Se suman críticas a dichos de Zaidensztat

La Asociación de Magistrados del Uruguay rechazó los dichos del Director General De Rentas, Eduardo Zaidensztat, en contra del juez Pablo Eguren.

Los magistrados indicaron que los jueces "pueden ser objeto de críticas, siempre que se realicen con respeto a la función y dignidad de la judicatura", pero reinvindicaron la independencia del Poder Judicial.

Además la presidenta de la Asociación de Magistrados, Cristina Crespo rechazó las críticas sobre que la actuación en el caso del estudio jurídico del Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, influyeron sobre el juez.

"El juez resuelve de acuerdo a las leyes y la Constitución de la República. Además tengo entendido que Gonzalo Fernández no intervino en la defensa" dijo en declaraciones a radio Sarandí.

También ayer los propietarios de La Pasiva criticaron duramente al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Eduardo Zaidensztat, al entender que actuó con "irracionalidad" y "ensañamiento permanente", y amenazaron con ir a la Justicia "si persisten los desbordes de los jerarcas administrativos".

En un aviso publicado en la página 3 de esta edición (refiere a la edición impresa de EL PAIS del día de hoy) , mencionan "la falta de objetividad, racionalidad y equidad en la concreción de cifras y fórmulas de pago a nivel administrativo como, especialmente, en las ilegítimas e irracionales presiones que sistemáticamente desde hace varios años y hasta la fecha, se hicieron y continúan haciendo sobre la opinión pública y sobre el Poder Judicial para obtener, quizás, satisfacciones o réditos personales".

Las empresas concesionarias de La Pasiva (Bacar S.A., Cimoral S.A., Buena Vista LP S.A., Metro LP S.A., Harkesa S.A., Villasol S.A., Matzu S.A., Cruz S.A., Latís S.A., Loval S.A., Miraler S.A., Corporación Cervecera S.C. y Menzel S.A.) hicieron sus descargos luego de haber sido procesados por defraudación tributaria.

Los empresarios afirman que Zaidensztat "realizó públicamente una verdadera campaña de hostilidad contra estas empresas y con ello contra la persona de sus directores y accionistas".

En la carta se acusa a la DGI de practicar una política discriminatoria, de no tener disposición para el diálogo y de ensañarse con La Pasiva: "La predisposición negativa se puso de manifiesto al solicitarse porcentajes de retención de caja y/o de ventas con tarjetas de crédito que en pocos meses determinaban la asfixia económica de las empresas".

El grupo se defiende señalando que las irregularidades de las que se lo acusa "refieren a la actividad de las empresas en el período en que transcurrió la peor crisis económica financiera padecida por nuestro país". Agregan haber pagado hasta la fecha, por pagos voluntarios y retenciones judiciales, 1.700.000 dólares.