UN ETERNO TEMA DE DEBATE

El relevamiento que realizó la Oficina Nacional del Servicio Civil llevó casi un mes: se inició el 7 de agosto pasado y terminó este jueves 3 de setiembre. Y el resultado, aunque muestra un buen panorama de lo que sucede en el Estado en uno de esos temas de vieja discusión pero difícil solución, aún es incompleto.

En total 20.464 empleados públicos recibieron certificación médica por un período mayor a 90 días en dos años (desde el 30 de junio de 2018 al 30 de junio de 2020), según la información de Servicio Civil a la que accedió El País. Se trata del 6,7% de los 301.459 funcionarios públicos.

La cifra real es aún superior debido a que hay 38 incisos que aún no han respondido: en su mayoría son intendencias y juntas departamentales, pero también organismos como el Banco de Previsión Social (BPS), Antel, el Instituto Uruguayo de Meteorología, Poder Judicial, Poder Legislativo y hasta la Universidad de la República.

El objetivo de la oficina liderada por Conrado Ramos es saber cuántos funcionarios públicos podrían haber sido pasados a una junta médica, por haber pedido licencia por enfermedad más de dos meses en un año o tres meses en dos años. Ese es el límite que establece el Estatuto del Funcionario Público: cuando es superado por un funcionario, el jerarca puede pedir una junta médica para establecer la aptitud física o psíquica para el desempeño de las actividades. Puede hacerlo pero no está obligado y, en los hechos, no siempre sucede.

Los números del relevamiento muestran un panorama que preocupa al Poder Ejecutivo, que propone en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional enviado esta semana al Parlamento tres artículos que, entre otras cosas, equiparan a los estatales con el sistema que tienen los empleados del sector privado, a quienes no se les paga los tres primeros días cuando están enfermos y después el Banco de Previsión Social (BPS) abona solo el 70% del salario. Además, se reduce la cantidad de días necesarios para pasar a los empleados a una junta médica y se establece que el jerarca está obligado a solicitar el dictamen de los servicios médicos.

El organismo con más certificaciones es la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con 10.989 licencias médicas por más de 90 días durante dos años, de las cuales la gran mayoría (8.363) son docentes. Le sigue la Administración de los Servicios de la Salud del Estado (ASSE) con 3.408 certificaciones y en tercer lugar el Ministerio del Interior con 3.052 funcionarios certificados por más de 90 días, que representan el 75% de las certificaciones en la Administración Central, las que suman 4.021.

En esos tres incisos el porcentaje de empleados certificados por más de 90 días representa cerca del 10% de los empleados que trabajan allí.

“Son organismos con muchísimos funcionarios, pero de cualquier manera algunos números, como en la ANEP, son impresionantes”, dijo a El País el subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Ariel Sánchez.

En ANEP las licencias médicas se concentran en los docentes y sobre todo en Primaria. Entre las razones, “por lejos la mayoría de los certificados son por temas psiquiátricos”, entre ellos el estrés, “como consecuencia del trato con los niños”, indicó Sánchez. En la Policía también hay alta incidencia del estrés laboral, en “un trabajo desgastante”, explicó el funcionario.

Bastante lejos en la cantidad de certificaciones aparecen, entre otros, la Intendencia de Canelones con 389 empleados certificados, el INAU con 342, el Correo con 252 y el Ministerio de Economía con 233.

¿Pero qué empuja, en el fondo, a intentar aplicar esta reforma planteada en los artículos 28 al 30 del Presupuesto? Según supo El País, es la sospecha -casi el convencimiento- de que existe un abuso de las certificaciones médicas.

El tema del uso prolongado de las licencias médicas se planteó ni bien asumió el nuevo gobierno. Uno de los que lanzó la voz de alerta fue el ministro del Interior Jorge Larrañaga, quien a fines de marzo advirtió que había problemas con este tema. “No vamos a aceptar eso, vamos a actuar dentro del marco legal, porque no es posible que alguien esté certificado durante dos años, un año y medio, o un año”, indicó. Y agregó: “No es posible y no es justo, y no se compadece con la lógica. Están certificados en algunos casos como para portar el uniforme pero no para trabajar en otra cosa, y terminan recibiendo el sueldo del Estado”.

A Servicio Civil le consta que hay abusos y una de las medidas que se proyectan es cruzar la información con el BPS para evitar que haya casos de funcionarios certificados en el sector público pero que van a trabajar en el sector privado. Según Sánchez, es habitual que eso suceda en la enseñanza pública. “No parece lógico que alguien esté enfermo y no pueda dar clase en el liceo público pero sí pueda ir al colegio privado. Lo mismo pasa en la salud”, indicó el subdirector de Servicio Civil.

El objetivo que se busca con las reformas planteadas en el Presupuesto, según Sánchez, es que “el funcionario que se sacrifica reforzando su trabajo para cubrir al que está enfermo, vea que vale la pena tomar un analgésico e ir a trabajar”. O sea, “el que falta habitualmente perjudica al que va a trabajar”. Y agrega el subdirector: “Es razonable que, si la persona no está aportando a la organización, se le baje el salario pero no se le deje de pagar”.

¿Y esto no provocará que algunos empleadosvayan a trabajar enfermos para que no les descuenten, como ya insinuó COFE? “Sí, yo sentí lo que dijeron desde COFE. Pero entiendo que no, el que está realmente enfermo no irá a trabajar. Si uno está con dolor de muelas de verdad o gripe, nadie lo puede obligar a ir por no perder los tres primeros días”.