Obama afronta presiones para investigar hechos de la era Bush

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WASHINGTON | EL PAÍS DE MADRID Y

AGENCIAS

Obama ha manifestado reiteradamente su deseo de no echar la vista atrás, pero ya ordenó investigar la muerte de hasta dos mil prisioneros talibanes en Afganistán y puede llegar a tomar acciones tras la divulgación de informes secretos de la CIA.

La revelación de que el propio ex vicepresidente Dick Cheney ordenó a la CIA matar a Bin Laden sin comunicarle previamente sus planes al Congreso, puede ser la última prueba de que los abusos de poder cometidos durante la anterior Administración exceden los límites de lo que puede ser ignorado sin perjudicar gravemente la credibilidad de las instituciones democráticas y del sistema.

Obama tiene que hacer frente a una presión creciente tras este último episodio. La CIA había puesto en marcha después del atentado del 11-S un plan secreto contra Al Qaeda. Ese plan se fue desarrollando sin que ninguno de quienes ocuparon el puesto de director de la CIA desde entonces se atreviese a discutir la orden de Cheney de hacerlo a espaldas de los representantes populares, como manda la ley. Tuvo que cambiar el color del Gobierno, para que el actual jefe de la agencia, Leon Panetta, después de recabar información sobre el asunto, lo transmitiese al Capitolio y le pusiera fin.

Fuentes oficiales informaron ayer que, en esencia, lo que el programa incluía era dinero y entrenamiento para formar un equipo de superagentes capaz de liquidar el problema de Al Qaeda por la vía rápida, es decir matando a sus principales dirigentes. Al parecer, el proyecto fue aplicado tan penosamente que los profesionales de la CIA se avergonzaban de él. En realidad, ni pudo ser creado nunca un equipo tan extraordinario ni, que se sepa, mataron nunca a nadie de relevancia. Todo lo que ha quedado es un horrible caso de instrumentalización de un departamento oficial y un gran motivo de bochorno para el Gobierno anterior y de preocupación para el actual.

Varios senadores demócratas han advertido ya que esto no puede ser pasado por alto y que va a ser difícil satisfacer los deseos de Obama de mirar para adelante. "Siempre he dicho que lo mejor hubiera sido crear una comisión de investigación sobre todos esos asuntos", ha manifestado el presidente del comité de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy.

La oposición republicana, ya atormentada por multitud de problemas internos, ha optado de momento por guardar silencio o por disminuir la importancia del tema. Según, el máximo representante republicano en el comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Pete Hoekstra, el Gobierno no gastó en el proyecto de Cheney más de US$ 50 millones y "nunca llegó realmente a empezar".

Ciertamente, lo más grave de este suceso no es el proyecto en sí, sino el desprecio demostrado por parte del anterior Ejecutivo al papel del Legislativo. Eso ya se puso recientemente en evidencia cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo públicamente que la CIA la había engañado sobre el uso del llamado waterboarding (el ahogamiento fingido). Aunque recibió duras críticas de la oposición, Panetta acabó reconociendo que Pelosi había dicho la verdad y que había documentos que lo demostraban.

Para Obama, desde luego, una investigación de ese tipo ahora podría representar una enorme distracción de su ambiciosa agenda política y, además, un riesgo de aparecer como revanchista a los ojos de la opinión pública. Pero hay señales de que el fiscal general está decidido a abrir algún tipo de investigación, si no mediante la fórmula de una comisión de la verdad, sí con la designación de un fiscal especial sobre el caso.

"Confío en que la decisión que tome no tenga un impacto negativo sobre la agenda del presidente, pero eso no va a influir en mi decisión", ha declarado el fiscal general, Eric Holder, al semanario Newsweek.

Talibanes. Obama le ordenó a su equipo de seguridad nacional que investigue reportes de que aliados de EE.UU. fueron responsables de la muerte de hasta 2.000 prisioneros talibanes durante los primeros días del conflicto en Afganistán. Obama dijo a la cadena CNN que desea tener el recuento completo de los hechos antes de decidir qué hacer.

"Creo que existen responsabilidades que tienen todas las naciones, incluso durante la guerra", afirmó Obama. "Y si parece que de alguna manera nuestra conducta respaldó violaciones a las leyes de guerra, entonces creo que tendremos que enterarnos de eso", agregó.

Los comentarios del presidente parecen contradecir las declaraciones de las autoridades el viernes, cuando dijeron que no tenían fundamentos para investigar las muertes en el 2001 de talibanes prisioneros de guerra, que según grupos defensores de los derechos humanos fueron asesinados por fuerzas respaldadas por EE.UU.

El diario The New York Times reveló que "el gobierno de George W. Bush desalentó repetidamente una investigación llevada a cabo por el FBI, el Departamento de Estado, la Cruz Roja, sobre la muerte de los detenidos". Los funcionarios de la ONU habían iniciado una investigación sobre lo ocurrido tras el hallazgo de algunas fosas comunes en Dasht-e-Leili, cerca de Shibergan, en el norte de Afganistán.

El New York Times informó el viernes que el gobierno del presidente George W. Bush (2001-2009) intentó reiteradamente bloquear investigaciones sobre el supuesto asesinato de hasta 2.000 prisioneros talibanes, cometido en 2001 por un jefe de milicias afganas, Abdul Rashid Dostum, que trabajó en estrecha colaboración con EE.UU. durante la guerra afgana. Dostum fue aliado de los soviéticos cuando invadieron Afganistán en 1980, pero años después se alió a EE.UU. en la lucha contra los talibanes. Los asesinatos habrían ocurrido en noviembre de 2001, cuando tras una batalla en la provincia nororiental de Kunduz los prisioneros talibanes fueron encerrados en contenedores navieros y sofocados, o murieron por disparos hechos a través de las paredes. Luego los sepultados en fosas comunes.

Campo Jazolai | Pakistán comenzó ayer a trasladar en autobuses a un número reducido de los cerca de dos millones de refugiados que huyeron de los combates entre el ejército y los talibanes en el norte, pese a que las familias temen por su seguridad.

La ofensiva militar contra los talibanes islamistas en el valle de Swat forzó a 1,9 millones de personas a desplazarse, la mayoría de las cuales buscaron refugio en casa de parientes y en escuelas, y el resto se instalaron en sofocantes campos de refugiados.

El último asalto fue lanzado en abril bajo la presión de EE.UU. para expulsar a los islamistas, a los que Washington considera una amenaza potencial, pero Islamabad informó días atrás que los militares habían "eliminado" extremistas dentro y en los alrededores del valle del Swat.

El gobierno comenzó ayer a desplazar a familias de refugiados en autobuses y camiones, en un primer día del largo y organizado regreso. El Gobierno asegura que está trabajando por restablecer el suministro eléctrico y de agua corriente en las principales ciudades de la región, pero algunos expertos aseguran que se necesitará algo más para convencer a los refugiados a retornar. AFP