Senado destituyó 165 funcionarios presupuestados en período pasado

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SEBASTIÁN CABRERA

El Senado votó 165 destituciones a funcionarios presupuestados, buena parte por problemas médicos o inasistencias, en el período pasado. Este año ya votaron ocho ceses. Pero la mayoría de los sumarios no llegan al Senado ni reciben sanción.

Durante los primeros cuatro años de gobierno de Tabaré Vázquez se iniciaron 6.669 sumarios en la Administración Central, pero solo 573 terminaron en destitución o rescisión del contrato en el caso de los funcionarios no presupuestados. Los plazos en el Estado son lentos y los sumarios llevan más tiempo del deseado, antes de ser aprobados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y enviados al Senado para que vote el cese del funcionario.

Ahora el gobierno de José Mujica busca acortar esos plazos, ya que la historia de la administración registra casos que pueden sonar hasta ridículos.

Dos veces director de la ONSC, el colorado Ruben Correa Freitas recuerda con verdadera indignación el caso de un funcionario aduanero cuyo sumario fue demorado 18 años y, al final, el Senado evitó la destitución, pese a que el jerarca creía que había méritos de sobra para concretar el cese del empleado, que había sido procesado por "coimear" a un turista argentino.

Ese caso emblemático se produjo hace 20 años, pero los sucesivos gobiernos no han logrado acelerar en forma notoria los procesos de destitución, aunque algunos legisladores aseguran que en los últimos años los plazos son más cortos.

El sumario en la Aduana mencionado por Correa Freitas arrancó en 1970 cuando Jorge Pacheco Areco era presidente. "En aquel momento fue al Senado y no se aprobó. Luego fue al Consejo de Estado y Hamlet Reyes (en dictadura) devolvió el expediente para pedir ampliación de informe. A mí como director de Servicio Civil me llegó en 1988, lo envié al Poder Legislativo pero la Comisión Permanente no dio la venia en el verano de 1989 y lo reintegraron", relató Correa Freitas a El País. "Yo me enojé bastante por cómo terminó el tema, ya que era para echarlo", recordó.

A la senadora frenteamplista Susana Dalmás, que integra la comisión de Asuntos Administrativos, le quedó grabado el cese votado a un funcionario de Ganadería durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, cuyo expediente demoró casi cinco años.

Un caso similar se dio con un funcionario de la Comisión Nacional de Zoonosis de Rivera, destituido por mala administración solo con votos del Frente Amplio hace un par de meses, también tras un proceso de casi cinco años. La oposición no vo-tó esa destitución por entender que había falta de pruebas.

La experiencia de los senadores indica que los casos de licencia médica y las omisiones al cumplimiento de funciones (en general inasistencias reiteradas al trabajo) son las razones más comunes de destitución de funcionarios. Los delitos están en un lugar relegado.

Los casos de cese por ineptitud física o mental se producen cuando hay un "exceso de licencia médica" y se instala una junta que decide si el funcionario está apto para seguir o no. En muchos casos el cese es con acuerdo del propio funcionario, que se jubila.

SUMARIOS. Un informe de la ONSC indica que el 37,6% de los sumarios iniciados entre el 1° de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008 en la Administración Central responde a inasistencias por enfermedades certificadas por médico. En segundo lugar aparecen las faltas administrativas con el 36,6%.

En un lejano tercer lugar están los sumarios por otras "irregularidades" (14,8%). Y recién en cuarto lugar aparecen los sumarios por presunción de delito (11%), lo que incluye encubrimiento, estafa, falsificación, fraude y lesiones personales.

En ese período se realizaron 6.669 sumarios, 1.667 por año.

De esos sumarios, 4.276 habían terminado en 2009 y solo 573 lo hicieron con la destitución o rescisión de contrato.

La investigación indica que la mayoría de los sumariados (2.307 casos, el 54%) no recibe sanción. En eso incide que el 79% de los sumarios por inasistencias médicas y el 49% de los sumarios por faltas administrativas no termina en una sanción. En cambio, cuando hay presunción de delito, el 46,7% de los casos termina en suspensiones y el 33% en desvinculación del funcionario.

Cuando hay sanciones, no siempre hay destitución: en el 30% de los casos se aplican multas económicas o suspensiones. En un 13,4% de los casos se aplican sanciones graves, como destitución, rescisión del contrato o cesantía. En el 2,8% de los casos el sumario termina en un apercibimiento.

Inamovibles. De los casi 7.000 sumarios del período pasado, en una pequeña parte se decidió la destitución. Pero esa medida solo debe ser aprobada por el Senado cuando se trata de funcionarios presupuestados de la Administración Central (ministerios y Presidencia); los famosos "inamovibles".

De acuerdo a un informe de la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, desde febrero de 2005 a julio de 2009 se concedieron 165 destituciones de funcionarios presupuestados de la Administración Central. La enorme mayoría integraba la plantilla del Ministerio de Salud Pública. En segundo lugar está el Ministerio de Economía y en tercer lugar el Ministerio de Educación.

Este año el Senado aprobó ocho venias de destitución y hay otras diez a estudio. De esos 18 casos, hay 14 de funcionarios del MSP, dos del Ministerio de Transporte, una de la Aduana y otra del Senado.

En la mayoría de los casos, el Senado aprueba las destituciones. "Los casos que no se conceden, por dudas sobre garantías del debido proceso, son excepcionales", admitió el senador blanco Gustavo Penadés.

1.Libertad y Santa Lucía

Uno de los últimos pedidos de venia del Poder Ejecutivo llegó al Senado el 23 de junio. Allí se pide destituir de su cargo por la causal "ineptitud física" a una especialista del Centro Auxiliar de Libertad, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. En la misma fecha ingresó un pedido de destitución por la causal "omisión a los deberes funcionales" a una funcionaria técnica del centro auxiliar de Santa Lucía.

2.hospital de Paysandú

El 1° de junio el Poder Ejecutivo remitió venia para destituir de su cargo a dos funcionarias del MSP del Centro Departamental de Paysandú,

3.ciudad de la costa

El Senado ya votó este año ocho destituciones de funcionarios del MSP. Entre otros, una funcionaria por la causal "omisión a los deberes funcionales" y otra por "ineptitud física" en el centro de la Ciudad de la Costa.

"No hay una explicación objetiva, pero es cierto que la gran mayoría de los pedidos de destitución que nos llegan corresponden al Ministerio de Salud Pública", admitió la senadora frenteamplista Susana Dalmás. De hecho, 100 de las 165 destituciones votadas entre febrero de 2005 y julio de 2009 responden al MSP. Se trata del segundo ministerio con mayor plantilla, detrás del Ministerio del Interior.

Una vez que una venia llega al Senado, se vota rápido. Las demoras se producen en el proceso en el Ejecutivo. El ex director de la Oficina de Servicio Civil, Ruben Correa Freitas, dijo a El País que la solución pasa por controlar los plazos. "Un decreto prevé 60 días para el sumario, pero en los hechos eso se extiende. La Oficina de Servicio Civil debe ser estricta en controlar ese plazo y debería haber un tiempo máximo de tres meses para una decisión final, salvo en casos muy engorrosos. Hoy los expedientes demoran hasta un año", explicó.