NICARAGUA
La solicitud de cierre de la Upoli fue hecha por el régimen, a través del Ministerio de Gobernación, y aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional.
El Parlamento de Nicaragua, en su mayoría oficialista, canceló ayer miércoles la personería jurídica a 14 asociaciones y universidades, entre ellas la Politécnica de Managua (Upoli), símbolo de las protestas que pusieron en jaque al régimen de Daniel Ortega en 2018.
La solicitud de cierre de la Upoli fue hecha por el régimen, a través del Ministerio de Gobernación, y aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas y sus aliados.
Además, les cancelaron la licencia a otras 4 universidades, así como a 11 ONG. El cierre fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro” del Ministerio de Gobernación, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”, según la exposición de motivos del decreto.
La Upoli, una universidad subvencionada por el Estado, fue un bastión de las protestas contra el régimen de Ortega entre abril y junio de 2018, cuando decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior, para evitar ser capturados por la Policía Nacional, en uno de los momentos más crudos de la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos.
Fue el primer centro de estudios en el que los estudiantes se atrincheraron en protesta contra el Gobierno de Ortega, el 19 de abril de 2018.
La universidad, ubicada al este de Managua, fue escenario de batallas casi diarias entre estudiantes y policías, los primeros utilizando morteros artesanales y los segundos con fusiles de guerra, como AK-47, M16 o Dragunov, según organismos defensores de los derechos humanos.
Los combates dejaron al menos 10 muertos, en su mayoría estudiantes, según el Movimiento Estudiantil 19 de Abril.
Los estudiantes abandonaron la Upoli el 9 de junio de 2018, luego de conflictos internos por la presencia de supuestos infiltrados del Gobierno.
El abandono de la universidad dio paso a una ola de saqueos, que el Movimiento Estudiantil 19 de Abril atribuyó a las “turbas sandinistas”, mientras que el Gobierno señaló a los universitarios.
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