WASHINGTON | EL PAÍS DE MADRID
El único hecho probado de todo lo relacionado con la matanza de Tucson es que el presunto asesino, Jared Loughner, un desequilibrado mental, compró legalmente un arma poderosísima a pesar de poseer antecedentes como los de una detención por consumo de drogas y haber sido rechazado por el Ejército de Estados Unidos.
Al margen del inevitable debate político sobre el caso, algunos congresistas ya comenzaron a hacer lo más práctico: introducir iniciativas legislativas con la intención de aumentar el control de las armas de fuego en el país.
Ni siquiera en el clima de consternación dejado por los sucesos de Arizona va a ser fácil que esa legislación prospere. La cultura de las armas está demasiado introducida en la sociedad norteamericana como para revertirla por este crimen: el número de estadounidenses que apoyan las armas ha ido precipitadamente en aumento en los últimos años, mientras que las medidas de control han disminuido de forma significativa. En Arizona, el estado más tolerante del país, prácticamente no existe ninguna.
Esta parece, no obstante, una buena ocasión para intentar modificar la situación, y algunos congresistas quieren aprovecharla. La representante por el Estado de Nueva York Carolyn McCarthy ha presentado una propuesta para prohibir los cargadores de múltiples balas que le permitieron a Loughner hacer 33 disparos con una sola pistola y matar o herir a 19 personas. Otras medidas de control podrían añadirse a esa legislación.
McCarthy, cuyo marido murió asesinado por un arma de fuego en 1993, cuenta con el apoyo del demócrata Frank Lautenberg en el Senado, e intenta conseguir el respaldo de algunos republicanos para darle a su iniciativa posibilidades.
Esta semana se contaba con que un representante republicano también de Nueva York, Peter King, se sumase a la acción de McCarthy con una propuesta para impedir el acceso con armas a un perímetro determinado en torno a instalaciones del Gobierno.
Detrás de la actuación de esos congresistas se encuentra en parte el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, un firme defensor del control de las armas de fuego, junto a un grupo de alcaldes notables que intentan que los ciudadanos, bastante indiferentes al peligro de las pistolas, tomen conciencia de la importancia de este asunto. Uno de ellos, el alcalde de Chicago, Richard Daley, dijo que Estados Unidos se había convertido en los últimos años en "una máquina de matar".
Y esta percepción no es ninguna exageración: según el grupo Campaña Brady, que lleva el nombre del jefe de prensa que recibió un tiro durante el intento de asesinato de Ronald Reagan, entre 1979 y 1997 murieron más personas en este país por armas de fuego (651.697) que en todas las guerras en las que ha participado Estados Unidos desde la Revolución Americana (650.858).
La situación sólo ha empeorado desde el final de esa estadística. En 2009 murieron cerca de 10.000 personas por disparos. En los años noventa, alrededor de un 75% de los norteamericanos eran partidarios de medidas de control de las armas; una encuesta publicada recientemente por Gallup reducía esa cifra al 44%.