Bienestar de Europa, culpa de inmigrantes

EL PAÍS DE MADRID

Los inmigrantes están pasando su peor momento en Europa. Esta semana, la Eurocámara aprobó la "Directiva de Retorno", un endurecimiento de las leyes contra los extranjeros. Sin embargo, incluso aquellos que son ilegales contribuyen más al Estado de lo que reciben de él. Y no se habla solo de Suecia, cuna del "Estado de Bienestar". En España también se vive esa realidad.

En España, un inmigrante de un país pobre, en situación irregular, sin trabajo, viviendo en la calle, tiene acceso a servicios que no podría tener en su propio país trabajando normalmente. La sanidad y la educación son universales y gratuitas. Si tiene tarjeta de residencia, puede además acceder a una pensión, protección por desempleo, viviendas de protección oficial... ya no le diferencia nada de un español, en cuanto a ayudas se refiere. Es evidente que el sistema gasta en los inmigrantes. Muchos perciben que los servicios públicos están copados por los recién llegados. Algunos partidos políticos europeos ya hacen campaña al grito de "¡No cabemos todos!". ¿No cabemos todos en el Estado de bienestar? La respuesta es sí.

Philippe Legrain, autor del libro "Inmigrantes: tu país los necesita", realizó recientemente un estudio para el Consejo de la Globalización de Suecia. El Gobierno sueco se propone, al revés que media Europa, estudiar formas de atraer a más ciudadanos extracomunitarios. Legrain analizó el impacto de la inmigración en el sistema sueco de protección social, probablemente el más generoso del mundo, con este punto de partida: ¿Es compatible la inmigración libre con el Estado de bienestar europeo?

Dentro de este planteamiento general, Legrain se pregunta si la beneficencia de los países ricos es un imán para inmigrantes. Es decir, si se vive mejor de la beneficencia en los países ricos que trabajando en los países pobres, es una buena razón para emigrar. Y si emigran muchos, en un momento dado ese Estado benefactor será insostenible. Para que eso sucediera, explica, se tendrían que dar ciertas condiciones: los emigrantes deben estar tan desesperados que los supuestos beneficios compensen el tremendo coste económico y psicológico de la migración.

La razón principal de que no haya "inmigrantes de beneficencia" es que, incluso si están mejor con subsidios en Suecia que trabajando en su país, les va todavía mejor trabajando en Suecia. Deben pagar su viaje, deben enviar dinero a sus países y deben garantizarse un futuro. Ese mismo debate se puede plantear en toda Europa y también en España, puerta de entrada de los extracomunitarios al continente. ¿La atención pública y gratuita es una atracción?

Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, sí cree que las ayudas suponen una atracción, pero no en España. "En nuestro caso, no vienen buscando unas ayudas, que no existen como en los países nórdicos. Vienen buscando trabajo, que es lo que hay". Oliver destaca que "hasta la jubilación de los inmigrantes, toda la literatura económica mundial apunta a que, si te entran individuos jóvenes, contribuyen más de lo que se llevan. El saldo es favorable. Su contribución excede a los beneficios de ese Estado de bienestar. Las pensiones no las cobrarán hasta que se jubilen". Eso significa que, por ahora, "los inmigrantes se pagan su estancia".

En España había 2.357.000 extranjeros legales a finales de 2007. De ellos, 1.316.000 estaban afiliados a la Seguridad Social. Sólo con su contribución a la caja, se pagan 900.000 pensiones. Los inmigrantes aportan el 7,4% de las cotizaciones de la Seguridad Social y sólo reciben el 0,5% del gasto en pensiones.

La Oficina Económica de La Moncloa elaboró un informe en 2006 muy revelador sobre este punto. Los inmigrantes, según ese estudio, suponen el 8,8% de la población española, pero absorben sólo el 5,4% del gasto público. Consumen el 4,6% del gasto en sanidad y el 6,6% en educación. Pero su aportación es el 6,6% de los ingresos totales. En total, su presencia en España supone un beneficio neto para el país de unos 5.000 millones de euros (unos US$ 3.226 millones).

"Nuestros inmigrantes tienen entre veinte y pico y cuarenta y pico años", explica Oliver. "En los próximos 20 años empezaremos a tener que pagar una parte de lo que nos han avanzado. Esto, teniendo en cuenta su vida individual. Pero hay que ver también qué deja detrás de él. Si deja hijos con una formación más elevada, ganarán más dinero que él" y contribuirán más al sistema. Hay mucha probabilidad de que esto suceda, ya que los hijos no tienen que pasar el proceso de adaptación.

Pero los extranjeros también se hacen viejos. Y se quedan sin trabajo en épocas de recesión. En estos casos no aportan al sistema y empiezan a ser receptores netos de ayudas: pensiones y subsidio de paro. ¿Sufre el sistema de bienestar? "Tienen derecho a las ayudas, porque han pagado impuestos y han contribuido a la economía y la sociedad cuando las cosas iban bien", opina Legrain. Actualmente, con el desempleo subiendo, la tasa de actividad en este sector es un 19% más alta entre los extranjeros. La supuesta crisis de pensiones sucederá en torno a 2025. "En un sistema en que los viejos viven del ahorro de los jóvenes, ¿qué pasará cuando haya más viejos que jóvenes? La inmigración es una entrada de población joven y trabajadora. En general, la crisis no se va a superar sólo con la inmigración, pero contribuirá a mitigarla", opina Oliver.

Admitido que los inmigrantes no abandonan su familia y su cultura y se juegan la vida a cambio de un aporte alimenticio de la Cruz Roja y sanidad gratis. Admitido que no son una carga para el sistema, sino más bien todo lo contrario. Cabe una última pregunta, ¿está justificada la percepción de que copan todos los servicios sociales? En España, esto tiene mucho que ver con un tema tan de actualidad como laberíntico para el gran público: la financiación autonómica.

"Lo de los servicios es parcialmente cierto", admite Oliver. "Es un error del sistema de financiación que ahora se está discutiendo. No puedes tener, como en Madrid y Cataluña, aumentos de población de 15% y mantener los mismos ingresos. El gasto público para la inmigración está muy concentrado geográficamente, pero los ingresos que genera esa inmigración se van al Estado central. El Estado se lleva los ingresos y los gastos son de otros. Los beneficios son macroeconómicos y los problemas, microeconómicos".

Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, lo dice con sus datos: "En integración de los inmigrantes nosotros invertimos 1.500 millones de euros y el Estado 40. Los extranjeros están aportando al Estado 8.000 millones de euros. Sólo 200 millones van a las comunidades, que somos los que damos la educación, la sanidad, la vivienda, etcétera". Clemente aclara que "los inmigrantes por sí mismos no copan los servicios públicos, son aquellos con rentas más bajas los que copan los servicios públicos. Inmigrantes y españoles".

La coordinadora de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía, Carmen Escalera, asegura que "con los datos de 2006, la atención a la población inmigrante no regularizada es el 0,8% de las consultas de atención primaria" en Andalucía. "Es falso que colapsen los servicios sociales. Suponen un 0,6% de las visitas a domicilio y un 2,5% de las urgencias. En partos suponen un 4,6%. Eso nos viene hasta bien, porque es savia nueva".

¿Y cuando vayan envejeciendo? "Tendremos que ir adaptando el sistema", admite Escalera. Pero "se están dando reagrupaciones familiares, que asumen rápidamente el estilo de vida de aquí. A partir de ese momento, no se distinguen en nada de la población autóctona. Consumen los mismos recursos y a la vez generan la misma riqueza".

De acuerdo con Phillippe Legrain, los inmigrantes son una "minoría selecta" de los distintos estados de origen. "Son los jóvenes con más ganas de trabajar y mayor espíritu emprendedor". Pero si lo que quieren es vivir de la beneficencia, Suecia es el país ideal.

Ahí un inmigrante sin permiso de trabajo recibe del sistema sueco el equivalente a US$ 7.110 al año; si tiene dos hijos, US$ 11.600. Pero si trabajaran les iría mucho mejor.

Aún así, en todos los países, aún en aquellos con bajo nivel de protección social, los beneficios para el Estado provenientes de los extranjeros superan la asistencia.

En EE.UU., un estudio de la National Academy of Sciences concluyó que un inmigrante recibe US$ 3.000 del gobierno durante toda su vida. Sus hijos, en cambio, serán contribuyentes netos al sistema a razón de unos US$ 80 mil cada uno a lo largo de su vida.

La "Directiva de Retorno" que permite mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses superó el miércoles el último trámite al ser aprobada por una aplastante mayoría en el Parlamento Europeo, que no aceptó ni una sola enmienda. El texto, que también autoriza a enviar a menores a países distintos de los de origen, fue aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.

La directiva podrá ser aplicada a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que, según la Comisión Europea, se encuentran en Europa. Más de 200.000 fueron detenidos en el primer semestre de 2007, de los que menos de 90.000 fueron expulsados.

Martine Roure, una eurodiputada socialista que votó en contra, expresó su preocupación porque la directiva "se aplica a personas que ya están instaladas aquí, que tienen sus hijos, que pagan sus impuestos". Roure subrayó su inquietud "por la situación de los niños que pueden ser enviados a países distintos de los de su origen, sin garantías".

Países latinoamericanos, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia rechazaron la directiva.