Por Delfina Milder
Narcos que operan desde las cárceles en Rosario, el asalto “profesional” al principal aeropuerto de Santiago y, ahora, una ola de ataques durante tres días en varias ciudades del Nordeste de Brasil. La región enfrenta un problema creciente de violencia que, según hipótesis generalizadas, tiene su raíz en las propias cárceles. Y los gobiernos, que ya cargan con las secuelas de la pandemia en múltiples ámbitos, tienen delante de sí a grupos organizados que amenazan la seguridad de la población en general. Ya lo dijo el presidente chileno Gabriel Boric tras enterarse de los dos muertos que dejó el asalto al aeropuerto hace ocho días: “Cuando hay inseguridad, todo el resto tambalea”.
En la madrugada de ayer miércoles seis ciudades de Brasil registraron una serie de ataques que comenzaron el lunes en otras localidades y se acentuaron el martes por la noche. En total, 19 ciudades fueron blanco de estos ataques vinculados a una organización criminal y al narcotráfico.
Todos ocurrieron en el estado de Rio Grande do Norte. Hubo incendios y disparos contra oficinas públicas, comercios y vehículos. El epicentro de los asaltos fue la ciudad de Natal, considerada uno de los atractivos turísticos más importantes del estado.
En el último boletín, difundido a primera hora de la tarde de ayer, la Policía Militar informó que la cifra de sospechosos detenidos por su implicación en los ataques ya llega a 39. Entre ellos hay cuatro prófugos recapturados y dos que estaban en régimen semiabierto con tobilleras electrónicas, además de un adolescente aprehendido. En total se recolectaron 35 explosivos y ocho galones de combustible.
Además, uno de los presuntos organizadores de la ola de ataques murió ayer tras un enfrentamiento con la Policía.
El sospechoso, identificado como José Wilson, de 29 años, era también un fugitivo de la Justicia. Se escondía en Joao Pessoa, capital del vecino estado de Paraíba, donde fue encontrado la madrugada pasada, aseguró la Policía Civil.
Wilson reaccionó con disparos ante la presencia policial y resultó herido, y llegó a ser trasladado a un hospital pero falleció poco después.
Las autoridades brasileñas lo señalan como uno de los pocos líderes que aún quedaban en libertad del llamado Sindicato del Crimen, la facción criminal que se cree que está detrás de los actos vandálicos que azotan al estado norteño.
El ministro de Seguridad Pública, Flavio Dino, detalló en Twitter que fueron enviados “220 policías (federales) para auxiliar a las fuerzas del estado”, y que ese número podrá ampliarse “hasta la cantidad que se considere necesaria”.
Sin embargo, el fortalecimiento de la seguridad en la jornada del martes no impidió que los ataques se repitieran ayer. Ahora reina una aparente calma en Natal, pero el miedo no cesa.
Las autoridades de Rio Grande do Norte indicaron a los medios de comunicación que trabajan con la hipótesis de que los ataques, planeados desde el interior de las prisiones, son una respuesta de grupos criminales ante un endurecimiento de las medidas de control en esas instituciones del Estado.
La violencia es “una reacción del llamado crimen organizado a las medidas firmes y asertivas que el gobierno ha adoptado en el control del sistema de prisiones para enfrentar la criminalidad y la violencia”, dijo la gobernadora Fatima Bezerra en una entrevista el martes a CNN.
Jueces en alerta por situación en Rosario
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia argentina se reunieron ayer con motivo de su sesión anual en los tribunales porteños, donde coincidieron en la necesidad de atender la situación de Rosario, capital de la provincia de Santa Fe, uno de los epicentros de la violencia narco del país.
En la reunión, que concluyó con una foto de los 28 jueces de las cámaras federales con los cuatro jueces de la Corte, se habló además de la urgencia por que se cubran las vacantes en los tribunales orales federales, los juzgados federales y las fiscalías de esa provincia.
El presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, fue quien tomó la palabra para agradecer la preocupación de la Corte por la situación en su jurisdicción. Pineda enfatizó la necesidad de brindar seguridad a los jueces.
La última novedad en ese sentido fueron las amenazas recibidas por el juez federal de Venado Tuerto. El gobierno nacional mantiene demorada la designación del 20% de los jueces federales de esa provincia, mientras que están vacantes el 25% de los cargos de fiscales federales.
Las demoras en designar jueces y fiscales llevan cinco años en algunos casos. Existen concursos que se hicieron en 2018, cuando el entonces presidente Mauricio Macri eligió a un candidato de la terna y lo elevó al Senado, pero algunos de los pliegos fueron retirados por el presidente Alberto Fernández y nunca se enviaron nuevos postulantes de la terna para darles acuerdo.
Esta parálisis, que llevó a que las bandas narcos cruzaran límites como nunca lo habían hecho antes -con intimidaciones a jueces, fiscales, legisladores, intendentes y medios de comunicación- hizo que los funcionarios nacionales cambiaran de postura y empezaran a conversar en las últimas semanas sobre las maneras de destrabar los trámites para designar a estos funcionarios, dijeron fuentes oficiales a La Nación.
Afectados
Los ataques dejaron a la capital de Río Grande do Norte sin transporte público y sin clases.
El Departamento de Movilidad Urbana de Natal ordenó el mismo martes la recogida de toda la flota de ómnibus después de acciones delictivas. Aunque el transporte volvió a funcionar por unas horas ayer, los funcionarios declararon un paro que sigue vigente. Ya habían advertido que, de continuar con esta violencia, los choferes no trabajarían.
En tanto, la Universidad Federal de Rio Grande do Norte se vio obligada a suspender las clases el martes en todos sus campus “debido a la reducción de la oferta de transporte público en el Estado y como una forma de preservar la seguridad de la comunidad universitaria”. La misma medida tomaron ayer tras el paro del transporte.
También en Natal, un empleado de una empresa de transporte público recibió un disparo cerca del ojo durante un ataque de delincuentes a vehículos de la empresa. Además, un juzgado, dos bases de la policía militar y un banco se encuentran entre los numerosos edificios atacados en las 19 ciudades.
En la localidad turística de Tibau do Sul, donde se encuentra la famosa Praia da Pipa, el ayuntamiento fue blanco de un incendio provocado.
En un comunicado, el ayuntamiento informó que ocho vehículos quedaron totalmente quemados, tal como se ve en imágenes que colmaron las redes sociales. En la misma localidad se suspendieron las clases.
También fue allanada una unidad básica de salud ubicada en la comunidad de Bela Vista y sustraídos elementos y equipos médicos. “Lamentablemente se suspendió la asistencia a una mamografía y campaña preventiva, que dependía de la llegada de un camión móvil. Se programaron más de 600 exámenes”, informó la alcaldía.
Más allá de lo edilicio, se abrió una herida en la población. En Natal, unos pocos se atreven a salir a la calle. Los centros comerciales funcionan, pero sin clientes.
“Está vacío y hoy es el Día del Consumidor. Hay varias promociones. Estamos sentados, sin hacer nada” dijo a O Globo un vendedor de Midway Mall, el centro comercial más grande de la capital. En algunas localidades se suspendió incluso el sistema de recolección de basura.
Flavio Dino prometió “adoptar medidas” y aseguró que los efectivos policiales federales “permanecen movilizados” ante la posibilidad de nuevos ataques, aunque para la población de las 19 ciudades, ya casi rehenes de los grupos criminales que se extienden en Brasil y en la región, no parece ser suficiente.
Con información de EFE, AFP, O'Globo y La Nación (GDA)