Seguro obligatorio: comunas reacias a aplicar controles

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EDUARDO BARRENECHE

La directiva del Congreso de Intendentes advirtió ayer a las comunas que comiencen a fiscalizar el seguro para autos o enfrentarán juicios civiles. Los intendentes se muestran reacios alegando problemas operativos, económicos y políticos.

Además de esas trabas, un grupo de jefes comunales opina que la ley de seguro automotor es inconstitucional porque lesiona la autonomía municipal dispuesta en la Constitución. Dentro de 15 días, discutirán en un congreso si piden asesoramiento jurídico o no sobre la eventual inconstitucionalidad de dicha norma, lo cual podría derivar en la presentación de un recurso. "Si la ley no afecta la soberanía municipal, la vamos a cumplir estrictamente. Veremos qué decide el Congreso de Intendentes", dijo a El País el intendente de Cerro Largo, Ambrosio Barreiro (Partido Nacional). Barreiro fue el autor de la sugerencia al Congreso de Intendentes sobre la solicitud de asesoramiento legal.

Pese a que la respuesta de los conductores ha sido elevada tanto al Banco de Seguros como a aseguradoras privadas, varios intendentes no desean destinar personal y recursos materiales para efectuar los controles del seguro a conductores sin tener una contrapartida económica.

Montevideo no realizará fiscalizaciones específicas sobre el seguro, dijo a El País el director de Tránsito y Transporte de la comuna, Gerardo Urse (Frente Amplio).

Según el jerarca municipal, "sí se controlará el seguro en el marco de controles rutinarios de cinturón o patente de rodados. El que procede con respecto a ese tema es la Policía de Tránsito".

El intendente de Rivera, Vilibaldo Rodríguez (Partido Colorado) afirmó a El País que tiene "dificultades operativas" para comenzar a fiscalizar en su departamento. En Rivera, agregó, "los corredores de seguros están saturados con los trámites y la Policía no tiene suficientes funcionarios. Tenemos muchos vehículos brasileños que circulan por Rivera y una buena cantidad de motos potentes".

En una primera instancia, la comuna de Rivera realizará inspecciones de rutina para trasmitir a los conductores que deberán tramitar el SOA a la brevedad, pero no los multará en esa primera etapa.

Florida también tiene problemas operativos para efectuar las fiscalizaciones. "Faltan recursos humanos y económicos para hacer los controles", dijo el jefe comunal floridense Juan Giachetto (Frente Amplio).

Ante esta situación, el presidente del Congreso de Intendentes, Omar Lafluf (Partido Nacional), afirmó ayer que enviará una misiva a las intendencias en la cual les aconsejará comenzar a fiscalizar de inmediato porque la ley responsabilizaba a las comunas si ocurre un siniestro en su territorio con un auto que no tiene seguro.

Al mediodía de la víspera, representantes de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev) se reunieron con la Mesa del Congreso de Intendentes para solicitar a los jefes comunales que realicen fiscalizaciones por el seguro, el cinturón de seguridad y el casco. "Algunas intendencias fiscalizan el casco. Otras menos. Nosotros no somos un organismo de regulación. Solo sugerimos", dijo el director de la Unasev, Omar Rodríguez.

Una situación similar al casco ocurre con el cinturón de seguridad. "En aquellos departamentos donde hay educación, prevención y fiscalización, hay menos lesionados por accidentes de tránsito. Ese es un dato de la realidad. Las leyes deben ser aplicadas por todos los organismos", advirtió.

ELECCIONES. Varios intendentes consideran que este no es el mejor momento político para iniciar fiscalizaciones en sus departamentos porque se acercan las elecciones municipales. Un grupo de jefes comunales se juega la reelección mientras que otros procuran afianzar sus agrupaciones políticas. "No es un buen momento político para aprobar esta ley. No es solo el caso de Rivera, sino también de otras intendencias. Comprendemos sus dificultades", señaló el intendente Rodríguez.

A juicio del jefe comunal riverense, "muchos legisladores nuevos no tienen conocimiento de las realidades de las intendencias. Casi todos los decretos son pensados para el área metropolitana".

En tanto, Barreiro dijo que las comunas "deben hacer controles que no son simpáticos" para la ciudadanías, como los de alcohol, casco y cinturón de seguridad. "Ahora nos piden que se controle el seguro. Parece exagerado exigirle tantas cosas a las intendencias", expresó.

Lafluf dijo que los costos políticos "hay que pagarlos" si el fin que se persigue es superior, como lo es la disminución de la siniestralidad. Ese punto favorable de la ley también fue destacado por Giachetto.

DINERO. Con respecto al problema que enfrentan las intendencias que deben asumir los costos de fiscalizaciones del seguro, pero no reciben nada a cambio, el intendente de Rivera advirtió que los controles necesitan recursos humanos y materiales. "¿Con qué se financian esos gastos? No estaban previstos en el presupuesto departamental. Tendría que haber una parte de la ley que financiara esos gastos", dijo el jefe comunal norteño. Una opinión similar manifestó Giachetto. "Tenemos que buscar coordinaciones conjuntas para hacer las fiscalizaciones. Estas tendrán que ser graduales", indicó.

Según el riverense Rodríguez, en la ley del seguro obligatorio "faltó prever" cuestiones prácticas que "darían lugar a una ley complementaria" en el próximo período. También reclamó que el Congreso de Intendentes fuera consultado en la elaboración de leyes vinculadas con temas municipales.

Barreiro dijo que las intendencias no pueden realizar una transferencia de un auto o un cambio de patente si el conductor no tiene el seguro.

"Sería lógico también que las aseguradoras no otorguen el seguro a aquellos vehículos que tengan atrasada la patente. Trabajamos para las aseguradoras con nuestro personal y no recibimos nada a cambio", señaló el intendente de Cerro Largo.

Lafluf reconoció los gastos que deberán afrontar las comunas en la aplicación de la ley pero advirtió que los jefes comunales "no están en contra" de una medida que tienda a disminuir el nivel de siniestralidad que tiene el país.

"Sin duda, tenemos una complicación más con esta ley. Se usará más personal, más recursos. Todo tiene su costo", advirtió.

Los jefes de Policía de todo el país esperan un instructivo del Ministerio del Interior para comenzar las fiscalizaciones por el Seguro Automotor Obligatorio (SOA), afirmaron a El País fuentes ministeriales.

El seguro vehicular estuvo en la agenda de la reunión mantenida el miércoles 19 entre el ministro del Interior, Jorge Bruni, y los jefes de Policía. En el encuentro, el subsecretario del Ministerio del Interior, Ricardo Bernal, afirmó que en los próximos días enviará por mail a las Jefaturas un manual de procedimiento para actuar durante las fiscalizaciones del SOA. Varios jefes de Policía indicaron a El País que no comenzarán los controles hasta que no arribe ese instructivo.

CRíTICAS. Uno de los aspectos claves de la normativa es que el Ministerio del Interior será el organismo que aplique las multas a aquellos conductores que carezcan de seguros. La sanción será equivalente al costo del seguro anual.

La reglamentación de la ley también señala que el Ministerio del Interior podrá confiscar los vehículos no asegurados mediante su secuestro y haciendo uso de un servicio de guinchado. Pese a que la ley señala que los inspectores de tránsito de las intendencias pueden aplicar multas, solo la Policía puede retener el auto sin seguro.

Radio El Espectador informó ayer que la reglamentación establece un mecanismo novedoso: cuando la Policía detecte a un conductor sin seguro, le pedirá su domicilio y lo nombra depositario del vehículo. Enseguida le dirá dónde deberá depositar el auto.

El conductor tendrá un plazo de 60 días para contratar el nuevo seguro. La Policía deberá realizar controles para saber si efectivamente el auto no está siendo utilizado por el dueño. Si a los dos meses no se contrata el seguro obligatorio, el auto será guinchado y llevado a un depósito.

Por su parte el sindicato de Policía Caminera afirmó que hay muchos aspectos que no se han tenido en cuenta para cuando se comience a realizar la fiscalización del seguro contra terceros.

El dirigente gremial Elbio Lemos dijo a El País que si se respeta la norma tal como está redactada, los vehículos que no estén asegurados tienen que ser sacados de circulación hasta que el propietario regularice la situación. Sin embargo, el sindicato asegura que tal como está dado el escenario eso sería imposible porque no hay con que trasladar los coches ni donde dejarlos.

60Son los días que tendrá un conductor para regularizar su situación en caso de ser fiscalizado por la Policía.

El presidente del Banco de Seguros, Gustavo Vilaró, afirmó a El País que el ritmo de venta del seguro automotor es elevado. "Hasta el jueves pasado, había hasta 60.000 solicitudes presentadas", dijo el jerarca.

Vilaró reconoció que la elevada demanda causó "una saturación en las conexiones" del Banco de Seguros que fue solicitada con un incremento del ancho de banda realizado por Antel. Agregó que el sistema posee "muchas bocas" de expedición de solicitudes de seguros como sucursales del banco y redes de pagos.

Reconoció que hay una pequeña demora en la entrega de stickers.

El miércoles 19, el Poder Ejecutivo publicó la reglamentación de la ley de seguro obligatorio contra terceros para el vehículo. Las indemnizaciones se estipulan en función de una cobertura máxima que desde ayer y hasta el 18 de agosto de 2010 será de hasta 150.000 unidades reajustables (US$ 13.000).

En el tercer año de vigencia del seguro, el monto de la cobertura alcanzará los US$ 21.500. El Seguro Obligatorio Automotor (SOA) cubre daños personales, de lesión o muerte sufridos por un tercero y ocasionados en un accidente en el que intervenga el vehículo o remolque asegurado. Además, brinda una indemnización por las partes desprendidas del vehículo que ocasionó el siniestro o por las cosas transportadas en él o por él.

Por el contrario, no están cubiertos el propietario, el tomador del seguro y el conductor así como el cónyuge o concubino y otros parientes. Tampoco están incluidos los dependientes del propietario.

Quienes ya tengan seguros que incluyan el daño contra terceros no deben contratar una póliza nueva. Si están asegurados en una empresa privada recibirán por correo el certificado que lo acredita y el sticker correspondientes para pegarlo en el vehículo.

Los clientes del Banco de Seguros del Estado deberán concurrir a los locales de Abitab o RedPagos o las agencias del BSE con el número de póliza del seguro y la libreta de propiedad del vehículo. Aquellos que no posean el seguro podrán contratarlo con las aseguradoras privadas o con el BSE.

Los costos del SOA varían dependiendo de la aseguradora y en algunos casos difiere si se trata de un vehículo que circula en Montevideo o el interior. En el caso de autos oscilan entre los $ 1.900 y los $ 3.200. El SOA para motos varía entre $ 761 y $ 1.600.

En caso de que se produzca un accidente y el vehículo no cuente con el SOA, a partir del sexto mes y durante los primeros dos años de vigencia de la ley los casos serán atendidos por el Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales.

Intendente de Cerro Largo

"Pedí al Congreso de Intendentes que nos diera asesoramiento jurídico para ver si esa disposición de que las intendencias deben controlar vehículos sin seguros era inconstitucional".

Intendente de Rivera

"Hay problemas operativos por los operadores de seguros, la complejidad del parque automotor y el sistema para inspeccionar de la Intendencia. La Policía también tiene poco personal".

Intendente de Florida

"Todos los intendentes planteamos las carencias de recursos humanos para hacer efectiva una correcta fiscalización del seguro. En Florida tenemos problemas operativos".