BRASIL
Legisladores opositores acusan al gobernador de haber comprado respiradores para atender a pacientes con COVID-19 con sobreprecios.
La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro abrió ayer miércoles un juicio político para destituir al gobernador de este estado, Wilson Witzel, por irregularidades que se le atribuyen en la gestión de la pandemia de la COVID-19, como fraudes en la compra de respiradores.
El órgano Legislativo dio así el primer paso en un engorroso y largo juicio político que puede concluir con la destitución de Witzel, líder del minúsculo Partido Social Cristiano (PSC), en caso de que una amplia mayoría de los diputados regionales lo considere culpable.
La apertura del juicio fue anunciada por el presidente de la Asamblea, André Ceciliano. En una votación en una sesión virtual del pleno de la Asamblea, los 69 legisladores presentes se pronunciaron de forma unánime por el inicio del proceso político.
“Quise tomar una decisión conjunta y esa decisión no significa un prejuicio, pero necesitábamos dar una posición a la sociedad”, aseguró Ceciliano.
La apertura del juicio fue aprobada incluso por los correligionarios de Witzel en el PSC y por varios de sus aliados, que podrán votar a favor del gobernador en la decisión final y que, en caso de que constituyan una mayoría, podrán hacer abortar todo el proceso.
De las 14 peticiones de juicio político contra el gobernador que estaban sobre su mesa, Ceciliano puso a votación la presentada por dos diputados del Partido Socialista Democrático Brasileño (PSDB) y archivó las otras 13.
En la denuncia aceptada, los legisladores opositores acusan al gobernador de haber comprado respiradores para atender a pacientes con COVID-19 con sobreprecios, de haber desviado recursos destinados a la construcción de hospitales de campaña y de recibir sobornos de un empresario del área de la salud que se adjudicó varios de los contratos de emergencia para hacer frente a la pandemia.
Wilzel ya es investigado por la Policía Federal por supuestas irregularidades en esos contratos y tanto el Palacio de Laranjeiras -residencia oficial del gobernador- como sus oficinas y la de su esposa fueron blanco de allanamientos.
Las denuncias obligaron al gobernador a destituir a algunos de sus principales colaboradores en la secretaría regional de Salud.
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