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Reclaman liberación de militares detenidos

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Cárcel de Domingo Arena. Foto: Francisco Flores (Archivo)

FAMILIARES DE ACUSADOS

La posición que mantienen es que “ninguno de los casos puede tipificarse de lesa humanidad”, debido a que hasta el año 1985 estos delitos no figuran en el Código Penal.

El grupo denominado “Familiares de Prisioneros políticos” de los militares detenidos en Domingo Arena y Coraceros está solicitando entrevistas a todos los diputados de la coalición y hoy mantendrá un encuentro con el fiscal de Corte,Juan Gómez, para plantear que se levante la medida de prisión preventiva.

En total hay 40 militares detenidos, de los cuales 14 se encuentran en prisión domiciliaria por razones de salud y la mayoría están acusados como coautores de homicidios cometidos en la dictadura.

El grupo de familiares se conforma por 45 personas que representan a 22 familias y se empezó a reunir hace poco más de un mes. La posición que mantienen es que “ninguno de los casos puede tipificarse de lesa humanidad”, debido a que hasta el año 1985 estos delitos no figuran en el Código Penal.

“Nosotros sostenemos que nuestros familiares están mal procesados, pero lo que estamos solicitando ahora -porque no podemos pedir que se anule la ley interpretativa de Caducidad- es que se levanten las medidas cautelares que establecen la prisión preventiva teniendo en cuenta que están acusados, no condenados”, dijo a El País el vocero del grupo, Diego Flores.

Pidieron entrevistas al presidente Luis Lacalle Pou, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a todos los diputados de la coalición de gobierno y al fiscal Gómez, con quien se reúnen hoy a la hora 15.

Al fiscal se le planteará lo que en el grupo se entiende como “anomalías” en los procedimientos y la “falta de pruebas”. “Lo que no comprendemos es esto de la prisión preventiva y le vamos a pedir que solicite la liberación inmediata”, indicó Flores. Según dijo, la espera de los juicios se debe hacer en libertad, ya que “no hay casos juzgados”.

El grupo apoya el proyecto de ley presentado por el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos para otorgar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años, iniciativa que es cuestionada por la bancada del Frente Amplio.

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