CRISIS POLÍTICA

Manuel Merino, hasta ahora presidente del Congreso unicameral peruano, asumió ayer martes el gobierno en lugar del destituido Martín Vizcarra, y ratificó que mantendrá la fecha de las elecciones previstas para abril de 2021.

Merino, un empresario del sector agrícola y miembro del partido de centro derecha Acción Popular, completará el actual periodo gubernamental de cinco años, hasta julio del 2021.

“Aquí no hay nada que celebrar, es un momento difícil para el país”, dijo Merino en su discurso de toma de mando.

“Reitero ante el país que nuestro primer compromiso es ratificar nuestra convicción democrática y respetar el cronograma electoral”, sostuvo.

“Nadie puede cambiar la fecha convocada para el 11 de abril del 2021”, agregó.

Vizcarra fue expulsado en la noche del lunes por el Congreso tras denuncias de corrupción, en el segundo juicio político en su contra en menos de dos meses.

Merino -de 59 años- afirmó también que continuará con la política de reactivación económica y prometió dinamizar el mercado para generar más empleo.

Asimismo, refirió que su prioridad será el combate a la pandemia del COVID-19 y que mantendrá “en lo posible” a los equipos médicos que lideran la lucha contra el coronavirus.

“Tenemos que garantizar las medidas necesarias para que una posible segunda ola no nos encuentre vulnerables”, señaló.

Mientras el nuevo mandatario tomada el cargo, cientos de manifestantes se enfrentaban con la policía que tuvo que lanzar bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Vizcarra recibió también apoyo de políticos que podrían entrar en la carrera por el Palacio de Gobierno en 2021, entre ellos el exarquero de fútbol George Forsyth que lidera las encuestas de intención de voto.

“Este es un golpe de estado disfrazado. Necesitamos calma, pero también mucha vigilancia ciudadana”, dijo Forsyth por Twitter.

Vizcarra, por su parte, manifestó ayer martes sentirse alarmado por la situación del país y por las manifestaciones en las calles, generado por un quiebre apresurado de su mandato.

“Tengo preocupación, como la tienen muchos peruanos, porque una autoridad para poder ejercer su autoridad necesita dos principios y condiciones básicas: legalidad y legitimidad”, dijo Vizcarra. “La legalidad está en tela de juicio porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó y la legitimidad la da el pueblo”, declaró.

Perú, que ha liderado por varios años el crecimiento en América Latina, ha transitado por constantes escándalos de corrupción que han llevado a tres expresidentes a prisión preventiva y otro al suicido en las últimas dos décadas.

Esta nueva crisis política ocurre cuando los casos de coronavirus suman 923.527 y los muertos 34.943 en Perú. Asimismo, la cuarentena ha afectado duramente a la economía del país, que se contraería este año un 12,7%.

El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver en diciembre una demanda para definir los alcances de la “incapacidad moral” que había presentado Vizcarra en septiembre cuando Merino echó a andar una primera moción de destitución en su contra, que no prosperó.

Vizcarra se comprometió a colaborar con la fiscalía en las investigaciones de las denuncias de que habría recibido sobornos en 2014 cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua, cargos que él niega y que sirvieron al Congreso de argumento para destituirlo.

Ingeniero de 57 años y empresario de la construcción, Vizcarra dijo que retomará su actividad profesional.

“Obviamente yo quería estar (en la presidencia) hasta cumplir el plazo establecido por la Constitución, el 28 de julio del 2021. Pero pareciera que finalmente la democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos del Congreso”, agregó el ahora expresidente.

“Regresaré a mi actividad profesional, yo siempre trabajo, no puedo dejar de hacerlo”, agregó, sin precisar si retornará a Moquegua su tierra natal al sur del país.