LA PRESIÓN REGIONAL

El Grupo de Lima reiteró que no reconocerá las elecciones del 22 de abril.

Persona non grata. Así quedó calificado Nicolás Maduro para la región. Aunque el texto aprobado por los cancilleres del Grupo de Lima reunidos anoche en la capital peruana no usa esa expresión, decirle a un mandatario que no es bienvenido no tiene dos lecturas.

Los 14 países que integran el Grupo de Lima aprobaron una declaración en la que exhortan a Maduro a cambiar el calendario electoral y aplazar las elecciones que convocó para el 22 de abril dejando a la oposición casi sin margen de presentarse. Pero, además, en uno de los mensajes más fuertes en contra del régimen de Maduro hasta ahora, la canciller peruana Cayetana Aljovín adelantó que la presencia del presidente venezolano en la próxima cumbre de las Américas en Lima el 13 y 14 de abril "no será bienvenida".

"No pueden haber elecciones libres y justas sin la plena participación de los partidos políticos", dice la declaración conjunta leída por Aljovín, que además exhorta al gobierno de Venezuela a fijar un nuevo calendario electoral.

Los cancilleres también acordaron "coordinar esfuerzos para afrontar el éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en su país" y exigieron elecciones "democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos".

Surgido en agosto de 2017 para abordar la crisis venezolana, el grupo de Lima fue creado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Originalmente de 12 países, el Grupo ahora tiene 14 miembros, tras las adhesiones de Santa Lucía y Guyana.

Uruguay es el único socio fundador del Mercosur que no integra el Grupo de Lima. El Mercosur tiene a Venezuela bajo sanción por su quiebre institucional.

La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), aún no ha decidido si participará en los comicios del 22 de abril, que fueron adelantados por decisión de la oficialista Asamblea Constituyente que responde a Maduro y que vino a sustituir las funciones del Parlamento de mayoría opositora.

Maduro aspira a ser reelegido en esos comicios del 22 de abril, convocados luego del fracaso de una negociación entre su gobierno y la oposición para acordar las condiciones del proceso electoral.

Por toda esta situación que se vive hoy en Venezuela, es que la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas en Perú en abril "no será bienvenida", dijo la canciller Aljovín.

"Quiero informar que el gobierno de Perú, con el respaldo del Grupo de Lima (...) y según la declaración de Quebec de 2001, que señala que la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas (...). Sobre esta base, queremos expresar respecto a la invitación (de Maduro) a la Cumbre, que su presencia no será bienvenida en dicho encuentro", afirmó Aljovín.

La declaración de la canciller peruana, que fue respaldada por los países presentes en la reunión de anoche en Lima, implica que el presidente venezolano no podrá asistir a la reunión, a la que las autoridades del país caribeño habían anunciado que acudiría.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció el pasado 6 de febrero que Maduro "asistirá puntualmente (a la Cumbre de las Américas) para defender la soberanía" de "América Latina y el Caribe, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú".

La VIII Cumbre de las Américas tiene como tema central la corrupción, si bien la tensión creciente respecto a Venezuela y el rechazo que la figura de Maduro genera en gran parte de los países de la región, ha hecho de la visita del presidente a Lima uno de los aspectos más destacados de la misma.

En Perú, políticos de todos los sectores apoyaron en el Parlamento un pedido para que se rechazara la entrada de Maduro y se le declarara "persona non grata".

El 23 de enero, el Grupo de Lima ya había rechazado la decisión unilateral del régimen de Maduro de adelantar las elecciones para el 22 de abril, que generalmente se efectuaban a finales de año.

El adelanto de los comicios también fue condenado por Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, efectuó la semana pasada una gira por América Latina que estuvo dedicada en buena medida a la situación venezolana. En Perú, Tillerson elogió las gestiones del Grupo de Lima en la búsqueda de una salida a la crisis en Venezuela.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller del gobierno de José Mujica, Luis Almagro, afirmó que en Venezuela no existen condiciones para realizar elecciones y, en caso de haberlas, ganaría Maduro. "Ese proceso electoral no ha contado con el respaldo de la comunidad internacional ni con los políticos de Venezuela. Vemos un gobierno deslegitimado que lucha por mantenerse en el poder y no para resolver los problemas de los ciudadanos", declaró Almagro a CNN en Español.

En un informe sobre Venezuela presentado el lunes en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" por lo que calificó de "respuesta represiva, arbitraria y contraria a derechos humanos" del gobierno a la oleada de movilizaciones en su contra.

"Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos", dijo el presidente de la CIDH, Francisco Eguigueren.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco ex altos cargos del régimen venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos en Pdvsa.

De los cinco acusados, solo uno, César David Rincón Godoy, exdirector de Bariven, una subsidiaria de Pdvsa, declaró ante el juez Stephen Smith, del Distrito Sur de Texas. Rincón fue extraditado la semana pasada desde España, donde fue detenido el pasado octubre.

Otros tres acusados —el exviceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; Luis Carlos de León Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, subsidiaria de Pdvsa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa— fueron también arrestados en Madrid y se espera que sean extraditados a Estados Unidos en las próximas semanas.

El quinto acusado, Alejandro Istúriz Chiesa, otro exdirector de Bariven, sigue prófugo.

Según la imputación, los cinco acusados conspiraron para solicitar sobornos a varios proveedores de Pdvsa, incluidos residentes de Estados Unidos.

La imputación alega que los acusados blanquearon el producto el dinero del soborno a través de transacciones financieras internacionales, hacia, desde o a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, o con negocios inmobiliarios y otras inversiones en Estados Unidos.

Los millonarios sobornos eran pagados a cuentas en Suiza. Esta trama de sobornos habría movido unos 1.000 millones de dólares en pagos a funcionarios venezolanos, según los fiscales de Estados Unidos.

La acusación dice que estas operaciones se hicieron entre 2011 a 2013, período en el que gobernaba en Venezuela el fallecido presidente Hugo Chávez.

"Con casos como este estamos enviando un fuerte mensaje a los funcionarios extranjeros corruptos: si lavan sus ganancias ilegalmente obtenidas a través de Estados Unidos, serán procesados", dijo John Cronan, vicefiscal general interino de la División Penal del Departamento de Justicia.

Quince personas fueron acusadas en el marco de esta investigación sobre sobornos en Pdvsa, de las cuales 10 ya se declararon culpables.

Fred Schwartz, abogado de Rincón, dijo que espera que su cliente se declare no culpable en una audiencia el próximo 6 de marzo. EFE, AFP, REUTERS