AEBU rechaza que se elimine obligación de empresas públicas de depositar en el BROU

ARTÍCULO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Parlamento comenzará a discutir en las próximas horas propone que las instituciones públicas puedan realizar sus depósitos en los bancos privados. Hasta ahora, la legislación vigente dice que esos fondos solo pueden ir al Banco República, salvo que el Poder Ejecutivo autorice lo contrario. 

Frente a la propuesta, el integrante del Consejo Central de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Gonzalo Pérez, indicó a El País que la modificación es un "atentado al patrimonio de los uruguayos".

Además, si se suma el recorte en el ingreso del personal y en gasto e inversión, las tres cosas son un "cóctel perfecto que apunta de manera notoria a destruir el Banco República y a la banca oficial". 

Pérez también señaló que el cambio afectaría la rentabilidad de la institución financiera, y que el país necesita un "Banco República fuerte" y "en posición de dar instrumentos (a la sociedad) para salir adelante" en el marco de la pandemia. 

AEBU emitió un comunicado el sábado donde critica la propuesta y señala potenciales consecuencias. Entiende que el cambio "reduciría los recursos de los únicos bancos cuyo interés económico no es únicamente la rentabilidad, y que actúan en muchos casos como instrumento de las políticas públicas".

De acuerdo con lo que informa, los "depósitos del sector estatal totalizan US$ 1.623 millones, lo que significa el 9,7% de los depósitos totales de todo el sector no financiero del país. De ellos, actualmente el 96% se encuentra en los bancos propiedad del Estado, que se distribuyen en US$ 1.558 millones en la banca oficial y US$ 65 millones en los bancos privados".

A su vez, dice que "la norma impulsada por el Poder Ejecutivo deteriora la competitividad de las instituciones públicas y promueve la participación del sector privado en la captación de estos depósitos, que tienen un volumen significativo respecto al tamaño del mercado uruguayo".

Asimismo, P+erez sostuvo que "la nueva norma propuesta restringe los fondos disponibles por parte del BROU, valiosos tanto por su volumen como por su estabilidad. Ellos le han permitido impulsar políticas crediticias dirigidas al desarrollo productivo; rebajas sustanciales de las tasas de interés para el crédito social, y ofrecer un nivel importante de rentabilidad que beneficia al conjunto e la sociedad y a los ingresos fiscales".