El Gobierno y la Justicia chilenos repudiaron ayer jueves la carta divulgada el miércoles por el influyente Grupo de Puebla, en el que criticaba con dureza a la Justicia chilena por el caso de presunta corrupción política de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), que se remonta a 2014, y la calificaron de “improcedente”.
En la declaración conjunta, a la que suscribió el presidente argentino, Alberto Fernández, se planteó además un decidido apoyo a Marco Enríquez-Ominami -íntimo amigo de Fernández y fundador del Grupo de Puebla-.
La carta también fue firmada por el ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, y denuncia una supuesta maniobra de jueces y abogados cercanos al expresidente chileno, Sebastián Piñera, para aplazar el juicio oral en el que Enríquez-Ominami está imputado por delitos tributarios.
Por esos delitos, Enríquez-Ominami podría recibir una condena de hasta cuatro años de cárcel.
Esta es la segunda polémica entre el Gobierno chileno y el Gobierno argentino en el último mes después de la filtración durante la última cumbre de la CELAC de un controvertido audio que implicaba a la Cancillería chilena y a la Embajada de Argentina en Chile, y al que los mandatarios de ambos países restaron importancia.
Especialmente duro con la carta del Grupo de Puebla fue el ministro de Justicia chileno, Luis Cordero, que apuntó directamente contra Fernández.
En declaraciones difundidas por la radio local Biobío, Cordero afirmó que no se “atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia argentina”.
“Yo logro entender cartas de ese tipo como apoyos políticos, pero del punto de vista institucional, me parece improcedente e impropio el contenido”, afirmó el ministro.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, declaró: “Lo primero que hice fue conversar con el embajador (Rafael) Bielsa sobre este tema, y también hablar con el ministro de Justicia (Luis Cordero). Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes”. Asimismo, agregó que las declaraciones “no afectan a la relación bilateral con Argentina, que es una relación que está muy robusta”.
“Tenemos un conjunto de distintos temas que vamos a seguir trabajando”, expresó Urrejola.
La denuncia
Una justicia dilatada es una justicia denegada”, dice la carta que, además de Fernández, llevó la firma de nombres de los exjefes de Estado de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Ernesto Samper y de Panamá, Martín Torrijos.
El grupo denuncia que, desde 2015, “Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”.
“La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América Latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, apuntó la declaración en relación al denominado caso SQM, que investiga los pagos irregulares a políticos de diversos sectores por parte de la minera controlada por el exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
“Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Pero fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio”, criticaron.
La misiva concluía con dos párrafos en los que los firmantes decían estar seguros de que “finalmente se impondrá la verdad y la justicia” y “que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”.
En base a EFE y La Nación (GDA)