Sospechan que narcos alentaron paro

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Jerarcas del Ministerio del Interior sospechan que narcos presos en el Penal de Libertad instigaron el paro de 21 guardias efectuado el sábado 25. Los traficantes se oponen a las reubicaciones internas en el penal, señalaron fuentes policiales.

En este momento se vive un clima de tensión en la única cárcel de máxima seguridad del Uruguay por hechos sucedidos a ambos lados de las rejas: narcos preocupados por cambios que determinarán un recorte de su poder o seguridad, y guardias molestos por cargas horarias de hasta 18 horas por día, dijeron las fuentes.

Explicaron que los traficantes tienen dos objetivos: parar los cambios y erosionar la gestión de las autoridades del Instituto de Rehabilitación.

Por su parte, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé dijo a El País que, tras el cierre de los módulos conocidos como "las Latas", en el Penal de Libertad "se vive una etapa de relocalización e interacción de la población reclusa".

A juicio del ombudsman carcelario, los principales problemas de ese establecimiento maragato son la convivencia violenta entre presos, el elevado consumo de drogas y la omisión de asistencia médica a reclusos que derivó en alguna denuncia penal aún en trámite.

A esos hechos se suma la entrega, el sábado 18, de medio kilo de cianuro que generó reproches y enfrentamientos entre delincuentes "pesados" que rivalizan por el poder, y la presunta compra de tierras cerca del penal por parte de narcos, que fue alertada por el Ejército.

El comandante de la División N° 2 del Ejército, Wile Purtscher, dijo a El País que envió al Comando de esa fuerza un anteproyecto de ley habilitando a los soldados de guardia en el Penal de Libertad a responder ataques desde fuera del perímetro militar para repeler un posible intento de rescate de un jefe narco encarcelado en Libertad.

SANCIONES. En el correr de esta semana, autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación evaluarán si sancionarán a dos guardias de Libertad considerados líderes del paro efectuado en la mañana del sábado.

Los policías movilizados se negaron a entregar alimentos a los presos y habilitar el ingreso de la visita. "El sábado se les tomó acta a cuatro de los 21 guardias movilizados. A dos de ellos se les envió a la casa a que esperaran nuevas órdenes", dijo a El País el director del Área Metropolitana del Instituto de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra.

El paro de los guardias del Penal de Libertad comenzó a las ocho de la mañana del sábado 25. Los policías se negaron a brindar alimentos a los presos y permitir el ingreso de la visita que, en ese momento, esperaba afuera de la cárcel.

Los guardias reclamaban mejores condiciones laborales y mayor tiempo de descanso, ya que en varias oportunidades llegaron a hacer turnos de 18 horas diarias durante tres días consecutivos, dijo a El País el presidente del Sindicato Único de Policías (Supu), Luis Clavijo.

"Hay un abuso de los horarios por parte de la autoridad carcelaria", advirtió el gremialista policial.

Dos horas después del inicio del paro, Pereira Cuadra y otros jerarcas carcelarios concurrieron al Penal de Libertad a dialogar con policías movilizados.

Pereira Cuadra les explicó que se encontraban dentro de una institución vertical a cuyos integrantes les está vedado efectuar paralizaciones y les recordó que los martes y los jueves recibieron refuerzos de personal proveniente de Punta de Rieles, Comcar y La Tablada para disminuir la carga horaria.

Ahora los guardias de Libertad realizan un régimen de semana "cerrada" (en el establecimiento) por otro de semana "abierta" (en sus casas). Cuando se encuentran en el penal, deben hacer turnos de 12 horas.

El jerarca también les ofreció a los guardias cumplir horarios de ocho diarias y retirarse. "Pero eso no les sirve porque la mayoría vive en otros departamentos. Tienen que fijar un objetivo y transmitirlo a la dirección" del Instituto, dijo.

Pereira Cuadra pidió a los guardias que levantaran la medida y se creara un ámbito de diálogo entre ambas partes, porque la visita esperaba afuera del penal bajo "el rigor del clima". El paro fue levantado luego que Pereira Cuadra se comprometiera a instalar una planilla de entrada y salida para constatar las horas de trabajo de cada guardia del penal.

PLAZAS. En el Penal de Libertad no existe hacinamiento. El establecimiento, ubicado en el departamento de San José, aloja a 1.250 internos en unas 1.100 plazas.

CRÍTICAS. En marzo del 2009, el entonces relator de la ONU sobre la Tortura, Manfred Nowak, señaló que el Penal de Libertad era una de las peores cárceles del mundo que había visitado. Libertad "sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, los alojamientos en los módulos de acero conocidos como `las Latas`, son un insulto a la dignidad de los reclusos".

REACCIÓN. El 24 de mayo de este año, el Ministerio del Interior ordenó el cierre de "las Latas". La OEA felicitó al gobierno.

El próximo lunes arribará a Uruguay Roberto Escobar Gil, relator de la OEA sobre los derechos de las Personas Privadas de Libertad, confirmó a El País una fuente gubernamental.

Al día siguiente, Escobar Gil se reunirá con los ministros Luis Almagro (Relaciones Exteriores) y Eduardo Bonomi (Interior).

El miércoles 6 y jueves 7 de julio, Escobar Gil recorrerá varias cárceles uruguayas y el viernes 8 realizará un informe al gobierno uruguayo sobre el estado de las mismas, indicó la fuente.

El gobierno de José Mujica espera un dictamen favorable por parte de Escobar Gil, ya que en el último año se crearon unas 2.000 nuevas plazas nuevas (Punta de Rieles, Comcar, Rivera y Las Rosas, entre otras) y se cerraron los módulos de acero del Penal de Libertad, agregó la fuente de gobierno.

Durante la reciente visita del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, Bonomi dijo que el hacinamiento en las cárceles se encontraba dentro de los límites establecidos por los organismos internacionales (120%). Sin embargo, el jerarca gubernamental advirtió que, en algunas cárceles, la superpoblación supera largamente ese porcentaje.

A mediados de junio, asesores de Bonomi concurrieron a Chile a una reunión con el relator Especial de las Naciones Unidas para la tortura, Juan Méndez, donde le expusieron los cambios que el gobierno deseaba aplicar en el sistema carcelario.