EFE
Violentas protestas en la provincia norteña de Jujuy, donde murió una turista colombiana tras descompensarse y no poder llegar a un centro de salud por el corte de ruta, alumbraron el debate sobre la sustentabilidad de la explotación de litio.

“El litio no mata la Pacha”, repite el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, porque entiende que, al revés, sirve para salvar el planeta. Pero comunidades indígenas de las Salinas Grandes y la Laguna de Gayatayoc (en el extremo noroeste de la provincia) resisten el avance de las empresas que extraen el litio por la necesidad de cuidar la poca agua dulce de la zona.

En Argentina, las provincias tienen dominio sobre la explotación de los minerales en su territorio y son Jujuy, Salta y Catamarca las que cuentan con salmueras ricas en litio. Argentina integra, junto con Bolivia y Chile, el “triángulo del litio”, que concentra el 56% de los recursos mundiales de litio.

Con tres proyectos en marcha, Argentina es el cuarto productor mundial de litio, detrás de Australia, Chile y China. El proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es operado por FMC-Minera del Altiplano, controlada por la estadounidense Livent.

En Jujuy están el Salar de Olaroz, operado por la provincial Jemse y por Orocobre -controlada por la australiana Allkem en asociación con la automotriz japonesa Toyota Tsusho-. Y el proyecto Caucharí-Olaroz, de la china Ganfeng Lithium, en asociación con la estadounidense Lithium Americas y Jemse.

Jujuy dice que consulta a las comunidades indígenas sobre los proyectos, en tanto modificó con apuro su constitución provincial para garantizar protestas pacíficas, pero debió dejar igual el artículo de “protección a los aborígenes”, por las protestas del mes pasado.

El conflicto se agrava porque las comunidades de las Salinas Grandes y la Laguna de Gayatayoc reclaman hace 13 años una consulta para aceptar explotar el litio y denuncian que Jujuy nunca cumplió con ese derecho, y avanza en proyectos.

Las comunidades “se informaron solas y decidieron que no quieren el litio porque tienen actividades propias que dependen del agua escasa de la Puna, ya que explotan la sal, el turismo, la ganadería”, y “el litio toma agua y compite”, explica a EFE la directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Pía Marchegiani.

“En un ecosistema tan frágil y tan seco, las comunidades se pusieron de acuerdo en que todas debían ser consultadas porque todas van a ser afectadas por el uso del agua”, detalla Marchegiani.

La FARN pidió a la Corte Suprema que pare los permisos a las mineras y que se gestione integralmente la cuenca como un recurso hídrico, no con una visión minera. El Supremo solicitó información a Salta y Jujuy para decidir sobre la cuestión de fondo, aún pendiente.