Gabriel Boric en conflictivo primer año al frente del gobierno chileno

El primer año del Gobierno de Gabriel Boric desde la perspectiva económica ha quedado marcado por la crisis coyuntural internacional, que el mandatario ha tratado de combatir con pragmatismo y medidas sociales y verdes similares a las de las grandes economías europeas, y los ataques de la oposición y la elite financiera.

El último y más duro golpe fue completado esta semana después de que el Congreso votara en contra de la ambiciosa ley de reforma tributaria, que contaba con el aplauso de organismos como Cepal y OCDE y con la que se pretendía aumentar la recaudación fiscal en 3,4% del PIB.

Un supuesto “palo al Gobierno” que el propio Boric calificó de derrota para jubilados, mujeres y quienes necesitan cuidados, y que el abatido ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo, celebran los evasores y sus asesores y socava la inversión, pues atascará el consumo y la recuperación económica.

Aun así, Boric reiteró ayer, sábado, su llamado para buscar un acuerdo que permita sacar adelante la reforma tributaria, iniciativa que plantea reestructurar el impuesto a la renta, entre otras medidas, y que fue rechazada por el Congreso.

La decisión del Congreso, fruto también de las pírricas batallas en el seno de la alianza de izquierdas, se suma al fracaso en el referéndum sobre la nueva Constitución, rechazada por amplia mayoría pese a que garantizaba mayores derechos y abría el camino a reformas sociales estructurales, según sus defensores.

En octubre, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, advirtió que la prolongación de la guerra, la galopante inflación galopante y la crisis energética europea proyectan un “futuro desafiante”, ya que “lo peor de la crisis está por llegar”.

Si a ello se suma la fuerte subida de tasas de interés en EE.UU., el dólar más alto en 20 años y la desaceleración económica china, el horizonte se atisba tenebroso, especialmente en Latinoamérica, donde se prevé que el crecimiento sea muy lento en todos los países menos uno: Chile, el único que probablemente entre en recesión.

Según los pronósticos más optimistas del FMI, marcará una contracción de entorno al 1%, no solo por la subida de la tasa de interés, la tercera más alta de la región, tras Argentina y Brasil.

También por el fluctuante precio del cobre y la decisión del Gobierno de Boric de evitar financiar la política social con deuda, al contrario que hiciera su predecesor, en un ejercicio de responsabilidad fiscal y de visión a medio plazo que si bien lastra el crecimiento, crea bases más sólidas de cara a la recuperación futura, según los expertos.

Influye igualmente la desigualdad estructural de la sociedad chilena, víctima de una pérdida de poder adquisitivo en todas las clases menos en la elite, agregan.

La inflación superó el 13% en agosto -la más alta en tres décadas- mientras que los salarios permanecieron estancados y el crédito se encareció como consecuencia de la escalada de la Unidad de Fomento (UF), una antigua herramienta pensada para el ahorro devenido en espada de Damocles para las familias

Economistas locales, como Manuel Agosín, de la Universidad de Chile, consideran que el desempeño económico de la Administración Boric ha sido malo “totalmente desenfocado de las necesidades de los chilenos” ya que “su ideología no le permite percibir la realidad”.

Desde el exterior, sin embargo, se observa con más indulgencia, conscientes de los obstáculos internos y de la rémora que para cualquier gobernante supone la coyuntura mundial.

“Boric tenía una misión difícil, política y económicamente. Buscaba implementar promesas de campaña ambiciosas y costosas, en un momento en el que Chile estaba recortando el gasto para abordar la resaca de la deuda por la pandemia”, explica Benjamin Gedan, director adjunto del Programa Latinoamericano del centro de estudios Wilson Center, con sede en Washington.

“Justo cuando Boric buscaba reestructurar el contrato social de Chile, la convención constitucional produjo una propuesta impopular que se incendió y descubrió que el Congreso dividido no es fácil de navegar”, subraya.

Pero “el estilo de Boric, su reacción a la fallida reforma constitucional y sus últimos nombramientos en el gabinete han mostrado un pragmatismo que tranquiliza a los inversores. Eso ayudará a Chile a atraer capital y restaurar el crecimiento económico”, afirma.

Foto: AFP

Boric cambió el viernes a su canciller y a otros cuatro ministros, en una renovación de su gabinete que busca mejorar su gestión a un año de asumir el poder.

Los cambios fueron vistos como un giro al centro por analistas locales.

Después de la dura derrota que sufrió en el Congreso, realizó ajustes en su equipo, con el foco en mejorar la gestión y equilibrar las fuerzas de la coalición de izquierda que lo acompaña.

Se trata del segundo cambio de gabinete que realiza Boric durante su primer año de gobierno, marcado por un inicio turbulento y la paulatina recuperación de la normalidad en la vida del país tras tres años de fricciones e incertidumbres.

La renovación alcanzó a los ministerios de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Cultura, Deportes y Ciencias. También realizó cambios en 15 subsecretarías.

La alianza de gobierno está compuesta por el llamado Socialismo Democrático, que agrupa a los partidos de la izquierda tradicional chilena y Apruebo Dignidad, que reúne a los jóvenes partidos del Frente Amplio -donde milita Boric- y el Partido Comunista.

La nueva composición cambia también la hegemonía de mujeres que se mantenía en el gabinete y ahora hay paridad: 12 ministras y 12 ministros. Antes, eran 14 mujeres y 10 hombres en el gabinete ministerial.

Deja intacto el Comité Político, el círculo más cercano al gobernante, y al equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda Mario Marcel, que ha logrado exhibir buenas cifras en el ámbito local.

El exsubsecretario de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y agente de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Alberto van Klaveren, de 74 años, reemplazará en el cargo a la excanciller Antonia Urrejola.

Urrejola se mantenía en el cargo desde el inicio del gobierno. En este año su gestión ha estado marcada por el sello propio que ha impreso Chile en materia de política exterior, con un Boric que no ha vacilado en tildar de “dictadura” al gobierno de Ortega en Nicaragua y ha sido muy crítico de Maduro en Venezuela. Pero algunos problemas en la Cancillería, como la filtración de un audio en que se referían en duros términos al embajador de Argentina en Chile, sellaron la salida de Urrejola.

En Obras Públicas asumirá la expresidenta del Banco Estado Jessica López; el exdirector de Televisión Nacional de Chile, Jaime de Aguirre, lo hará en Cultura; mientras que el exjugador del fútbol profesional y exsubsecretario de la cartera, Jaime Pizarro (popular exfutbolista del Colo Colo), quedó a cargo de Deportes.

Este ajuste es especialmente importante, pues Chile será sede en octubre de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ministra saliente, Alexandra Benado, había recibido críticas por la supuesta lentitud en la preparación de los recintos deportivos.

La abogada Aisén Etcheverry encabezará el ministerio de Ciencias.

“Lo digo de nuevo, necesitamos distribuir de mejor manera los recursos en nuestro país y para eso necesitábamos una reforma tributaria (...) Estamos disponibles a conversar, extendemos las manos para eso, pero necesitamos mayor disposición”, afirmó Boric a la salida del consejo de gabinete que encabezó ayer, el primero desde el segundo ajuste ministerial de su Administración que se concretó el viernes.

“Que la gente entienda que para poder financiar derechos sociales se requiere de distribuir de mejor manera los recursos, cuidar las pequeñas y medianas empresas, y en eso estamos”, agregó Boric.

Según explicó, “lo primero, es financiar la reforma de pensiones, sin reforma tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando (...) Hay gente que está muriendo, que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir, no podemos seguir haciéndolas esperar”.

Con el resultado del miércoles en la Cámara de Diputados, el proyecto terminó su tramitación y el Ejecutivo no podrá presentar iniciativas similares por un plazo de un año en el mismo organismo, aunque puede insistir en avanzar a través del Senado, donde tampoco tiene mayoría, introduciendo algunos cambios.

El proyecto de ley incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medioambiente, así como otras medidas de carácter social.

La recaudación tributaria en Chile supuso el 19,3% del PIB en 2020, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muy por debajo del promedio en Latinoamérica, el 21,9%, y de este propio organismo, un 33,5%. Según sus cálculos, la reforma obligaría a pagar más impuestos “a un 3% de la población”, en un país con los mayores índices de desigualdad de la OCDE.