Río de Janeiro - El extraño caso de la muerte del ex presidente de Brasil Joao Goulart resurge hoy como una novela de espionaje acerca de la negra historia de los gobiernos militares que dominaron América del Sur a sangre y plomo.
Joao Goulart, "Jango", fue presidente de Brasil entre 1961 y 1964, cuando fue derrocado por un golpe de Estado de militares apoyado por Estados Unidos.
Exiliado en Argentina, murió de un infarto, según la historia oficial.
Pero hoy su familia está más convencida de que en realidad Jango fue envenenado con píldoras colocadas en un frasco de medicinas por agentes secretos uruguayos, al servicio de la dictadura de Brasil.
La muerte de Jango fue "por mandato del gobierno militar brasileño, en una operación internacional con el apoyo de las dictaduras de la región", dijo Joao Vicente Goulart, un hijo del ex presidente, en una entrevista con Efe.
Jango murió el 6 de diciembre de 1976, a los 57 años, en su casa de la hacienda La Villa, cerca de la ciudad argentina de Mercedes. Su cuerpo fue de inmediato trasladado a Sao Borja, en el estado brasileño de Río Grande do Sul, y sepultado sin autopsia.
La familia Goulart pidió a finales de 2007 a la Procuraduría General de Brasil que investigue si este popular político de izquierda y líder en el exilio de la oposición fue víctima de un asesinato.
Hasta ahora ni el gobierno ni la justicia brasileña se han pronunciado sobre el caso, resucitado después de que en 2000 una comisión del Congreso no encontrara indicios de un crimen.
"Creo en la apertura en mi país y llevamos el caso a las autoridades competentes de nuestra patria", dijo Goulart hijo.
"Pero si no toman una posición y no abren una investigación ante las evidencias notables, lo llevaremos a una corte internacional, sea en la ONU o la Corte de La Haya", agregó.
Militares de Brasil y del Cono Sur Americano mantenían una "cooperativa del crimen" para perseguir opositores mucho antes de la famosa Operación Cóndor, afirmó.
"El gran miedo era la capacidad del presidente Jango de unir políticamente a varios grupos dispersos de izquierda y en general de oposición política en Brasil", argumentó Goulart.
La "prueba viva" que nutre ahora la tesis del asesinato es un uruguayo llamado Mario Neira Barreiro, de 53 años, preso en el penal de Charquedas, situado en los suburbios de Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul (sur).
Haciéndose pasar por periodista, Goulart entrevistó a Barreiro hace un año para un documental que está preparando sobre el ex presidente con apoyo de la televisión del Senado de Brasil.
Barreiro, un delincuente confeso, había dado indicios del supuesto complot durante una entrevista para el diario uruguayo "La República" en 2002.
Pero esta vez además contó detalles de la rutina doméstica de los Goulart en su exilio entre Uruguay y Argentina.
"No recuerdo si lo colocamos en el Isordil, en el Adelpan o en el Nifodin. Logramos colocar un comprimido en los remedios importados de Francia", dijo Barreiro en el testimonio grabado.
El veneno, según Barreiro, fue preparado por un médico uruguayo llamado Carlos Milles, quien después asesinado en Montevideo en una operación de "quema de archivo", agregó.
Goulart hijo explicó que la familia esperó antes de presentar la denuncia formal mientras reunía nuevas evidencias.
Un aporte decisivo provino de la ministra brasileña de la Casa Civil, Dilma Rousseff, quien el año pasado le entregó a la familia unos 7.000 documentos de archivos del extinto Servicio Nacional de Informaciones (SNI) de la dictadura militar.
Entre los papeles hay testimonios de agentes brasileños que entraron clandestinamente a la casa de los Goulart y retiraron cartas del ex presidente argentino Juan Domingo Perón, amigo de Jango.
También hay fotos de la rutina familiar de los exiliados. Eran los tiempos de la Guerra Fría y de paranoia anticomunista.
"Los archivos vinieron a confirmar la tesis de Barreiro. Todo el mundo decía que no había pruebas", dijo Goulart.
Para la historiadora Denize Goulart, la otra hija del ex presidente, Jango pudo haber regresado al poder.
"Tenemos la obligación de conocer la historia sin sentimientos de venganza o revanchismo. No se pueden colocar debajo de la alfombra los errores del pasado", comentó a Efe.
"La familia tiene el derecho de conocer las circunstancias" de la muerte, agregó Denize, quien tenía 18 años cuando murió su padre y vivía protegida en Londres.
Jango "fue un presidente electo constitucionalmente, depuesto por un golpe militar, murió en el exilio y nunca fue amnistiado, ni siquiera después de su muerte", señaló Denize.
"No sólo queremos saber si fue asesinado, sino también rescatar su memoria", agregó.
EFE