Propuesta de “prisión preventiva” para extranjeros indocumentados ante cualquier delito causa controversia

La propuesta de la Fiscalía de Chile de dictar “prisión preventiva” para los extranjeros indocumentados que sean detenidos por cualquier delito ha desatado un agrio debate nacional y la preocupación internacional, ya que supone una medida de excepción en la región.

La controvertida instrucción fue implementada tras el asesinato del policía Daniel Palma la madrugada del pasado jueves durante un control rutinario, cuyos presuntos responsables son dos ciudadanos venezolanos.

La decisión se suma a la recién aprobada “Ley Naím-Retamal”, que concede mayor libertad de acción a la Policía en el uso de las armas y reduce la asunción de responsabilidades al eludir la proporcionalidad.

En Chile, los tres supuestos regulados por el Código Penal para solicitar la medida cautelar más gravosa que contempla la ley apuntan a la existencia de un peligro para la seguridad de la sociedad; un peligro para la seguridad de la víctima y el riesgo de fuga.

Precisamente, esta última es la causal a la cual el fiscal general del Estado, Ángel Valencia, ordenó apegarse.

Sin embargo, la última palabra la tienen los jueces de garantía, que deciden si acogen o no la solicitud de los persecutores, aunque Valencia también ordenó apelar en casos que los tribunales rechacen su petición y recalcó que “en ningún caso” se ofrecerán penas sustitutivas a los imputados extranjeros sin identidad regular.

Desde el viernes, cuando se implementó la nueva directriz, la mayoría de los jueces han acogido la solicitud de prisión preventiva o han ampliado varios días la detención de los imputados.

Este martes, la ministra de Interior, Carolina Tohá, deslizó la posibilidad de fijar por ley la instrucción del fiscal nacional para que no quede a criterio del juez o del fiscal de turno.

Además, la polémica instrucción colocó en el radar el hacinamiento en las cárceles.

El viernes, el ministro Justicia, Luis Cordero, aseguró que el Gobierno mejorará la coordinación con el Registro Civil para comprobar la identidad de los extranjeros, pero advirtió que la ocupación en los centros penitenciarios chilenos va en aumento.

Con información de EFE