MADRID | POR DANIEL BELTRÁN ROHR,
CORRESPONSAL, Y AP
El Senado español aprobó ayer la reforma de la Ley de Extranjería, que será remitida al Congreso y, si bien respetó las principales reformas consensuadas -como la restricción de la agrupación familiar, la protección de las víctimas de violencia machista, el endurecimiento de las sanciones y la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento de extranjeros- agregó un artículo por el que se obliga al gobierno a presentar informes periódicos sobre la situación de la inmigración en España.
España está recibiendo una inmigración menor que en el pasado y más orientada a los trabajos especializados y calificados, según informó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al dar a conocer las cifras de los nueve meses del año.
El gobierno interpretó el descenso del 30% en la entrada de inmigrantes indocumentados entre enero y septiembre como una nueva fase del fenómeno migratorio.
La contratación de extranjeros en sus países de origen para su entrada legal en España se quedó en 15.000 personas, muy lejos de las 180.000 de 2008 o las 250.000 de hace dos años. En España residen 4,5 millones de inmigrantes, el 12% de la población, un colectivo que se vio muy castigado por la crisis.
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