SALTO

El hecho que comenzó a originarse en un área de 6 hectáreas en un baldío de Avda. Patulé e Ituzaingó y que se extiende hasta Pascual Harriague el jueves por la noche

LUIS PEREZ 

Salto

El intento de ocupación de un predio particular por parte de unos 50 intrusos para intentar formar un nuevo asentamiento en la ciudad, terminó con la detención y formalización de 26 personas en un hecho sin precedentes por parte de la justicia que actuó ante denuncias, primero de integrantes de la comisión vecinal y luego de la propietaria del terreno en un confuso episodio.

El hecho que comenzó a originarse en un área de 6 hectáreas en un baldío de Avda. Patulé e Ituzaingó y que se extiende hasta Pascual Harriague el jueves por la noche con la construcción de ranchos y que continuó al amanecer de ayer viernes con la presencia de un medio centenar de personas que comenzaron a delimitar sus espacios para ocupar las tierras, se denunció por parte de la comisión vecinal evitando el asentamiento argumentando ante la policía que el bien pertenecía a la ANEP y estaba bajo comodato de la Intendencia Municipal, por lo que los intrusos comenzaron a exigir la presencia del Intendente mientras otros sostenían que el bien pertenecía a una institución bancaria.

Luego de las primeras actuaciones y cuando ya había comenzado a actuar la fuerza pública cumpliendo orden de la Fiscalía de desalojar, trascendió que el terreno en cuestión es de un particular quien estaría dispuesto ahora a cercarlo y disponer de vigilancia permanente para evitar que otras personas intenten hacer lo mismo.

La decisión judicial dispuso después de las actuaciones, formalizar a 26 personas por 90 días en base al artículo 222 del Código Penal con la advertencia de que si vuelven a repetir sus acciones serán procesadas.

El trabajo policial consistió en invitar a los ocupantes a ser trasladados a la sede de Jefatura para dialogar y de forma de evitar actos de violencia ante la negativa de los intrusos de dejar el lugar en el que se encontraban muchas mujeres con sus hijos. La mayoría aceptó ser trasladados en móviles del Ministerio del Interior al no contar con transporte, pero no se imaginaron que ese procedimiento terminaría con ellos detenidos y formalizados sin que pudieran oponerse a la disposición judicial.

Las actuaciones judiciales continuarán sobre este caso para determinar la identificación de mas personas que no aceptaron la “invitación” de la policía para concurrir a su dependencia y así estudiar cada caso de los formalizados en el tiempo establecido.