Guardia Nacional de México pasa a control del Ejército tras reforma legislativa

CAMBIOS

La Guardia Nacional de México, un cuerpo policial con mando civil, pasó al control del Ejército tras una reforma legislativa que fue rechazada por Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos por considerar que profundiza la militarización de la seguridad pública.

“La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió (y) fue una escuela para formar a funcionarios corruptos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al agradecer a su bancada en el Senado la aprobación de la enmienda. Pero la alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, consideró la decisión como un “retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos”, según un comunicado.

La medida deja al país “sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública”, añadió.

Con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, el Senado avaló el dictamen que modificó cuatro leyes sobre seguridad. Una semana atrás fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Esto permitirá que la Guardia, hasta ahora bajo control del Ministerio de Seguridad, tenga “la tutela, guía y ejemplo” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), su-brayó el mandatario en una conferencia en el estado de Zacatecas (centro).

La Guardia, integrada por 115.000 efectivos, en su mayoría militares, fue creada por López Obrador en 2019 en reemplazo de la Policía Federal, que operó durante diez años marcados por denuncias de corrupción y violaciones de derechos fundamentales.

El gobernante justifica el paso de ese cuerpo al Ejército, aduciendo que los militares son menos permeables a la corrupción y que gozan de popularidad.

El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, destacó como positivo que las Fuerzas Armadas puedan formar a los integrantes del cuerpo policial, que según el gobierno conservará el mando civil.

Sin embargo, la alta comisionada de la ONU insistió en que los militares “solo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión de órganos civiles independientes”.