Público-Público con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)”, establece el documento.

“La CND subcontratará a empresas constructoras las obras en alguna de las modalidades” que pueden ser “concesión-construcción o concesión-concesión”.

En la primera modalidad, “la CND convoca procedimientos competitivos para subcontratar la obra y/o el resto de las actividades comprendidas en la concesión como puede ser el mantenimiento, la operación, el cobro por uso, etc.” y es la que “retiene los riesgos de construcción, operación y mantenimiento de la concesión”, señala la propuesta.

En la modalidad concesión-concesión “la CND convoca procedimientos competitivos para sub-concesionar la obra, operación y el mantenimiento, descargando toda la concesión sobre un agente privado que pasa a asumir todos los riesgos asociados”, explica.

A su vez, “la CND creará el Fondo de Infraestructura Coronavirus, un fideicomiso cuyo cometido es gestionar y canalizar financiamiento para estos proyectos. Este fideicomiso recibirá los pagos de las APC, recibirá el financiamiento puente y realizará los pagos en virtud de los contratos de obra”, indica la propuesta.

El financiamiento puente puede ser de bancos privados, el Banco República u organismos multilaterales y debería contar con algún tipo de garantía (estatal o multilateral), sostiene la propuesta. Con ello, la CND puede “desplegar la ejecución de forma inmediata, reduciendo transitoriamente los plazos involucrados en las estructuraciones financieras privadas para este tipo de proyectos”, afirma.

“En paralelo a la construcción de los proyectos se comenzará la estructuración de la Fase II”. Esta segunda fase consiste en que “una vez concluidas las obras de construcción y superado el tramo del proyecto que soporta riesgos elevados, se desembolsará un financiamiento de largo plazo en las condiciones usuales para este tipo de operaciones” para repagar “los prestamos puentes otorgados en la Fase I”, explica el documento.

“Una vez concluida la Fase II, el FIC estará constituido por uno o más vehículos que a su vez alojarán concesiones a cargo de la operación y mantenimiento de infraestructuras, con un flujo de repago asociado en función del cumplimiento del contrato de concesión”, concluye.

El socio de CPA Ferrere y presidente del Ceeic, Gabriel Oddone explicó al semanario Búsqueda que si bien los fondos son a la larga presupuestales el impacto fiscal, al estar alojada la registración en la CND, es acotado y solo influyen los pagos que se tengan que ir desembolsando, pero no por el monto total de las obras. La deuda se iría produciendo a medida que se vayan devengando los pagos.

¿Qué dice el documento que tiene Lacalle Pou y al que accedió El País? 
"La estructura del Fondo de Infraestructura Coronavirus puede constituirse a través de un Fondo Matriz (FIC-M) y varios Fondos Subsidiarios por cada cartera de proyectos o por cada proyecto (FIC-S)", expresa.

"Más allá de estos aspectos asociados a la gestión de los proyectos y la descarga de los riesgos sobre privados, desde la óptica del financiamiento es necesario definir si el fondeo ingresará por un único instrumento (el Fondo Matriz) o si el financiamiento será específico para el proyecto P alojado en el Fondo Subsidiario específico (FIC-S) con el objetivo de evitar el “project-on-project risk” y su efecto sobre el costo del fondeo", sugiere.

El FIC es un fideicomiso y por tanto tiene fideicomitentes que en este caso son dos: "la CND que cede los flujos al FIC (ya sean peajes o tasas, subsidios, pagos por disponibilidad, o pagos por avance de obra diferidos o de leasing operativo)" y "el Poder Ejecutivo, mediante un aporte de equity (capital) o una garantía de repago de la financiación a conceder al FIC", señala la propuesta.

Por otro lado está el financiamiento en sí del FIC. "Las instituciones financieras otorgan una línea de crédito al FIC (aunque no se descartan otras estructuras alternativas)", indica el documento. 

"El financiamiento atraviesa distintas etapas según la fase del FIC", afirma y añade que en la primera "los financiadores de Fase I (bancos privados, BROU, organismos multilaterales) proveen el financiamiento (dólares y moneda nacional) al FIC".

En la segunda fase "ingresarían los financiadores de Fase II como AFAP o Fondos de Infraestructura, que podrían hacerlo tanto en los tramos de moneda nacional como dólares", explica.

El tomador inicial del préstamo "a priori, parece lógico que sea el FIC-M o los FIC-S, pero puede ocurrir que las entidades financieras prefieran financiar directamente a las empresas constructoras que tengan contrato de construcción con el FIC, en el marco de financiación privada", expresa la propuesta. 

También sugiere "evaluar si es posible que algunos tramos del préstamo sean un mini-perm en lugar de un préstamo puente. Bajo este esquema, el BROU podría hacer previsiones como si fuera un préstamo garantizado a largo plazo (más o menos 15 años), por más que, por ser mini-perm, el préstamo tenga un vencimiento tipo “bullet” a mediano plazo. Cabe aclarar que este tipo de financiamientos tiene un proceso de estructuración similar al de un project finance a largo plazo, con los tiempos que eso conlleva, por lo que sería de utilidad solo para algunos proyectos cuya ejecución no sea prioritaria a corto plazo".

Pero además, "el FIC contempla que parte del financiamiento provenga de las propias empresas constructoras contratadas para ejecutar los proyectos", dice el documento.

"Este financiamiento de las empresas constructoras puede adoptar dos formas diferentes según la modalidad contractual. En el modelo Concesión-Construcción, las empresas constructoras financiarán parte del avance de obra mediante un fondo de reparos incrementado, que quedaría retenido en el fideicomiso hasta la fecha más próxima de las siguientes: i) la de la integración de la emisión de la Fase II o; ii) la de la expiración del período de garantía por defectos bajo el contrato de construcción respectivo. Este fondo no se podría sustituir por póliza hasta la recepción provisoria de las obras", explica.

"En el modelo Concesión-Concesión las empresas constructoras deberán aportar el equity (capital) necesario para poder estructurar una concesión financiable mediante la modalidad de project finance", agrega.