Sesiona el jurado del caso "Valijagate"

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El viernes en el juicio contra el venezolano Franklin Durán salieron a luz referencias directas sobre giros de Umissa, con sede en Montevideo, a cuentas en el exterior, y se repitió la frase de Antonini: "El negocio en Uruguay es una mina de oro".

Quedó bien patente el convencimiento de culpabilidad esgrimido por el fiscal Thomas Mulvhill y, enfrente, una dura posición afirmando la inocencia de Durán, de parte del abogado defensor, Edward Shohat. Pero la impresión general del público que ha seguido el caso, y aparentemente también del jurado, ninguno de los protagonistas, ni acusados, ni el testigo principal del "valijagate", es gente de demasiados escrúpulos para los negocios -pese a integrar empresas comunes y hablar de una amistad de largos años-, no se detienen a la hora de lanzarse la autoría de los más graves hechos expuestos a lo largo de la audiencia y hablar "pestes" uno del otro.

"Usted vino a buscar el silencio de Alejandro Guido Antonini Wilson sobre el origen y destino del maletín con 800 mil dólares incautado en el aeropuerto de Buenos Aires en la madrugada del 4 de agosto del 2007", le espetó el fiscal adjunto, John Shipley, al único acusado por el "valijagate, Franklin Durán.

Durán enfrenta una pena de hasta 15 años, de ser encontrado culpable de "actuar como agente especial del gobierno venezolano en territorio de Estados Unidos sin la previa autorización del ministerio de Justicia". En caso de ser declarado inocente automáticamente sería liberado sin derecho a apelación por el fiscal.

"Mi defendido viajó de Caracas a Miami sólo para tratar de ayudar a un íntimo amigo, Antonini (que luego lo traicionó, aclaró), el cual se encontraba en graves riesgos ante la solicitud de extradición de los gobiernos de Venezuela y Argentina por transporte ilícito y blanqueo de dinero, y también defender los negocios que tenían en común", argumentó Edward Shohat, intentando alejar toda sospecha y disuadir sobre la acusación contra su cliente de que actuó como enviado del presidente Hugo Chávez.

Durante seis horas entre el jueves y el viernes el fiscal Mulvihil, el adjunto Shipley y el defensor Shohat, expusieron sus alegatos ante la jueza Joan Lenard y los miembros del jurado.

El fiscal insistió en los motivos del traslado de Durán de Caracas a Miami, el único de los implicados que mantiene firme su inocencia, junto a sus compatriotas venezolanos Carlos Kauffman, el abogado Moisés Maionica, el agente de Inteligencia Carlos Canchica (el cual se fugó minutos antes que el FBI detuviera a los restantes del grupo) y el uruguayo Wenceslao Paciello, que aceptaron la culpabilidad con la esperanza de lograr de las autoridades americanas una reducción de la pena.

Mulvihil expuso los argumentos publicitados y repetidos a lo largo de las últimas ocho semanas de audiencias con declaraciones y grabaciones (realizadas éstas últimas en acuerdo de Antonini con agentes del FBI) de las conversaciones mantenidas en locales públicos de Miami entre el maletero, Durán, Kauffamn, Maionica y Canchica.

El fin de la misión venezolana apuntaba, según el fiscal, a : 1) convencer a Antonini de mantener silencio sobre el origen del dinero, salido de las arcas de la empresa venezolana PDVSA con destino a la campaña electoral de la actual presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner; 2) ofrecerle un abogado para presentarse ante la Justicia argentina bajo el compromiso que sería archivado el expediente y el caso "moriría"; 3) ofrecerle por el acuerdo US$ 2 millones; 4) se le brindarían papeles de organismos oficiales venezolanos para "legalizar" los US$ 800 mil si declaraba que eran de su propiedad; 5) de acuerdo con la palabra del general Henry Rangel Silva, director de Inteligencia y brazo derecho de Chávez, se le prometía a Antonini total respaldo de los gobiernos de Venezuela y Argentina; 6) asegurar, aún con amenazas de los riesgos a toda la familia, que Antonini no diría la verdad sobre lo ocurrido; 7) intimidar a Antonini por medio de un carné -exhibido en sala- que acredita a Durán y demás acusados de pertenecer como agentes especiales a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia de Venezuela.

Antonini, a esa altura, luego de los episodios de Buenos Aires, había apurado su regreso y contactado a agentes del FBI, a cambio de no ser encarcelado ni extraditado. El acuerdo establecía la grabación de todos los encuentros que mantuviera con los "visitantes" de Caracas y actuar como testigo protegido.

En cambio, el abogado defensor, Shohat, desde el primer momento sostuvo que su cliente Durán había sido "inducido y presionado por Antonini y el gobierno de Estados Unidos" para implicarle y abrir las puertas para que lo declaran culpable. El abogado dijo que Antonini "había jugado sucio con su leal y amigo de años, Durán, engañándolo, robándole dinero e intentando quedarse con la propiedad de las empresas conjuntas".

Nuevamente las vinculaciones de Antonini en Uruguay salieron a luz. Se recordó que el "maletero en esa sala había dejado de manifiesto que los giros para pagar a sus abogados salían de sus intereses en el Sur, especialmente Montevideo. ¡Allí el negocio es una mina de oro!", habría manifestado.

También se mencionó que formalizó acuerdos con Umissa para la venta al gobierno de Venezuela, acordada con Uruguay, de 12.000 kitz para viviendas por un valor de US$ 156 millones. De esta transacción se habrían realizado pagos de adelanto a la cuenta de Antonini y señora en el exterior.

Se exhibieron fotografías de una visita realizada a la mencionada empresa Umissa del gobernador del estado venezolano de Cojedes, Jhony Yañez Rangel, y otras figuras venezolanas acompañadas por el que, en aquellas épocas se tildó del "lobbista" Antonini.

Ahora en las últimas audiencias de Miami salieron a luz "sobornos" de las empresas de Durán, Kauffman y Antonini a autoridades de Cojedes para obtener las licitaciones de obras públicas.

También se insistió en los US$ 2.600.000 que Umissa habría girado a la cuenta de Antonini, cuestión que él y su contadora niegan, pero que el abogado de Duran reafirma y dice que se oculta la transacción porque en ese negocio su defendido había sido el avalista y tendría que haber recibido el 60% de las utilidades.

El fiscal Thomas Mulvihill dijo el viernes que Venezuela contactó un agente de inteligencia de ese país en Miami para ocultar un envío de fondos electorales a Argentina en 2007. "Un gobierno extranjero estaba intentando influir en una elección presidencial de otro país", sostuvo Mulvihill. "¿Pueden imaginarse lo que significa el hallazgo del dinero que un gobierno está enviando para elecciones de otro país?", intentó hacer reflexionar el fiscal a los miembros del jurado.