CHOQUE DE INSTITUCIONES
El mandatario pidió formalmente ayer viernes al Senado abrir un proceso de destitución contra el juez que lo investiga en un caso sobre la divulgación de noticias falsas y ataques a la democracia.
El enfrentamiento del presidente Jair Bolsonaro con el Poder Judicial parece no tener fin. El mandatario pidió formalmente ayer viernes al Senado abrir un proceso de destitución contra el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que lo investiga en un caso sobre la divulgación de noticias falsas y ataques a la democracia.
Un funcionario del Palacio de Planalto fue el encargado de presentar en la Cámara Alta la petición, firmada por Bolsonaro, para iniciar un juicio político con fines de destitución contra De Moraes.
El pasado fin de semana, el mandatario adelantó que iba a solicitar oficialmente un impeachment contra De Moraes y Luis Roberto Barroso, otro de los once jueces del STF y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), aunque finalmente desistió de incluir a este último.
El jueves, los asistentes del presidente trataron de convencerlo de que renunciara también a esta denuncia, pero Bolsonaro se mostró inflexible. El ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, intentó disuadirlo de la idea, pero no lo consiguió.
La denuncia fue elaborada a lo largo de la semana con la ayuda de varios asesores legales del presidente y del fiscal general, Bruno Bianco. El documento, entregado personalmente por un funcionario de la Presidencia, solo tiene la firma del presidente Bolsonaro.
En la demanda, Bolsonaro escribe en primera persona y afirma que es blanco de críticas por su cargo. Afirma que, como él, los miembros de los demás poderes, incluidos los tribunales superiores, también deben ser sometidos al “escrutinio público y al debate político”. Y destaca que el Poder Judicial brasileño ha ocupado “un espacio político real en la vida cotidiana del país” y asumió el papel de “actor político”.
De Moraes es el juez instructor de una investigación en la que Bolsonaro figura como sospechoso y que intenta averiguar el origen y la financiación de una red de “milicias digitales de ultraderecha” que se encargan de propagar contenido falso y ataques contra la democracia a través de internet. Este mismo viernes, el magistrado ordenó allanar las residencias de una decena de personas, entre ellas el diputado Otoni de Paula y el cantante ultraderechista Sergio Reis, acusados de “conspirar” contra las instituciones.
En su escrito, Bolsonaro alegó que De Moraes actúa de manera “inquisitorial”, con “parcialidad” y de forma “partidaria” al ser “al mismo tiempo investigador, acusador y juez”.
Sin embargo el pedido de Bolsonaro no prosperará en el Parlamento, pues el jefe del Senado, Rodrigo Pacheco, ya adelantó que no es el momento para discutir el asunto en medio de la grave crisis sanitaria y económica.
Las tensiones entre Bolsonaro y el STF y el Congreso comenzaron a mediados del año pasado, cuando ambos poderes permitieron a gobernadores y alcaldes adoptar medidas de aislamiento contra la pandemia de coronavirus, que el mandatario censura.
Este año, el conflicto institucional se agravó a partir de la agresiva campaña de descrédito del presidente contra el sistema electrónico de votación que funciona en el país desde 1996, el cual, en su opinión, fomenta “fraudes”, aunque reconoce no tener pruebas al respecto. (Con información de EFE y OGlobo/GDA).
Convoca a manifestar el próximo 7 de septiembre
Con sus índices de popularidad en caída libre y los últimos sondeos vaticinando su derrota en las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Jair Bolsonaro ha alentado a sus simpatizantes a salir a las calles el próximo 7 de septiembre, cuando se celebra la Independencia de Brasil, para protestar contra el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Justicia Electoral. Bolsonaro dijo que el 7 de septiembre estará “junto al pueblo” en Brasilia y San Pablo pero no con “amenazas”, sino por “la libertad”, que es “más importante que la propia vida”, sostuvo.
El jueves ya había dicho que “los brasileños están aterrorizados por la supresión de las libertades” y el “derecho de opinión”, que considera censurado por la presión judicial.
El ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que la discusión del voto impreso debería ser un “problema relativamente simple” en una democracia como la brasileña, y que el presidente Jair Bolsonaro tiene derecho a pedir este cambio.
Bolsonaro insiste en desacreditar las máquinas de votación electrónica e incluso amenazó con no realizar las elecciones de 2022. Guedes afirmó, en cambio, que no puede negarse a aceptar el resultado de la elección. “¿Por qué no puedes poner 2 mil millones de reales y hacer una urna un poco más segura? Quiero decir, debería ser un problema relativamente simple en una democracia como la nuestra. Hay urnas de primera generación, de segunda y de tercera. Nadie puede tener nada en contra de un avance tecnológico”, dijo el ministro durante un evento enfocado al mercado financiero.
Los 2 mil millones de reales mencionados por el ministro serían el costo de implementar el modelo de impresión de votos deseado por Bolsonaro. Es el mismo valor, por ejemplo, del Censo Demográfico del IBGE, cuyos recursos fueron recortados. Para Guedes, ambos extremos están equivocados: tanto los que dicen que el sistema electoral está listo y seguro como los que dicen que no aceptarán resultados si no hay cambios. Dijo que no tenía ningún problema en hablar del tema y mencionó que políticos como Rodrigo Maia, Ciro Gomes y Aécio Neves ya han defendido estos cambios en otras ocasiones. “Estas discusiones políticas son normales. ¿Por qué vamos a convertir esto en una crisis institucional?”, preguntó.
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