"Tremendamente segura" con la tobillera

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Por primera vez una mujer víctima de violencia doméstica y en cuyo caso la Justicia aplicó la tobillera electrónica, habla públicamente. Dice que se siente "tremendamente segura" con el dispositivo y no siente vergüenza de que la vean con él.

El de Claudia Bello (38 años) es el sexto caso de violencia doméstica que está siendo controlado por los nuevos dispositivos electrónicos que el Ministerio del Interior puso a disposición de la Justicia el 1° de febrero.

Desde el 5 de marzo su exmarido lleva una tobillera que opera por GPS y un comunicador, y ella otro transmisor. Con estos elementos la Policía conoce en forma constante la ubicación de ambos para evitar una posible agresión.

Bello es licenciada en nutrición y comunicadora (ha tenido participaciones en televisión en Canal 12 y en Canal 7 de Maldonado y además tiene un programa en radio Sarandí los sábados) y dice que desde que utiliza el dispositivo se siente "tremendamente segura".

La mujer, que decidió contar a El País su historia con la intención de ayudar a otras mujeres que estén sometidas a situaciones de violencia familiar, relata que ya incorporó el uso del comunicador a su rutina diaria. Por orden judicial, su exmarido no puede acercarse a menos de 200 metros de ella por 120 días, plazo por el que ambos usarán los dispositivos.

La idea es que en este período de cuatro meses su exmarido, de quien está divorciada desde agosto de 2012, vaya "asumiendo y entendiendo" la separación, dice Bello, que es madre de dos hijos: una niña de 8 años y varón de 6.

Bello habla con convicción pero por momentos su voz cambia y denota preocupación por la situación que vive junto a su familia. Para ella, el futuro es incierto. "Esto -dice mientras señala el comunicador- es por 120 días. ¿Qué voy a hacer el día 121? No lo sé…", afirma preocupada y bajando la voz.

La mujer cuenta que al principio el comunicador le generaba "stress" pero con el paso de los días aprendió a utilizarlo y se siente muy segura. Y más allá de que nota que algunas personas la miran "raro" cuando aprecian el dispositivo, no le preocupa el posible prejuicio que pueda generar.

"Si ocultara el aparato o me diera vergüenza sería no asumir la realidad que me toca vivir. Y más cuando yo no hice nada malo", asegura la licenciada en nutrición y comunicadora.

AMENAZAS. "Yo soy víctima de violencia doméstica. A mí no se me tocó un pelo, pero durante muchos años tuve que soportar agresiones, insultos, maltrato psicológico y emocional".

El 3 de agosto de 2011 el hombre, que trabajaba como anticuario, fue procesado con prisión por la presunta apropiación de dinero de un colega. A partir de ese momento, Bello descubrió una serie de situaciones que la hicieron ver que vivía "en una nube de mentiras y engaños", relata.

Según dice, cuando su marido fue a la cárcel se enteró (gracias a que se quedó con su celular) que tenía relaciones con otras mujeres y que además consumía cocaína.

"Durante ese tiempo yo no veía la realidad. Hoy veo que las cosas sucedían ante mis ojos y ni siquiera fui capaz de sospechar lo que pasaba. Era un gran manipulador", lamenta.

"Mi esposo me inactivó como ser humano, me alejó de mis amigos, logró encerrarme en mi casa y yo sentía la necesidad de consultarle cada cosa que hacía, porque no confiaba en mí misma", admite la mujer, con tristeza e impotencia.

En noviembre de 2011, cuando su marido llevaba tres meses en prisión, Bello recibió una llamada del colegio de sus hijos debido a problemas en su comportamiento, sobre todo del varón. "Consulté a los especialistas y me hacen ver que somos todos -mis hijos y yo- víctimas de violencia doméstica", señala.

En enero de 2012, Bello le pidió el divorcio a su marido para poner fin a 11 años de matrimonio. El hombre, aún en prisión, comenzó a amenazarla y a hostigarla. "Lograba controlarme a mí y a mis hijos desde la cárcel", agrega. "A mí me salvó la cárcel, porque le transmití que me quería divorciar teniendo policías cerca y él no pudo hacer lo que hubiera hecho: matarme o agredirme. Era tremenda su bronca", dice.

Bello cuenta que "casualmente", en octubre del año pasado ella se iba de radio Sarandí cuando casi la atropella "una moto roja sin matrícula" que era conducida por un hombre "con casco espejado".

Con miedo y sin tener respuestas frente las 11 denuncias por violencia doméstica que presentó, Bello planteó su situación en el Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo, a cargo del subcomisario Richard Da Silva y también al juez penal Gabriel Ohanian, que había procesado a su exmarido, quien le aseguró que tomaría en cuenta su seguridad cuando lo liberara. El juez cumplió y el 5 de marzo, cuando excarceló al hombre, dispuso que se le colocara la tobillera electrónica.

Bello es consciente de su situación pero eso no la intimida. "Yo sigo corriendo riesgos de él y de los terceros que pueda mandar (...) pero si me mata, que me mate de pie y peleando", asegura con decisión.

Desde el 1° de febrero, día en que el Ministerio del Interior habilitó el uso de las tobilleras electrónicas, los dispositivos se han colocado en 9 casos, informó la directora de la División de Políticas de Género de la secretaría de Estado, Marisa Lindner. Una de las tobilleras fue instalada a una mujer, que fue denunciada por agresiones contra su marido.

Lindner dijo que por el momento no se registraron violaciones a las restricciones que implicaran una situación de riesgo para la víctima.

"Han pasado episodios que se cruzan los ómnibus, que una persona va en un auto y de forma no intencional se acerca a la casa de la víctima", señaló Lindner en declaraciones que formuló el miércoles 27 a radio El Espectador.

La jerarca afirmó que por ahora la evaluación es positiva, ya que "hay una buena respuesta por parte del Centro de Monitoreo y también de la respuesta policial operativa en aquellos casos que hubo necesidad que fuera a conversar con la víctima para prevenir".

Lindner subrayó que "el efecto de disuasión hasta el momento está siendo bien interesante". El Ministerio del Interior arrendó por un año 100 dispositivos que serán usados a modo de plan piloto en Montevideo.

Esta semana hubo tres casos de violencia doméstica extrema. En la localidad de Tala (Canelones) un hombre de 47 años asesinó a puñaladas a su esposa de 40, después que ella le confesara una supuesta infidelidad. Luego, el agresor intentó suicidarse.

En Sarandí Grande (Florida) una mujer se recupera luego de ser baleada por su pareja, que era agente de policía de esa localidad. El hombre le disparó en la nuca y la bala salió por el pómulo, pero no alcanzó a matarla. Pensando que sí lo había logrado, el hombre se quitó la vida.

El tercer caso ocurrió en Nueva Helvecia (Colonia), donde un hombre mató a la pareja de su exmujer y luego se fugó. La víctima, un joven de 20 años, recibió un disparo cuando dormía.

Los dispositivos electrónicos que el Ministerio del Interior puso a disposición de la Justicia para prevenir casos de violencia doméstica (que tienen un costo de US$ 5 mil pero que fueron arrendados a US$ 9 por día) constan de una tobillera y un localizador que deberá utilizar el agresor, mientras que la víctima o denunciante tendrá que llevar consigo otro transmisor que además de establecer la ubicación por GPS permite recibir mensajes de texto y llamadas de la Policía.

Los aparatos, en función del software que utilizan, establecen una zona de exclusión de 1.000 metros entre el agresor y el denunciante. Así, por más que el juez ordene una restricción de 200 metros, la Policía fijará un área de restricción de 800 metros que llaman "administrativa" para completar los 1.000 metros, que es la distancia que se entiende adecuada para asegurar la respuesta policial ante una situación de alto riesgo.

Si el agresor se quita la tobillera o el aparato deja de funcionar por alguna falla, en forma inmediata se producirá un aviso en el Centro de Monitoreo, desde donde se lo intentará ubicar telefónicamente al localizador que siempre deberá llevar con él.