Un país estremecido

Ola de protesta en Nicaragua deja 322 muertos en 9 meses

Ortega reprime y afianza su poder; disidentes pasan a la clandestinidad.

Habitantes de Managua participan de una ceremonia religiosa frente a la Catedral tras suspender una procesión. Foto: EFE
Habitantes de Managua participan de una ceremonia religiosa frente a la Catedral tras suspender una procesión. Foto: EFE

Ninguno de estos nicaragüenses pensó vivir escapando. Pero, muchos habitantes de Nicaragua, una nación centroamericana marcada por la pobreza, ahora viven esta nueva y oscura realidad. Han cambiado sus vidas como abogados, ingenieros, radiodifusores y comerciantes por una inesperada realidad con escondites cambiantes, aplicaciones de mensajes encriptados y seudónimos.

Casi nueve meses después de una espontánea sublevación popular que causó la muerte de 322 personas y llevó a otras 565 a la cárcel, los nicaragüenses de otras ciudades a lo largo del país han pasado a la clandestinidad.

Se esconden de un Estado que muestra creciente autoritarismo y que métodicamente persigue a quienes participan de las protesas masivas y con frecuencia violentas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su señora, la vicepresidenta Rosario Murillo.

“Nos cazan como ciervos”, señala Roberto Carlos Membreño Briceño, de 31 años, un ex asistente legal de la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua, quien abandonó su profesión de abogado y huyó después que sus jefes lo vieron en una foto de una protesta. Ahora vive oculto en una estancia en Costa Rica con 50 desconocidos, incluyendo un bailarín de ballet que tiene el apodo de El Aguila.

Rosario Murillo y Daniel Ortega. Foto: AFP
Rosario Murillo y Daniel Ortega. Foto: AFP

Cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en ciudades de Nicaragua para exigir la inmediata renuncia del presidente hace nueve meses, muchos observadores creyeron que los días de Ortega en el gobierno estaban contados.

En cambio, convencido de que enfrenta un intento de golpe de Estado promovido por partidos políticos bien financiados, Ortega respondió con una estrategia de creciente brutalidad y represión para frenar al movimiento opositor y ha afianzado su poder.

Casi 40 años después de que el izquierdista Frente Sandinista liderado por Ortega derrocó a la dinastía de Somoza que había gobernado en Nicaragua durante décadas, es acusado de convertirse en un dictador como el que él contribuyó a derrocar.

Ortega, de 73 años y su señora Rosario, de 67 años, controlan casi todos los aspectos del gobierno, incluyendo a la Asamblea Nacional, la Suprema Corte, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, la Policía y la Fiscalía.

Acusados.

Los protagonistas de las protestas, que en un momento tenían la esperanza de obligar a Ortega a renunciar después de casi doce años en la presidencia, se han reducido a la grabación de videos subversivos que llaman a su derrocamiento.

Cientos de civiles que nunca usaron un arma ni encendieron un fósforo han sido acusados de delitos vinculados con el terrorismo, bajo una nueva ley que amplió la definición de terrorismo.

En los últimos días, el gobierno cerró un canal de televisión popular, encarceló al director del noticiero y expulsó a observadores internacionales de derechos humanos. Fueron cerradas las estaciones de servicio cuyos responsables participaron de los paros.

“Nuestro trabajo en el terreno demostró que se cometen delitos contra la humanidad”, señaló Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien está entre los monitores internacionales expulsados del país.

Si bien la acción de Ortega ha logrado silenciar a los opositores por ahora, la creciente presión internacional y una economía en caída -marcada por la pérdida de cientos de miles de empleos desde que comenzó la sublevación- pueden plantear desafíos significativos a su poder en los próximos meses.

El presidente Donald Trump promulgó una ley que busca paralizar económicamente al gobierno de Ortega al cortar los créditos de bancos internacionales de desarrollo.

Los opositores temen que aumentar la presión económica podría resultar en actos desesperados a medida que Ortega lucha por su vida política.

Las protestas comenzaron el 18 de abril cuando el gobierno intentó aplicar una reforma de la seguridad social que recortaba los beneficios y subía los aportes. Cuando personas de edad avanzada protestaron en Managua por la reducción de sus jubilaciones, turbas partidarias del gobierno las atacaron.

60 mil buscan refugio en el exterior

El desasosiego social se extendió a otras ciudades de Nicaragua al convertirse las medidas sobre seguridad social en un inesperado detonante de una campaña para terminar con el gobierno de Daniel Ortega, quien volvió a la presidencia en 2007 después que lideró al país de 1979 a 1990.

Estudiantes tomaron los campus universitarios y residentes enmascarados que portaban morteros de fabricación casera y otras armas, montaron barricadas para bloquear carreteras en distintas zonas del país y paralizaron el comercio. La respuesta del gobierno se produjo en cuatro etapas, comenzando por la persecución realizada por una combinación de fuerzas policiales y paramilitares. En julio, comenzó el “operativo limpieza” para eliminar las barricadas de las rutas. Hasta las iglesias fueron atacadas. Después hubo detenciones.

Los expertos estiman que 60.000 personas huyeron de Nicaragua, de las que más de 23.000 buscaron protección como refugiados en Costa Rica.

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