Martín García Moritán (*)
Tengo el honor de dirigirme a los distinguidos lectores de El País con relación a la serie de artículos de la periodista Soledad Gago publicados a partir del 12 de julio relativos a las Islas Malvinas.

Al respecto, duele leer el interrogante “¿A qué se parece este lugar?”, cuando las Islas Malvinas son parte inconmovible del paisaje patagónico argentino. Duele también ver cómo se nombran a las Islas Malvinas únicamente con la toponimia británica. Duele más aún cuando ello es producto de la pluma de una hermana uruguaya.

Por ello, y por respeto a los lectores de este prestigioso medio periodístico, me parece importante efectuar algunas aclaraciones.

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes fueron usurpados a la joven nación argentina mediante un acto ilegítimo de fuerza perpetrado por el Reino Unido en 1833, hecho que la Argentina jamás consintió. A fin de consolidar dicha ocupación ilegal, el Reino Unido expulsó a las autoridades argentinas e implementó medidas para impedir el asentamiento de argentinos desde el territorio continental y favorecer el establecimiento en las Islas de población británica. Como resultado de dichas acciones, logró definir una composición demográfica a la medida de sus intereses.

Esta población no ha sido sometida, dominada o subyugada por una potencia colonial ni constituye una población étnica y culturalmente distinta de la potencia ocupante, tal como lo requieren las resoluciones relevantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se aplique el derecho a la libre determinación. En este contexto, el “referéndum” al que hace mención el artículo titulado “¿A qué se parece este lugar? Una crónica desde las islas”, que fue convocado por el gobierno británico en 2013 y realizado sin intervención de la Asamblea General, carece de validez y no alteró de modo alguno la disputa de soberanía existente entre las dos Partes: la Argentina y el Reino Unido.

Dicha disputa de soberanía es reconocida por la comunidad internacional desde hace más de 59 años, cuando en el año 1965 la Asamblea General adoptó la Resolución 2065, en cuya negociación el Uruguay jugó un papel fundamental. Esa resolución reconoció la existencia de la disputa e invitó a ambos países a negociar para encontrar una solución pacífica a la controversia, teniendo en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales (Resolución 1514 de la Asamblea General), así como los intereses de la población de las islas. Estos elementos fundamentales han sido reiterados en numerosas resoluciones de la Asamblea General y su Comité Especial de Descolonización adoptadas con posterioridad, ninguna de las cuales contiene referencias a la libre determinación de los pueblos. Incluso en 1985, la Asamblea General rechazó el intento británico de incluir referencias a dicho principio en la resolución sobre las Islas Malvinas.

Lo expuesto no significa que la Argentina sea indiferente a los intereses, bienestar o prosperidad de los isleños. Muy por el contrario, nuestro país ha mantenido y mantiene una actitud constructiva respecto de los habitantes de Malvinas, de conformidad con nuestra Constitución Nacional y la Resolución 2065.

Como resultado de esa resolución, durante 16 años el Reino Unido y la Argentina entablaron un proceso de negociaciones bilaterales respecto de la soberanía. En ese marco, ambas partes consideraron distintas alternativas para poner fin a la disputa, sin perder de vista en ningún momento el interés de los habitantes de las islas. La Argentina, desde el inicio de dichas negociaciones, dio garantías de un régimen de salvaguardias especiales para la población de la isla, y se implementaron una serie de medidas prácticas que mejoraron las condiciones de vida de los isleños y estrecharon los lazos entre el continente y las islas. Contrariamente a lo que se afirma en el artículo en cuestión, Argentina siempre ha demostrado interés en mejorar las condiciones de conectividad de las Islas Malvinas.

Los habitantes de las islas tienen asegurado el pleno goce de los derechos humanos garantizados por nuestra Constitución Nacional, así como el acceso universal, público y gratuito a los sistemas de salud y educación en todos los niveles, como todo habitante del suelo argentino. El respeto a su modo de vida está consagrado por nuestra Constitución Nacional en su Disposición Transitoria Primera.

El trágico conflicto armado de 1982 en ningún modo puso fin a la disputa de soberanía ni tampoco la resolvió. De hecho, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó otras 7 resoluciones sobre la Cuestión de las Islas Malvinas desde entonces, en las que reafirmó la persistencia de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, señaló que el conflicto de 1982 no modificó la naturaleza de la disputa y llamó a ambas partes a reanudar las negociaciones como forma de descolonizar el territorio.

Antes de cerrar, quiero puntualizar sobre el cementerio de Darwin. La serie de artículos incluyó una suerte de comparación entre el cementerio británico de San Carlos y el cementerio de Darwin. Los argentinos brindamos nuestros respetos a todos los caídos en el conflicto, de ambos lados. Cada una de esas cruces hoy tiene un centinela argentino que las protege por nosotros. Para siempre. Por eso realzamos la importancia de los trabajos humanitarios entre la Argentina y el Reino Unido, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para que todas las familias puedan recibir el consuelo que merecen, a más de 40 años del conflicto en el Atlántico Sur.

Las renovadas muestras de respaldo por parte de los diversos foros latinoamericanos evidencian que la controversia se ha consolidado como una causa de todos los países de la región. Tengo plena convicción de que esta unión continental, tanto de los gobiernos como de los pueblos, no solo es valiosa desde el punto de vista de su contribución solidaria, sino que es imprescindible para construir las condiciones necesarias para reanudar el diálogo que permita encontrar una solución pacífica, justa y definitiva a la Cuestión de las Islas Malvinas.

Por supuesto que duelen expresiones hermanas que desconocen esta situación. Porque si bien las Islas Malvinas son para la Argentina un reclamo de soberanía, un caso de derecho internacional, una política de Estado plasmada en la Constitución Nacional, constituye también una causa regional. Es por ello que la Argentina agradece profundamente al pueblo uruguayo por su apoyo en esta causa rioplatense, sudamericana, latinoamericana, hemisférica y, en definitiva, internacional. Las puertas de la Embajada Argentina están abiertas para que todos quienes quieran conversar sobre las Islas Malvinas, encuentren un espacio propicio.

*Embajador de la República Argentina ante la República Oriental del Uruguay