Campesinos colombianos batallan por regresar a sus viejas tierras

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La selva es dueña de Mampuján, este pueblo agrícola, otrora próspero, cerca de la costa caribeña, que se ha convertido en símbolo del descenso de Colombia a la anarquía.

Paramilitares invadieron el pueblo a principios de 2000 y acusaron a los habitantes de simpatizar con las guerrillas izquierdistas. Juntaron a cientos de personas en la plaza principal, amenazaron con matarlas y les ordenaron que se marcharan de sus ranchos. Huyeron todos los habitantes.

Hoy, las hierbas ahogan la plaza. Los murciélagos viven en la única casa que aún tiene techo. La pintura verde se cae del pizarrón en escuela en ruinas.

Hacer que la gente regrese a Mampuján y otras comunidades rurales que fueron aterrorizadas durante décadas por las guerrillas, los grupos paramilitares y los narcotraficantes, se ha vuelto una prioridad para el gobierno colombiano, el cual inició un ambicioso programa en el ámbito nacional para regresarles millones de acres de tierra a decenas de miles de campesinos desplazados. Sin embargo, el esfuerzo se ha complicado tanto por la dificultad logística de arreglar quién es dueño de parcelas abandonadas hace mucho o en disputa, como por el temor extremo que todavía persiste entre los que quedan.

"El amor que le tengo a mi tierra, no lo he perdido", dijo Marquesa López, de 61 años, al recordar los 64 acres donde ella y su familia cultivaban yuca y maíz, y criaban ganado. Como otros habitantes desplazados de Mampuján, ella se mudó finalmente a un asentamiento improvisado, en la cercana ciudad de María la Baja. "Tenía mi familia, mis bananeros, mis cocoteros, mis gallinas", dijo. "Ahora quiero volver a vivir así".

En octubre, un juez agrario especial les dio a López y su esposo Carlos Maza, y a otras 13 familias de Mampuján, el título de propiedad de la tierra que perdieron, el primer fallo bajo la nueva ley de restitución de tierras que es la piedra angular del esfuerzo gubernamental para resolver los efectos de años de violencia y desigualdades en las zonas rurales.

El esfuerzo se desarrolla mientras el gobierno inicia pláticas de paz con la organización guerrillera más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC.

La distribución desigual de la tierra en el empobrecido campo colombiano, donde se hizo a un lado a los campesinos pobres y los explotaron los acaudalados terratenientes, fue un factor muy importante en la creación de las FARC hace casi 50 años, y ha seguido alimentando al conflicto.

Ahora, el gobierno ve a la ley de restitución de tierras como una ventaja crucial en la mesa de negociaciones. "Esto es algo que les quita uno de sus temas insignia", señaló el presidente Juan Manuel Santos en octubre.

Sin embargo, para que eso sea cierto, Santos tiene que cumplir la promesa del programa, una tarea enorme e intensamente compleja.

El gobierno ha recibido más de 27.000 reclamos de cerca de cinco millones de acres de tierra, y siguen llegando más. Se debe investigar cada uno y, luego, un juez los considerará. Muchos son extremadamente complejos porque implican disputas por la propiedad para la que hay muy poca o ninguna documentación.

"Claro que es complicado y difícil, ¿pero cuál era la alternativa?", preguntó Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura. "¿No hacer anda? Que es lo que algunas personas querían que pasara, no hacer nada y validar con el silencio 25 años de tomas de tierras".

Los críticos dicen que el proceso ha sido demasiado lento y poco flexible, y cuestionan el compromiso del gobierno para enfrentar a los poderosos terratenientes y sus aliados políticos. "Sería muy triste si esto termina con que tienes 10 casos que pasarán a la historia donde sí pudimos hacer esto y no se pudo en miles de casos", comentó Iván Cepeda, un legislador de oposición. Restrepo dijo que unas 300 personas reportaron que las amenazaron en relación a reclamos de tierras.