ECUADOR

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado este martes a ocho años de prisión por cobros indebidos a contratistas para financiar sus campañas electorales entre 2012 y 2016.

La resolución del tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que permite una apelación, también incluye al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente en prisión por la red de corrupción de la brasileña Odebrecht, y a otros exfuncionarios y empresarios que habrían sido parte del esquema de sobornos.

El tribunal consideró que Correa tenía conocimiento de los “fondos indebidos para posicionar su movimiento político”, por lo que decidió sentenciarlo a ocho años de prisión y a la “pérdida de derechos de participación (política) por 25 años”, según la resolución.

La fiscalía de Ecuador pidió la pena máxima dentro del juicio que arrancó en febrero de este año por el delito de cohecho contra unos 20 exfuncionarios y empresarios, incluyendo el exmandatario, quien reside actualmente en Bélgica.

Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ha negado las acusaciones de la fiscalía y ha dicho que se trata de una persecución política por parte del presidente Lenín Moreno, a quien respaldó para llegar a la presidencia en mayo del 2017. La defensa de Correa apelará el dictamen.

“Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia (para) lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros”, dijo Correa en su cuenta de Twitter. “De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe”, añadió.

Durante la investigación, la fiscalía acusó al exmandatario de liderar una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares para financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación contratos de obras de infraestructura.

“Conozco el proceso y lo que dicen los jueces es MENTIRA. No han probado absolutamente NADA. Puro falso testimonio sin pruebas”, dijo Correa a través de su cuenta en Twitter.

“Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones porque saben que si yo puedo regresar les ganamos las elecciones, y ampliamente”, amplió luego en declaraciones a EFE, en las que criticó la “urgencia” del fallo del tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia en plena crisis por la pandemia de coronavirus.

La etapa de audiencias del juicio a Correa finalizó el 6 de marzo. Desde entonces los magistrados analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría, así como los argumentos de la defensa de los 21 acusados.

En las audiencias a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo.

Además de la pena máxima de cárcel prescritas en la ley, Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica que ascendería a 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se entregaron dentro de esta trama de corrupción.

Por las circunstancias que vive el país por el COVID-19, se limitó el número de personas en las salas a menos de 15, y personal médico supervisó que se cumpla el protocolo de bioseguridad. Pese a que en un primer momento se informó de que la vista sería retransmitida por vía telemática, las autoridades judiciales dispusieron lo contrario y dieron a conocer la sentencia mediante un comunicado.