“Puede haber cambios en el régimen de sanciones a Venezuela”, dijo Asdrúbal Oliveros

Por Fabiana Culshaw

Asdrúbal Oliveros es un economista venezolano que ha vivido y estudiado las dinámicas del proceso chavista-madurista y su impacto en el empresariado y en la sociedad desde sus inicios. Es socio director de Ecoanalítica, una consultora empresarial y de apoyo a organismos multilaterales que analiza temas económico-sociales de América Latina, con énfasis en Venezuela, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Asimismo es miembro del Consejo de Administración de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas. Oliveros es defensor de los derechos económicos, y conversó con El País desde Madrid, aunque vive y trabaja en Venezuela.

-¿Cuál es la situación económica de Venezuela hoy? Se dice que hay algunas mejoras y cierta apertura del gobierno de Nicolás Maduro, ¿es así?

-Con la caída brutal de la economía venezolana, el gobierno se volvió más pragmático, relajó los controles, permitió la dolarización y la entrada de productos importados. Eso ayudó a cierto respiro en la dinámica económica, pero con una desigualdad enorme, porque un porcentaje muy limitado de la población puede beneficiarse de esos cambios. De 2014 al 2020 la economía venezolana perdió casi el 80% de su tamaño, y el gobierno se volvió más pragmático en 2021 y 2022. Pero ahora entramos en 2023 con desaceleración, vemos unos niveles de contracción del consumo importantes por la caída del poder adquisitivo tanto del sector público como privado. Entonces, la actividad económica está nuevamente en terreno muy negativo. Es cierto que el gobierno no está tan aislado como en la época de Donald Trump ni del Grupo de Lima por los cambios que han ocurrido en la dinámica política de la región, pero la economía está estancada, con poca capacidad para crecer y sobre todo con un gravísimo problema de poder adquisitivo, que se refleja en la alta inflación y en la pérdida de capacidad de compra de la mayoría de los venezolanos. Esto hoy es un tema clave. Por eso todas las protestas que han ocurrido a comienzos de año, sobre todo de los trabajadores públicos que están en la precariedad.

-Cuándo dice que hay una desigualdad enorme, ¿de qué magnitudes está hablando?

-Hay varias franjas en la economía venezolana. El 40% de la población está en condiciones muy precarias, son empleados públicos y pensionados, excluidos de la capacidad de consumo. Hay otro 40%, que son empleados del sector privado o por cuenta propia, muchos de ellos informales, con ingresos bajos. Y luego hay una minoría con ingresos más elevados, que han podido dolarizar más su flujo de ingresos, generalmente ligados a servicios profesionales que pueden manejarse en mejores condiciones. Al final, ese 20% es el que puede hacerle frente a los altos precios de una economía dolarizada como la venezolana.

-El sueldo mínimo está en unos US$ 6, pero ¿en cuánto está el sueldo promedio?

-En el caso del sector privado de la segunda franja que mencioné, es decir los que están mal pero no en precariedad, los ingresos promedios están en unos US$ 180 mensuales. Pero el costo de la canasta de alimentos es cercano a los US$ 400. Entonces, incluso alguien que excepcionalmente gana US$ 200 mensuales en el sector privado, no accede a la canasta. En el sector público, los sueldos son muchísimo más bajos.

-¿El 20% de la población con mejores ingresos es el que está más alineado a la ideología del gobierno?

-No. Los niveles de clientelismo como existían en el pasado son ahora más bajos, porque la capacidad del gobierno de entregar subsidios se ha vuelto extremadamente limitada. En ese 20% no necesariamente hay gente ligada a la ideología del gobierno, porque ahí conviven los ricos de siempre, algunos empresarios y algunos profesionales. También en esa franja se incluyen las dinámicas de economías ilícitas, negocios al margen o al amparo del Estado. Es una mezcla. Por eso creo que es un error afirmar que solo los que pueden estar bien en Venezuela están conectados con el gobierno.

-Pero, en una época, los llamados “enchufados” eran los que claramente conservaban sus puestos de trabajo y podían acceder a las licitaciones públicas y otros beneficios. ¿Qué pasó con eso?

-Eso existió y existe. Sí hay una elite privilegiada de funcionarios y gente que hace negocios con el gobierno o tienen conexiones, pero hay más gente en ese 20%.

-¿Cómo está la producción actual de Pdvsa?

-El sector petrolero tuvo un punto de inflexión. Llegó a producir 300 mil barriles diarios (b/d) en 2018 y 2019, que fue su pico más bajo y ahora está cercano a los 700 mil b/d. Esa suba fue por un cambio en la gestión con Tareck El Aissami, quien intentó generar acuerdos con los iraníes, mejoró temas de la refinería e intentó renegociar con algunos contratistas para reactivar pozos petroleros. Pero hay dificultades para aumentar la inversión, en un contexto donde Venezuela está sancionada y le es difícil conseguir contratistas internacionales para apuntalar la producción. También a Pdvsa cuesta negociar con sus socios extranjeros. Es un contexto muy adverso. En algún momento se llegó a los 900 mil b/d, pero ha sido un proceso errático en una especie de canibalización de los campos petroleros y no hay un pro-yecto de inversión masivo para hacer crecer la producción en forma sostenida. En el pasado, Venezuela llegó a estar en los 3 millones de barriles p/d y podría llegar al doble con un plan de inversiones adecuado.

-¿Qué espera de las elecciones presidenciales de 2024?

-El ambiente económico tiende a ver qué pasará en esas elecciones, si van a ser reconocidas por la comunidad internacional. Si eso es así, podría haber cambios en el régimen de las sanciones, que permitan que la capacidad de crecer de Venezuela sea mayor. Por el contrario, si la crisis política continúa tras las elecciones, seguiremos con una economía estancada como la de hoy.

-Nicolás Maduro ya declaró que no le importaba si el resultado electoral tenía reconocimiento internacional.

-Sí, eso es un mal augurio.