EFE/ La Nación (GDA), Buenos Aires
Cuatro dirigentes políticos presentaron ayer domingo la primera denuncia penal contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de que el mandatario diera difusión a $LIBRA, una criptomoneda con posibles nexos fraudulentos. Mientras tanto, los abogados defensores del mandatario han defendido su inocencia públicamente y preparan el caso.

La presentación de la denuncia penal lleva las firmas del líder de Unidad Popular, Claudio Lozano; el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el letrado Marcos Zelaya; y la integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis. En el escrito judicial, que fue hecho público por los propios denunciantes en las redes sociales, se acusa a Milei de ser partícipe en una presunta “megaestafa” que afectó a más de 40.000 personas con pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares.

La denuncia señala al jefe de Estado como “partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas” e involucra a figuras cercanas a su círculo: dos militantes y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Además, se incluye al empresario y CEO de Kip Protocol, Julián Peh, que desarrolló la cripto, y al representante de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis, quien brindó la infraestructura tecnológica para $LIBRA, así como a otros posibles responsables que podrían surgir durante la investigación.

Milei, tras promocionar en sus redes sociales un “emprendimiento privado” basado en la criptomoneda $LIBRA, que no tiene respaldo económico real y fue diseñada para capitalizar el entusiasmo en redes sociales, eliminó la publicación y afirmó no tener relación con el proyecto ni conocer sus detalles. Durante el tiempo en el que el mensaje estuvo visible, la demanda por la criptodivisa se disparó, su valor se infló, movió millones de dólares y luego se desplomó.

Un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter reveló que, luego del salto, los inversores iniciales del “emprendimiento” comenzaron a retirar el dinero obteniendo unos 87,4 millones de dólares y “en cinco horas se borraron más de 4.400 millones de capitalización de mercado”.

Como medidas cautelares, los denunciantes solicitaron a la Justicia requisas a la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y a la Presidencia de la Nación para secuestrar equipos electrónicos, así como identificar y requisar los domicilios de los denunciados y de las empresas implicadas.

También solicitaron la intervención y peritaje de la plataforma X para resguardar el contenido de la cuenta de Milei y de los demás denunciados, así como el bloqueo de sus billeteras virtuales y cuentas bancarias e implementar medidas de trazabilidad de las transacciones de $LIBRA para identificar a beneficiarios de la estafa.

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA que tiene a Milei como uno de sus principales protagonistas amenaza con poner en duda la sesión que preparaba el Gobierno en el Senado para el jueves próximo, que tenía como cartelera principal la aprobación del pliego que nomina a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia y la suspensión de las elecciones primarias abiertas y simultáneas (PASO).

Llamar a sesión en el Senado para darle tribuna a la oposición para que critique y acuse al jefe del Estado por su participación en el escándalo es la duda que asalta desde el viernes a los referentes oficialistas de la Cámara alta, que esperan alguna definición de la Casa Rosada antes de continuar con los planes que se habían trazado, en medio de la euforia libertaria por los éxitos logrados en la Cámara baja a pesar de la resistencia del kirchnerismo por suspender las primarias o bloquear la aprobación del proyecto de ficha limpia.

Por lo pronto, varios legisladores de la oposición ya analizan pedir explicaciones del Poder Ejecutivo. Las ideas que circulan van desde el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hasta la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que brinde explicaciones de su vinculación con el incidente. “Estoy a favor de una comisión que investigue de verdad”, opinó, por su parte, Martín Lousteau (UCR-Capital).

La exvicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus senadores a través de las redes sociales se ensañaron con el presidente al decir que se enredó con una estafa. “Si no hay una explicación y responsables claros se deberá avanzar con el juicio político para determinar las responsabilidades políticas que puede haber tenido Milei”, afirmó el senador justicialista Daniel Bensusán.

De realizarse la sesión en el Senado este jueves sería una oportunidad de oro para atacar a Milei y exigir explicaciones. “¿Van a abrir el recinto para que le llenemos la cara de dedos?”, se preguntó un legislador de la oposición dialoguista, muy molesto con el incidente de la promoción de una criptomoneda por parte del Presidente.

Por lo pronto, todas las miradas están puestas en el Poder Ejecutivo y si decide mantener su ofensiva legislativa o si, por el contrario, prefiere evitar que el recinto de la Cámara alta se convierta en caja de resonancia y tribuna para la oposición más dura.

El Pro dio a conocer ayer domingo un comunicado en el que expresó su “preocupación” por el escándalo de la criptomoneda que promocionó Javier Milei y en cuestión de horas causó pérdidas millonarias a los inversores. “Lo que pasó es grave”, dice el comunicado de Pro, que advierte que el hecho “impacta en la credibilidad del país” y que hay una “responsabilidad del entorno que rodea” al Presidente.

El documento, que fue retuiteado por el expresidente Mauricio Macri, sostiene que “es fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto”. Dice, no obstante, que “en esta instancia” no están a favor de promover un juicio político a Milei y denuncian “la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo”.

El Gobierno anunció una investigación profunda, lo cual es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan.”

Por último, el documento afirma: “Y en esto queremos ser claros: denunciamos la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia. No estamos a favor de un juicio político en esta instancia. Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados.”

El tono y el contenido del mensaje fue consensuado por la mesa ejecutiva del partido. Según pudo saber La Nación, el sábado se convocó a una reunión de urgencia “por todo lo que había pasado con el Gobierno”. La Nación/GDA