Cobos y empresarios se suman a las críticas al gobierno por fútbol

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BUENOS AIRES | LA NACIÓN/GDA Y AP

El vicepresidente Julio Cobos y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se sumaron ayer a las voces opositoras que cuestionan el acuerdo entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y el gobierno por los derechos de televisación.

"Espero que si las transmisiones son gratis, lo sean para todos y no que se entienda que todos los argentinos tengamos que aportar 600 millones de pesos -unos 153 millones de dólares- para darle una salida a este asunto", subrayó Cobos el sábado en relación al dinero que la AFA habría pedido al gobierno. Pero sus críticas no terminaron ahí.

"¿Saben ustedes a cuánto asciende el presupuesto de la Secretaría de Deportes de la Nación?", preguntó. "135 millones de pesos. Y de ese total, ejecutado hasta la fecha, hay 17 millones en deporte social", agregó.

Cobos propuso ayer que la AFA haga un llamado a licitación para la nueva concesión de las transmisiones del fútbol profesional y advirtió: "Todos deseamos ver fútbol gratis por televisión, pero si el Estado pone dinero no va a ser gratis". Al mismo tiempo abogó por un proceso transparente que incluya un concurso de precios para que "todos los interesados en las transmisiones ofrezcan realmente cuánto es lo que vale este servicio".

Empresarios. La entidad que reúne a las principales empresas expresó su preocupación por la "injerencia indebida" del Estado en el conflicto que derivó en la ruptura del contrato de la AFA con la empresa que durante 18 años explotó los derechos de televisión de partidos.

En una decisión de alto impacto, la AFA rescindió el martes pasado el vínculo con la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), propietaria de los derechos televisivos del fútbol argentino desde 1991 hasta el 2014. Dos días después, la federación y el gobierno de Cristina Fernández acordaron avanzar en un histórico acuerdo para que el Estado argentino participe en la explotación comercial del deporte.

AEA advirtió en un comunicado que "el ámbito específico propio de las empresas privadas debe ser respetado. La injerencia estatal indebida en dicho ámbito lesiona el dinamismo de la economía, atenta contra el desarrollo económico y social, y compromete la vigencia de preceptos constitucionales".

La entidad empresaria consideró que "la intervención estatal arbitraria en el vínculo" entre la AFA y TSC "es un ejemplo particularmente grave de este tipo de injerencia, ya que provoca la ruptura de un contrato entre partes privadas". La AEA vinculó este caso con otras "intervenciones públicas discriminatorias e injustificadas en diversos ámbitos de la actividad privada" registradas en los últimos tiempos. El gobierno de Fernández avanzó en la estatización de los fondos de pensión privados y de Aerolíneas Argentinas, de capital español.

En la ruptura del contrato de televisación del fútbol se esconde un trasfondo político ya que TSC está formada por Torneos y Competencias (TyC) y el Grupo Clarín, un poderoso multimedios con el que el gobierno de Fernández está muy enfrentado, al igual que lo estuvo su esposo y antecesor Néstor Kirchner. El oficialismo niega que vaya a estatizar el fútbol, pero los Kirchner expresaron públicamente que el "fútbol debería ser gratis para todos los argentinos" y no un beneficio exclusivo de los abonados al cable, como sucedió hasta ahora.

TSC publicó el domingo un aviso en los principales diarios y consideró "demagógico hablar de `fútbol gratis para todos`. Además de requerir un fuerte subsidio del Estado, sería técnicamente imposible. En Europa y América Latina, cada vez más partidos van codificados, de modo que al fútbol lo financian quienes realmente lo quieren ver y no toda la sociedad". Y reiteró que reclamará ante la Justicia por la cancelación unilateral del contrato.

Cobos: "Deseamos ver fútbol gratis por TV, pero si el Estado pone dinero no es gratis".

Cuando falta un mes para que la presidenta argentina Cristina Kirchner llegue de visita a EE.UU., el diario The Washington Post dedicó un largo artículo de su edición de ayer a reseñar los "desmanejos" del Indec y la "escasa credibilidad" que eso implica para los datos sobre inflación y pobreza en la Argentina.

En base al testimonio de trabajadores y ex trabajadores del instituto, la nota da cuenta de supuestos llamados de funcionarios del gobierno para ver "cómo se podían obtener" índices de inflación "más bajos" y de cómo algunos productos, "cuyo precio subía más del quince por ciento", dejaban de contabilizarse, según reseñó ayer La Nación en su web. "Como consecuencia, la pobreza y la inflación descendieron como por milagro" en la Argentina, ironiza el artículo.

"Es muy difícil analizar qué es lo que pasa en la Argentina porque no se puede creer en sus estadísticas", dicen operadores bancarios de Nueva York citados en la misma nota.

El texto advierte, además, que todo eso implica una estafa para inversores norteamericanos tenedores de bonos de deuda argentina, a los que se les paga menos de lo que les corresponde por esa inversión.

La nota, que explica que no fue posible lograr testimonios de autoridades en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía y en el Indec, cita a quienes denuncian las consecuencias de ese estado de cosas. "Esto no sólo tiene implicancias económicas, sino que redunda en una falta de credibilidad en la información producida por el Estado", dice el ex fiscal Anticorrupción, Manuel Garrido. LA NACIÓN / GDA