Las claves del "Rolexgate", el escándalo que compromete a la presidenta de Perú, Dina Boluarte

La mandataria es investigada por presunto enriquecimiento ilícito. Tendría varios relojes de lujo que no habría declarado dentro de sus bienes. Así sigue la polémica que tiene en vilo al Gobierno.

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El presidente de Corte Suprema de Perú niega que el allanamiento a Dina Boluarte sea inconstitucional
Dina Boluarte: la presidenta comparecerá el viernes ante la Fiscalía tras el allanamiento del 30 de marzo.
Foto: EFE

AFP
Unos relojes de lujo hacen tambalear elfrágil gobierno de Dina Boluarte. La presidenta de Perú deberá explicar esta semana a la fiscalía la procedencia de estas joyas, pero su suerte más que de la justicia depende del Congreso, donde la izquierda promueve su destitución.

Boluarte será escuchada por los fiscales el viernes por primera vez desde que la policía allanó su vivienda y despacho presidencial el 30 de marzo. La mandataria de 61 años es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del “Rolexgate”, como se conoce el escándalo que estalló a mediados de marzo por una investigación periodística. Boluarte tendría varios relojes de lujo que no habría declarado dentro de sus bienes.

El lunes, seis ministros renunciaron en medio de la tormenta. El futuro de su mandato, que concluye en julio de 2026, “es incierto, a pesar de que se juega por dos cuerdas separadas que son la judicial y la política”, dijo a la AFP el analista Augusto Alvarez Rodrich.

Escenario judicial

Ante el escándalo que produjo el allanamiento, Boluarte solicitó adelantar la fecha de su indagatoria, aunque la fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre ese pedido.

En la diligencia ella deberá exhibir y justificar la compra de la supuesta colección de al menos tres relojes Rolex, que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días. La fiscalía, sin embargo, puede investigarla por un máximo de ocho meses desde que empezó a hacerlo en marzo. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según fija la Constitución.

Así que sería en “el terreno político, el Congreso, donde se decidirá si ella permanece en la presidencia”, subrayó Alvarez.

La fiscalía ya investiga a Boluarte desde 2023 por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, por la muerte de más de 50 civiles “durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023” que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.

Escenario político

El parlamento unicameral comenzó el trámite de una moción de vacancia (destitución) por “permanente incapacidad moral” presentada por Perú Libre, partido izquierdista al que perteneció Boluarte. El pedido es apoyado por 30 congresistas, pero para ser admitido a debate requiere más de medio centenar de votos de los 130 legisladores.

Solo después se iniciaría un juicio político. Para ser destituida, la oposición requiere reunir más de 86 votos. En ese contexto, el primer ministro Gustavo Adrianzén irá hoy miércoles al Congreso para exponer la política general del gobierno y solicitar un voto de confianza, en un acto que estaba previsto antes de que se desencadenara la crisis.

El Congreso es controlado por una mayoría de partidos de derecha, que son el sostén de Boluarte. Ella carece de bancada propia.

“Hasta el momento no hay posibilidades de una vacancia porque el Congreso es consciente de que sería inevitable convocar a elecciones adelantadas y prefiere evitar ese riesgo”, según Alvarez, también columnista del diario La República.

La Corte Suprema defiende su accionar

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó ayer que el allanamiento al domicilio de Boluarte y al Palacio de Gobierno cumplió con la ley y no fue inconstitucional, como denunció el Gobierno. “Ninguna medida que se ha adoptado es inconstitucional. Acá tenemos que ser claros, la Policía ha cumplido su papel, no tenemos que culparla de nada, se ha llevado adelante un procedimiento y se siguió”, dijo Arévalo a medios. Añadió que fue la Fiscalía quien hizo la petición de allanar el domicilio y el Palacio de Gobierno y que el juez autorizó el descerraje de la puerta.

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