Las audiencias por el Lava Jato

Fue interrogado por reformas en una casa que pagaron OAS y Odebrecht.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abandonó ayer miércoles por primera vez en siete meses la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple una pena de más de 12 años de cárcel, para ser interrogado durante tres horas por otra de las causas en su contra.

Luego de la audiencia, el mismo convoy de patrulleros negros que había traído al exmandatario, lo llevó de regreso a la prisión donde permanece detenido desde el 7 de abril.

Lula, que lució un traje oscuro, camisa celeste y corbata roja, fue interrogado por la jueza Gabriela Hardt, quien comanda provisionalmente la operación anticorrupción Lava Jato en sustitución de Sergio Moro, futuro ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro. Tras el fichaje de Moro como ministro, la defensa de Lula resaltó "la irremediable pérdida de la imparcialidad" del juez y presentó un habeas corpus ante el Tribunal Supremo para conseguir la libertad del ex presidente.

La ausencia de Moro hizo que ayer la audiencia fuera mucho más tranquila que el tenso interrogatorio que mantuvo con Lula en el mismo lugar hace más de un año.

Lula, de 73 años, se encontraba aparentemente bien de salud pero algo más delgado.

Antes de ir a declarar, Lula recibió en la cárcel a sus abogados y a Fernando Haddad, el excandidato del Partido de los Trabajadores (PT).

En la causa por la que fue interrogado ayer, Lula respondió por el presunto beneficio de reformas pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht entre 2010 y 2014 en una casa de campo en Atibaia, municipio del interior del estado de San Pablo. La fiscalía lo acusa de ser el propietario "de facto" y de haber retribuido estas prebendas con contratos en Petrobras. La defensa de Lula mantiene su inocencia y asegura que la propiedad no le pertenece.

En la condena a 12 años y un mes de cárcel que purga actualmente, Lula fue considerado beneficiario de un apartamento en la ciudad balnearia de Guarujá (costa de San Pablo), puesto a su disposición por OAS, igualmente a cambio de su mediación en contratos de la paraestatal petrolera Petrobras.

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Lula enfrenta otros cuatro procesos por corrupción, tráfico de influencias, lavado de activos y formación de organización criminal. En todos se declara inocente y denuncia una conspiración para evitar que vuelva al poder.

"Soy víctima de una mentira", declaró ayer en el juzgado.

El expresidente afirmó que nunca pidió las obras en la casa de campo en Atibaia. La casa es de propiedad del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que se la cedió temporalmente al expresidente en 2010.

"Hicieron esas obras sin que yo se las pidiera. Es gracioso porque primero hacen una obras que yo no les pedí y después negocian un acuerdo con la Justicia en el que se comprometen a citarme", afirmó Lula.

Las diferentes obras y reformas fueron realizadas por una empresa propiedad de José Carlos Bumlai, un empresario amigo de Lula, y por las constructoras OAS y Odebrecht. Las tres fueron condenadas por haberse beneficiado de contratos usados para desviar recursos de la petrolera estatal Petrobras.

Los propietarios de Odebrecht y OAS declararon ante la Justicia que costearon las reformas en la casa como sobornos por los beneficios que recibieron en el Gobierno de Lula.

El exmandatario afirmó inicialmente que desconocía las acusaciones en su contra, ya que creía que lo estaban acusando de ser el dueño de la casa de campo.

Luego de que la jueza le aclarara que no se le acusaba de ser el dueño de la propiedad sino de haberse beneficiado de las reformas, el expresidente afirmó que ningún empresario puede afirmar que él pidió que realizasen las obras. "Voy a esa casa de campo porque el dueño me autorizó a ir, por eso mis objetos personales estaban allá", afirmó. Agregó que en ningún momento se le ocurrió preguntar quién estaba pagando esas obras debido a que la propiedad no era suya.

"No tenía conocimiento. En ningún momento me interesé. La casa no era mía y no tenía por qué preguntar por esas obras. No pregunté porque la casa tiene dueño y el dueño es Fernando Bittar", dijo.

Bittar es socio de uno de los hijos de Lula en una empresa de tecnología.

"Yo no encomendé las obras, no tenía por qué pagarlas. Pensé que el dueño las había pagado", insistió Lula ante la jueza que reemplaza a Moro.

El exjefe de Estado, sin embargo, no supo explicar por qué algunos de los recibos de las reformas en la casa de campo habían sido hallados en un allanamiento a su residencia particular en San Pablo.