La transición en Brasil

Esta Navidad el presidente saliente Temer aprobaría los últimos; polémica por los casos de corrupción.

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció ayer miércoles que no indultará a presos en su gobierno. Un indulto presidencial concedido por la Navidad por el presidente Michel Temer en 2017 generó polémica al considerarse que podría haber favorecido a condenados por corrupción, según la propia Fiscalía General. Temer otorgó el beneficio a quienes hubieran cumplido un quinto de la pena en caso de crímenes sin violencia o amenaza grave.

Las autoridades ahora evalúan las condiciones del nuevo decreto que daría Temer en diciembre de 2018, al final de su mandato, y que se prevé sea más riguroso que en navidades anteriores.

"Atacar fuertemente el tema de la violencia y criminalidad fue uno de nuestros principales compromisos de campaña. Les garantizo que si hay indulto para criminales este año, ciertamente será el último", tuiteó ayer Bolsonaro, que asumirá el gobierno el 1º de enero.

El indulto es una atribución presidencial prevista en la Constitución que se aplica siguiendo condiciones puntuales como buen comportamiento y cumplimiento de parte de la pena o temas de salud. No son contemplados crímenes graves o violentos.

"No es un cheque en blanco, no se trata de liberar grandes criminales, sino que atiende a un perfil específico de alguien que está en condiciones de volver a la sociedad", explicó a la AFP Rafael Custodio de la ONG Conectas. Custodio agregó que de ser ejecutada la decisión de no conceder indultos sería sin precedentes en la historia democrática brasileña.

Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, con 726.712 reclusos, según los últimos datos oficiales, divulgados en 2016. La cifra casi duplica la capacidad penitenciaria del país, calculada ese año en 368.049 plazas.

Además, las cárceles brasileñas son escenarios constantes de motines, peleas y fugas, principalmente motivadas por hacinamiento, condiciones precarias y peleas entre facciones rivales.

Brasil instalará tres radares aéreos para control en baja altitud en las fronteras con Paraguay y Bolivia para combatir el tráfico internacional de drogas y armas.

El Ministerio de Seguridad Pública transferirá 140 millones de reales (unos 36 millones de dólares) de sus recursos para que la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) compre los radares.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Seguridad, Raul Jungmann, y el teniente brigadier Nivaldo Luiz Rossato, comandante de la FAB. "A partir de ahora, estamos reduciendo por vía aérea la posibilidad de que armas y drogas lleguen a nuestras ciudades y aumenten el miedo, la violencia y la fuerza de las facciones criminales", expresó Jungmann. "Tenemos cinco países vecinos que son o grandes productores o refinadores o paso de drogas, sustancias que, cuando ingresan por nuestras fronteras, se transforman en violencia, en tragedia", añadió el ministro.

Según Rossato, los nuevos equipamientos suplirán los fallos en la vigilancia de zonas de baja altitud, como algunas localidades en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Bolivia y Paraguay y por donde más entran aeronaves ilegales a Brasil. Esos "puntos ciegos", que son aprovechados por los contrabandistas, son vigiladas actualmente por las autoridades brasileñas con aviones cuyo mantenimiento anual es de 36 millones de dólares, el mismo valor que costarán los radares, pero estos últimos con una vida útil de 20 años.