AFP, Agencia EFE
La corte suprema de Brasil comenzó ayer miércoles a analizar si juzga al exmandatario Jair Bolsonaro, imputado de intento de golpe de estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La fiscalía acusó el martes a Bolsonaro de encabezar una organización criminal para impedir la asunción de Lula tras ganarle las elecciones en 2022. También afirmó que Bolsonaro “aceptó” un plan para matar a Lula.
Las acusaciones contra Bolsonaro, de 69 años, y contra 33 de sus colaboradores, se dan mientras batalla contra una inhabilitación política que le impide concurrir a las elecciones presidenciales de 2026.
El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abrió ayer un plazo de 15 días para que la defensa se pronuncie sobre las acusaciones, primer paso para determinar si abre un juicio.
Bolsonaro fue acusado de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada” para impedir la asunción de Lula. De ser hallado culpable por estos delitos, puede enfrentar hasta unos 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.
El enredo judicial de Bolsonaro
Trama golpista. En un informe de casi 900 páginas divulgado el 26 de noviembre, la policía sostuvo que el expresidente y varias personas cercanas a él, entre ellas miembros de las fuerzas armadas, urdieron un plan para aferrarse al poder tras la derrota electoral de 2022. Basada en esa investigación, la Fiscalía presentó el martes cargos contra 34 personas acusadas de “incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho”. De ser hallado culpable por estos delitos, el exmandatario puede enfrentarse a hasta 40 años de prisión. Según la Fiscalía, el golpe no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército. La policía afirmó que dicho plan, denominado “Puñal Verde y Amarillo”, fue impreso en el palacio presidencial y debía ejecutarse el 15 de diciembre de 2022.
Asalto a los poderes. El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, miles de personas invadieron las sedes de la presidencia, el Congreso y la corte suprema en Brasilia en protesta contra un supuesto fraude electoral.
Bolsonaro tuvo que declarar ante la policía como presunto instigador de los disturbios. En 2021, la corte suprema ya había identificado la existencia de “milicias digitales” que diseminaban noticias falsas para instalar una narrativa sobre un posible fraude en las presidenciales. En junio de 2023, en otro proceso, el Tribunal Superior Electoral inhabilitó electoralmente a Bolsonaro por ocho años por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad de voto electrónico.
Venta de joyas. En julio de 2024, la policía recomendó imputar a Bolsonaro por el presunto desvío de joyas y otros artículos suntuosos que le fueron obsequiados en su calidad de jefe de Estado por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Arabia Saudita, y valorados en 1,2 millones de dólares. La investigación determinó que, durante su gobierno, un grupo de funcionarios “actuó para desviar del acervo público brasileño varios obsequios de alto valor” recibidos en viajes internacionales y entregados por autoridades extranjeras. La intención era vender las joyas en el exterior para “el enriquecimiento ilícito del entonces presidente”, según el informe.
Vacunas. Pese a reconocer que no se vacunó, Bolsonaro obtuvo un certificado de vacunas anticovid para él y su hija, de forma fraudulenta, según la policía. La idea habría sido evitar obstáculos para ingresar a EE.UU.
“Régimen autoritario”
Bolsonaro niega las acusaciones. “Todo régimen autoritario, en su ansia de poder, necesita fabricar enemigos internos para justificar persecuciones, censuras y detenciones arbitrarias”, escribió en la red social X en su primera reacción.
“El manual es bien conocido: fabrican acusaciones vagas, dicen estar preocupados por la democracia o la soberanía y persiguen opositores”, siguió el exmandatario.
“Es así en Venezuela, donde (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro acusaban a los opositores de golpistas. Es así en Nicaragua, en Cuba y en Bolivia”, dijo. Agregó que “el mundo está atento a lo que pasa en Brasil”.
Entre los imputados por la fiscalía, figuran también el exministro de Defensa y candidato a vicepresidente con Bolsonaro, Walter Braga Netto; el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres, y Mauro Cid, exedican del expresidente, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada con la Justicia. Algunos como Braga Netto están presos.
Según la fiscalía, que se basó en un informe policial publicado en 2024 luego de una investigación de dos años, estos acusados tenían el objetivo de “no dejar el poder, o volver a él, por la fuerza”.
La supuesta trama golpista no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército, de acuerdo con la investigación.
La fiscalía también afirmó que Bolsonaro tuvo “conciencia” y “aceptó” un plan llamado “Puñal verde y amarillo” de miembros de las fuerzas armadas para asesinar a Lula.
Según la denuncia, el complot empezó a fraguarse en 2021, cuando el Supremo anuló las condenas por corrupción a Lula, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y poder presentarse a las elecciones de 2022, en las que venció a Bolsonaro.
Con su derrota en las urnas, Bolsonaro buscó “encontrar una forma de convencer a las Fuerzas Armadas a adherirse al golpe”, según la declaración de su exedecán Mauro Cid.
La confesión de Cid, que el Supremo hizo pública ayer miércoles, ha sido clave para la investigación.
El supuesto golpe incluía decretar el estado de sitio, anular las elecciones y establecer “un nuevo orden”.
Según Cid, Bolsonaro participó en la redacción de un borrador de decreto para hacer realidad ese escenario y que incluso se lo presentó a la cúpula militar en diciembre de 2022.
Los acusados hicieron “un último intento” el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes en Brasilia, “incentivados” por el expresidente y sus colaboradores. Pero según la defensa de Bolsonaro, “no se encontró ningún elemento” que conectara al expresidente “con la narrativa construida” por sus acusadores.
Lula, de 79 años, estuvo preso 580 días por corrupción entre 2018 y 2019, antes de que sus condenas fueran anuladas por cuestiones formales y sus derechos políticos restituidos.
Antes del año electoral
Los expertos no esperan que Bolsonaro sea apresado en el corto plazo.
“No parece presentar ninguno de los requisitos de una prisión preventiva (...) Debe responder al proceso en libertad”, explicó a la AFP el abogado penalista Leonardo Pantaleao.
Una vez se pronuncien las defensas, el juez De Moraes llevará la denuncia a sus colegas de la Primera Sala del Supremo, formada por cinco magistrados que decidirán si abren juicio contra Bolsonaro.
Fuentes judiciales prevén que el juicio terminará este mismo año, a fin de evitar entrar en 2026 con la causa abierta y contaminar el ambiente electoral de cara a las presidenciales de octubre de ese año.
Los aliados más fieles de Bolsonaro lo defienden sin fisuras. El gobernador de San Pablo y exministro de Infraestructura de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, le entronizó como “el principal líder político de Brasil”.
“Estamos juntos, presidente”, afirmó en sus redes sociales De Freitas, apuntado como posible sucesor de Bolsonaro, quien, pese a sus problemas judiciales y su inhabilitación política, se ve candidato en las elecciones de 2026.
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