La organización Human Rights Watch (HRW) dijo que la filtración de una base de datos del Gobierno de El Salvador“permite corroborar graves violaciones de derechos humanos” en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, dijo Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de HRW, en un comunicado.

Añadió que “los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados”. Además, Taraciuk apunta a que las autoridades “han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”.

De acuerdo con la organización, esta base de datos “respalda hallazgos sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia en El Salvador”.

HRW también sostuvo que los datos, que supuestamente pertenecen al Ministerio de Seguridad, apoyan los señalamientos hechos junto a la organización Cristosal en un informe sobre violaciones a derechos humanos.

“Para evaluar su autenticidad, Human Rights Watch comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes, incluidos casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias”, aseguró. Destacó que el documento da cuenta de la detención, al menos hasta agosto, de 1.082 menores de edad -918 niños y 164 niñas- y que “habían sido enviados a detención provisional”. También que más de 39.000 personas habían sido acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8.000 de pertenecer a una “organización terrorista”, mientras que “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos”.

HRW y Cristosal concluyeron además, en un informe de diciembre de 2022, que en El Salvador “se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción”, como detenciones “arbitrarias masivas”, torturas y muertes bajo custodia estatal.

A finales de marzo pasado, el Congreso aprobó el régimen de excepción a petición del Gobierno de Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos atribuidos a la pandillas. La medida se ha ampliado en diez ocasiones.

Por su parte, la organización Acción Ciudadana informó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador puso bajo secreto estadísticas de investigaciones administrativas sobre posible enriquecimiento ilícito.

La fuente señaló que la CSJ “denegó el acceso a información estadística” sobre los “expedientes por presunto enriquecimiento ilícito que están siendo procesados” por la Sección de Probidad.

En el pasado, diversas investigaciones realizadas por esta sección han concluido con juicios civiles contra exfuncionarios y derivado en procesos penales, como el caso del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).

La fuente indicó que también se negó “el listado de funcionarios que han incumplido su obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio”.