México: ex procurador fue arrestado por la desaparición de 43 estudiantes en 2014

"CRIMEN DE ESTADO"

Después de ser arrestado, el extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de México, Jesús Murillo Karam, llegó ayer, sábado, al Reclusorio Norte de la capital de su país, donde tuvo su primera audiencia ante un juez por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, un hecho lamentable de 2014 que dejó a la sociedad con los pelos de punta y en la angustia, reclamando esclarecimiento todos estos años.

El ex procurador general Jesús Murillo Karam fue arrestado en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México por “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

Murillo Karam es el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas (estudiantes de la Escuela Rural Normal), ocurrida en el estado de Guerrero (sur).

El exfuncionario durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue transportado en una camioneta gris y escoltado por vehículos de las fuerzas armadas.

Su primera audiencia ante un juez mexicano estuvo programada ayer para las 9.00 horas de Ciudad de México, donde se definiría si su detención procede conforme a derecho.

Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa en 2014 fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, y no hay indicios de que estén vivos.

También hubo numerosas detenciones -más de 60- de mandos militares y policiales, según informó la FGR.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre (fecha que conmemora una matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital, de 1968).

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

De acuerdo con este último informe “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias.

La justicia de México ordenó el pasado viernes la detención de 20 mandos militares y 44 policías presuntamente involucrados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes en 2014, además de otras 19 contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen, informó la FGR.

La orden de detención de los agentes, cuyo rango y actividad actual no fue precisada, se conoce horas después de que la fiscalía detuviera al ex procurador general Murillo Karam, responsable de las cuestionadas investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes.

El caso Ayotzinapa, la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos en 2014, vivió así el pasado viernes su más fuerte remezón, con esa captura del responsable de las cuestionadas investigaciones, y la emisión de órdenes de arresto de numerosos supuestos involucrados.

El abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, consideró la detención de Murillo Karam “un paso importante”, pero se mostró escéptico sobre eventuales revelaciones del exprocurador. “Lo que va a hacer el señor Murillo es defenderse, entonces no creo que (...) quiera él aportar alguna información”, dijo Rosales a la cadena ForoTV.

Procurador durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), Murillo llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.

Murillo Karam, de 74 años, no opuso resistencia y quedará preso en un reclusorio de la capital, señaló la Presidencia. El PRI aseguró que la detención “responde más a un tema político que de justicia”.

En 2020, el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero acusó al exprocurador de “orquestar un engaño mediático masivo” y encabezar un “encubrimiento generalizado” en el caso que ahora ha sido declarado crimen de Estado.

En su momento, Murillo anunció que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos quemados en un vertedero por miembros de una banda de narcotraficantes. Sin embargo, la investigación incluyó casos de tortura, detenciones indebidas y mal manejo de las pruebas, lo que hizo que muchos de los miembros de la banda directamente implicados salieran libres.

Al final, Murillo Karam se vio obligado a dimitir de su cargo en las fuerzas del orden, ante las crecientes críticas por su gestión del caso.

El gobierno de López Obrador también ha perseguido la detención de Tomás Zerón, que dirigía la agencia federal de investigación del país en el momento del secuestro.

Los cargos contra Zerón, quien huyó a Israel, incluyen tortura y encubrimiento de las desapariciones forzadas. México solicitó al gobierno israelí su extradición el año pasado.

Manero señaló que, además de los presuntos delitos de Zerón relacionados con el caso, se le acusa de haber robado más de US$ 44 millones del presupuesto de la oficina del fiscal general.

La captura se produjo horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera “verdad” y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el pasado jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un “crimen de Estado”. El documento sostiene que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.

“Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos”, añadió López Obrador en Tijuana.

Previo a su difusión pública, el presidente escuchó el informe del jueves junto con las familias de las víctimas. “Les expresé mi dolor, mi tristeza”, comentó. Los familiares someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos, y generó fuerte condena internacional.

En presencia de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, el presidente sostuvo que la participación de “malos servidores públicos” en los hechos de Ayotzinapa no supone el “mal funcionamiento de una institución”. Más aún, consideró que las revelaciones de la comisión las fortalece “si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.

El informe menciona “responsabilidades claras de elementos” de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advierte que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación.

“Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo”, prometió López Obrador, luego que en marzo la comisión independiente acusara a autoridades de negarse a entregar datos de inteligencia necesarios para las pesquisas.

El GIEI sostiene que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos normalistas identificados hasta ahora. El mandatario anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón.

La extinta Procuraduría fue reemplazada en 2018 por la Fiscalía General que, a diferencia de la anterior, tiene autonomía del gobierno. (Con información de EFE y AFP)