EFE
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala revocó ayer la suspensión del partido Movimiento Semilla, con el que ganó la presidencia el pasado 20 de agosto el académico Bernardo Arévalo de León. La decisión fue oficializada mediante un memorial en el que mantienen con vida al partido de Arévalo de León mientras se mantenga vigente el proceso electoral, y además instan a los tres poderes del Estado al “respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas”.
El partido Movimiento Semilla había sido suspendido el pasado 28 de agosto por el Registrador de Ciudadanos del mismo Tribunal Supremo Electoral. El dictamen dio paso a que la Junta Directiva del Congreso desconociera dos días después al partido de Arévalo de León.
La revocación de la suspensión fue firmada el sábado por los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, quienes inicialmente el pasado 28 de agosto se habían desligado de la decisión del Registrador de Ciudadanos.
El motivo original de la suspensión del Movimiento Semilla es una orden del juez séptimo penal Fredy Orellana, a solicitud del Ministerio Público (Fiscalía).
Debido a la suspensión del partido, el presidente electo aseguró el viernes que Guatemala se encuentra en un “golpe de Estado” con el objetivo de evitar su investidura en enero próximo.
Arévalo de León señaló a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, como una de las principales promotoras del mencionado “golpe de Estado”, junto al fiscal Rafael Curruchiche, la Junta Directiva del Congreso, el juez Orellana y a “otros actores corruptos”.
Arévalo de León acusó al Ministerio Público por la persecución en contra de su agrupación desde el 12 de julio, después de obtener sorpresivamente el segundo puesto en las elecciones generales del 25 de junio.
La persecución penal ha incluido allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y a la sede del mismo Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en la creación del partido en 2018.
Arévalo de León explicó el viernes que “el grupo de políticos y funcionarios corruptos, que se niegan a aceptar este resultado, han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”.
La investidura de Arévalo de León está programada para el próximo 14 de enero, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.
La fiscal general Porras, el fiscal Curruchiche y el juez Orellana figuran en una lista de EE.UU. de actores “corruptos”. Curruchiche alega supuestas irregularidades en el proceso de inscripción del partido en 2017, pero la comunidad internacional sospecha que es un pretexto para debilitar a Arévalo o impedir su asunción.