La Paz - A dos semanas del primer referendo autonómico de Bolivia, impulsado por Santa Cruz, la región más rica y bastión opositor, los temores de violencia y confrontación arrecian en medio de una nueva controversia entre el presidente Evo Morales y la Iglesia Católica.
El referendo, calificado por el gobierno de ilegal y separatista, avanzó un paso más con el último informe de la Corte Departamental Electoral, que confirmó a 935.527 ciudadanos inscritos y ratificó el cronograma para los últimos días, antes del plebiscito.
Santa Cruz es la primera región que convocó por cuenta propia para el 4 de mayo a una consulta para dotarse de autonomía, a la que seguirán otras convocadas por Tarija (sur), Beni (noreste) y Pando (norte), en la peor crisis política del gobierno de Morales, que subió al poder en enero de 2005.
El mandatario socialista está enfrentado con estas regiones por los estatutos autonómicos de corte liberal y la nueva Carta Magna de corte estatista que él impulsa.
La situación preocupa a varios países de Sudamérica, como Brasil, Colombia y Argentina que han hecho gestiones para acercar a las partes, y de organismos internacionales como la OEA y la UE que enviaron emisarios con el mismo propósito, sin lograr ningún efecto conciliador.
La Iglesia fue propuesta para mediar en el conflicto, pero su acción se ha puesto en duda tras la acusación de Morales, quien dijo el sábado sentirse "engañado y traicionado" por los prelados católicos.
Morales afirmó que se siente engañado al cuestionar declaraciones del cardenal Julio Terrazas, quien puso en duda las denuncias de la existencia de servidumbre y esclavitud de indígenas en el sudeste boliviano.
El Gobierno impulsa un proceso de reversión de tierras en el sudeste del país, parte del territorio de Santa Cruz, donde asegura que existen comunidades indígenas que viven en condiciones de servidumbre y esclavitud, reforma a la que se oponen los hacendados de la región.
El cardenal, en su homilía del pasado domingo, puso en duda esa situación y pidió demostrar con pruebas las denuncias.
Varias organizaciones sociales afines a Morales, entre ellos campesinos y cultivadores de la hoja de coca, de los que el mandatario fue su líder, están preparando movilizaciones para el día del referendo y piensan trasladarse a Santa Cruz, lo que levanta temores de violencia.
En un intento por bajar la tensión, el gobierno informo que dejará que el referendo se lleve adelante sin militarizar la región, como denunciaron los opositores, aunque calificó a la consulta de una simple "encuesta" por estar al margen de la Constitución.
"No tendría que suceder la violencia. Las complicaciones que pueden darse no vienen por el lado de la violencia estatal ni social. Las que podrían darse pueden venir por el lado de una exacerbación del matonaje que emplean algunos sectores de la élites", afirmó el vicepresidente Alvaro García al diario El Deber, de Santa Cruz.
El vicepresidente aseguró que el Gobierno está dispuesto a buscar una salida a la crisis antes del 4 de mayo, "con cartas en la mano y flexibilizando todo", aunque dijo que igual las partes tienen que "sentarse" después de ese día, porque los estatutos "deben ser compatibilizados y legalizados por el Congreso".
AFP
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